La presencia de un personaje trans en la novela “100 días para enamorarse”, que transmite el canal Telefe, llevó a las pantallas la experiencia de una persona joven que siente y expresa una identidad de género diferente del sexo que se le asignó al nacer. ¿Cuántas personas están en la misma situación en nuestro país?
Si bien no se sabe cuántos niños, niñas y adolescentes se encuentran en situaciones similares, sí se registran 94 personas menores de 18 años que cambiaron su identidad de género desde 2012, de acuerdo con datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper). En total, incluyendo a mayores de edad, este número asciende a 6.979.
La Ley de Identidad de Género, sancionada en 2012, permite que toda persona que lo solicite pueda acceder a “la rectificación registral del sexo, el cambio de nombre de pila e imagen” de su partida de nacimiento y DNI a través de un trámite en el Registro Civil de su jurisdicción sin necesidad de un procedimiento judicial.
Para ello no necesita acreditar una intervención quirúrgica por reasignación genital ni terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico. En el caso de los menores de 18 años, el cambio deben hacerlo a través de sus representantes legales y con la asistencia de un abogado.
Según la información del Renaper, 2017 fue el año en el que se realizaron más trámites de cambio de identidad de género, aunque no se observa un crecimiento lineal año a año. Hasta abril de este año, se hicieron 11 trámites: seis en la Provincia de Buenos Aires, dos en Neuquén, y uno en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salta y San Luis, respectivamente.
La Asociación Civil Infancias Libres, que trabaja para promover la igualdad de los derechos de niños, niñas y adolescentes trans, señala que en el distrito bonaerense se presentan trabas para el cumplimiento de la ley.
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“El año pasado registramos al menos tres situaciones en los que la Dirección Técnica del Registro Civil de La Plata le puso barreras a niños y niñas trans para ratificar su identidad de género. Ordenaron armar un equipo interdisciplinario para evaluar la capacidad del menor de edad, y exigieron que el abogado que los representa tenga la certificación de ‘abogado del niño, niña y adolescente’”, explicó a Chequeado Matías Veneziani, secretario de la asociación, quien agregó que “estos son requerimientos que no fueron fijados por la Ley de Identidad de Género”.
En esa línea, Karina Nazabal, secretaria de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, indicó a este medio que desde la entidad solicitaron informes al Gobierno provincial por estas situaciones y añadió: “La falta de capacitación y de políticas específicas ejerce violencia institucional contra aquellos niños y niñas que transitan el cambio en función de su identidad autopercibida”.
Desde el Gobierno provincial, el subsecretario de Gestión Gubernamental, Iván Budassi, señaló que “los casos fueron resueltos por el director del Registro de las Personas con la presentación de los padres y su abogado”.
El funcionario confirmó que “la Dirección Técnica del Registro había dictaminado que se evaluara la capacidad del niño o niña para comprender el pedido”. Aunque la ley no lo diga en forma expresa, Budassi indicó que esta decisión se basa en el artículo 5 de la ley que fija la necesidad de la conformidad expresa del menor “teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a”.
Por último, Veneziani detalló que, antes de los trámites administrativos, para la mayoría de los niños y niñas trans los desafíos se presentan desde muy temprano: “El primer lugar de exclusión de la mayoría de las personas trans es la familia porque enfrentan la falta de comprensión y apoyo de sus padres”. Y, además, indicó que “muchos también sufren resistencia en las instituciones escolares, por maestros y profesores que se niegan a aceptar su identidad y llamarlos por su nombre”.
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