El titular del Juzgado Civil y Comercial Nº2 de Zárate-Campana, Mariano Otero, dictó una medida cautelar para paralizar las obras en el barrio privado Naudir Delta. La decisión suspende todo tipo de trabajos en el lugar hasta determinar si se cumplen los requisitos de la evaluación de impacto ambiental.
Este proyecto inmobiliario es una de las nuevas urbanizaciones que está proliferando a metros de la reserva natural conocida como La Cañada, compuesta por 50 hectáreas y creada por la ordenanza 4812/10 de Ordenamiento Territorial. Su desarrollo está a cargo de la empresa E2, impulsora de otros countries sobre los bañados escobarenses.
La resolución del magistrado, hizo lugar al reclamo de la Organización de Ambientalistas Autoconvocados y determina que se paralicen las obras en el predio del futuro barrio náutico.
Según informó el portal local Eldia, en el punto 4 de la sentencia se hace lugar a la medida cautelar y se dispone “la suspensión de todo tipo de obra, construcción inmobiliaria, desmonte, excavaciones, cavas, movimientos de suelos, y/o cualquier clase de acción desarrollada para el emplazamiento del emprendimiento inmobiliario sobre el inmueble”.
Por otra parte, se decretó un embargo sobre el predio en cuestión hasta que se acredite la obtención de un seguro de impacto ambiental.
No obstante, el juez Otero consideró que Naudir Delta ya había presentado una evaluación de impacto ambiental, aprobada por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), en noviembre de 2012. Por lo tanto, el freno a las obras será hasta que se acredite ante las autoridades “el cumplimiento de los condicionamientos, requisitos y recomendaciones establecidos” en ese estudio.
“El emprendimiento que lleva adelante la demandada en el inmueble es ambientalmente apto, por lo cual las obras realizadas por la demandada en el predio no pueden considerarse ilegales, pero dicha declaración de impacto ambiental está sujeta al cumplimiento de una serie de condicionamientos, requisitos y recomendaciones”, sostuvo el magistrado.
Desde la Organización de Ambientalistas Autoconvocados se mostraron satisfechos con la resolución judicial, a la que calificaron como “una buena noticia”. “Esto demuestra claramente el sustento de nuestras denuncias”, expresaron en un comunicado.
No obstante, consideraron "el juez Mariano Otero, insólitamente, solo exige a la empresa cumplir con condicionamientos menores como requisito para levantar la clausura, sin atender a las graves irregularidades e ilegalidades denunciadas, tales como la comprobada adulteración de la habilitación ambiental, así como la absoluta falta de proceso ambiental en regla, entre otras muchas que no han sido debidamente atendidas por este funcionario judicial”.
“No tenemos tiempo para ponernos a festejar la clausura, una medida que debió dictarse mucho antes, con fundamentos mucho más amplios y con condiciones mucho más estrictas. No nos conforma esta medida, que resulta claramente insuficiente para garantizar el derecho humano a un ambiente sano. Seguiremos cada minuto en la lucha junto al pueblo de Escobar para que se haga justicia de forma definitiva y no se convalide la impunidad de estas empresas mercaderes de suelos que se apropian y destruyen los bienes comunes”, enfatizaron.
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