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Descifraron la identidad de 866 personas registradas como NN en fichas abandonadas en un sótano

Son antropólogas y arqueólogas que formaron la asociación Colectiva de Intervención ante las Violencias; recuperaron miles de fichas mortuorias olvidadas en un edificio del Registro Nacional de las Personas y las cotejaron con los archivos de la Policía Federal; su trabajo voluntario les permitió a muchos familiares cerrar búsquedas de seres queridos que llevaban más de tres décadas

A la mujer la vamos a llamar Ana. Su marido, al que le diremos Enrique, había desaparecido en 1987. Después de buscarlo durante años, fue creciendo en ella la idea de que, posiblemente, su marido estuviera muerto. La incertidumbre no solo la afectaba desde lo emocional sino que le traía otro tipo de complicaciones. Por ejemplo, no podía vender una casa que estaba a nombre de los dos.

Pero todo cambió en 2016, cuando la llamó Marcos Parera, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). El abogado le confirmó esa noticia que sospechaba desde hace años: Enrique había muerto de un paro cardiorrespiratorio en calle y había sido enterrado como NN.

La clave que permitió identificarlo fue una ficha con sus huellas digitales. Había sido tomada al momento de la muerte de Enrique, como es usual cuando alguien fallece y no tiene nada que permita identificarlo. Pero esa ficha había permanecido amontonada durante años y sin ningún criterio de clasificación en el sótano del Registro Nacional de las Personas (Renaper) junto a otras miles.

Cuando decimos “amontonada junto a otras miles” nos referimos a que la ficha de Enrique fue encontrada en el sótano del Renaper junto a miles de otras fichas que llenaban 21 bolsas de rafia, de esas que se suelen usar para cargar granos o harina. También a que no solo no estaban catalogadas o clasificadas, sino que estaban expuestas a todo lo que puede suceder en un sótano, como que se inunde.

El proyecto, ad honorem, que le permitió un cierre a la familia de Enrique ya logró 866 identificaciones de personas que habían figurado como NN, en muchos casos durante décadas. Esa tarea voluntariosa y detallista ligada a un derecho humano básico como es el de la identidad no surgió de la Justicia, ni del Renaper, ni de algún organismo estatal de Derechos Humanos. Fue impulsado en 2013 por un grupo de profesionales (la mayoría mujeres) que armaron una asociación civil que actualmente se llama Colectiva de Intervención Ante las Violencias (CIAV) y que nació en 2012 con otro nombre: Acciones Coordinadas Contra la Trata (ACCT).

“Nuestro foco siempre estuvo puesto en la investigación de casos de violencia y búsqueda de personas. Cuando comenzamos a trabajar en 2012, notamos que no había un registro de personas desaparecidas ni se habían sistematizado los hallazgos de cuerpos NN. Por eso, le presentamos este proyecto a la Protex, para generar esa información”, explica la arqueóloga Celeste Perosino, que integra la CIAV junto a profesionales de la Arqueología, la Antropología, las Ciencias Políticas y las Ciencias de la Comunicación.

El cambio de nombre de la agrupación refleja la manera en que fue evolucionando la mirada —incluso la de los especialistas― sobre las causas de las desapariciones de personas. Hace 10 años, ante la desaparición de una mujer, todas las sospechas se posaban sobre el delito de trata y explotación sexual. Sin embargo, hoy se sabe que es un fenómeno multicausal en el que las ausencias se pueden explicar por decisiones voluntarias, consumos problemáticos, trastornos de salud mental, accidentes o delitos. De todos modos, existe un consenso: en las desapariciones de mujeres hay que investigar rápidamente la hipótesis del femicidio.

Fue en parte esa atmósfera de 2012, en la que se suponía que gran parte de las mujeres que desaparecían eran captadas por redes de trata lo que hizo que, un año más tarde, la agrupación se acercara con la propuesta a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), la unidad del Ministerio Público Fiscal especializada, justamente, en ese tema.

El proyecto era ambicioso. Por un lado, aspiraba a armar el primer padrón de personas desaparecidas en democracia de todo el país. Por el otro, buscaba generar una base de datos de huellas digitales de personas fallecidas y enterradas como NN para tratar de identificarlas.

“La propuesta, claramente, excedía el trabajo de una fiscalía como la nuestra. Pero aceptamos. Lo hicimos porque alguien tenía que empezar. Lo que estaba en juego involucraba a miles de personas”, reconoce Marcos Parera, secretario de la Protex.

Para generar el padrón de personas desaparecidas, el equipo contactó a todas las fuentes posibles que podían tener esa información: juzgados, fiscalías, registros provinciales, ONG, etcétera. Dos años más tarde, consolidó una cifra de 6040 personas desaparecidas en base a las respuestas recibidas y a pesar de las múltiples falencias que detectaron en la manera en que se registran las desapariciones en el país. Al día de hoy, las falencias continúan. No hay una cifra certera al respecto, pero entre funcionarios, especialistas y organizaciones de la sociedad civil hay una estimación consensuada de 10.000 personas desaparecidas.

La línea de trabajo para armar la base de datos con huellas digitales de personas NN tampoco fue simple, pero el equipo sabía a dónde tenía que ir: al Renaper. Cuando una persona muere y no cuenta con identificación, se genera una ficha que recolecta la mayor cantidad de datos posible con miras a identificarla. Entre ellos, si es posible, se le toman las huellas dactilares. Esas fichas quedan en poder de ese organismo y son cruciales para que la persona pueda ser identificada en un futuro.

El proyecto de la CIAV y la Protex se proponía obtener las huellas de esas fichas para que después sean digitalizadas por especialistas del Ministerio de Seguridad. Una vez digitalizadas, el siguiente pasó sería cotejarlas con el archivo de huellas dactilares de la Policía Federal. De esta manera, si antes de fallecer alguna de esas personas no identificadas había gestionado una cédula, un pasaporte o tenía prontuario policial, se generaría una coincidencia.

Para sorpresa del equipo, cuando pidieron acceso a toda esa información, el Renaper no les habilitó la entrada a un archivo, sino al sótano. Allí estaban las fichas, guardadas en 21 bolsas de rafia. Tanto Parera como Perosino recuerdan que el equipo se pasó un mes entero en ese sótano, desembolsando fichas y definiendo cuáles estaban en condiciones de ser digitalizadas. Muchas de ellas estaban pegadas entre sí, con signos de haber sido sumergidas en agua. Muchas otras no tenían huellas dactilares.

El equipo analizó 5329 avisos de fallecimiento de personas con identidad desconocida generados entre 1979 y 2015. De todas las fichas relevadas, 2314 no tenían huellas dactilares. De las 3015 restantes descubrieron, por ejemplo, que en algunos casos, las huellas no pertenecían a la persona fallecida sino a empleados de morgues y funerarias, e incluso a médicos que habían intervenido en el hallazgo del cuerpo o en la confección de la ficha, cerrando, de esa manera, la posibilidad de que esa persona fuera identificada por este medio.

Si bien la proporción entre varones y mujeres desaparecidos es bastante parecida, la mayoría de las fichas pertenecían a cuerpos NN de varones. Del total de las fichas relevadas, pudo confirmarse que 3615 pertenecían al género masculino y apenas 930, a mujeres. Esta revelación consolidó aún más una hipótesis de la agrupación: que cuando los cuerpos de las mujeres no aparecen, la posibilidad de un femicidio se agiganta. Y que en esa clase de crímenes, los cuerpos padecen otras formas de descarte, como por ejemplo, el entierro o la incineración.

“No tengo idea de lo que me hablás”

A pesar de todas las dificultades en el proceso, el equipo logró identificar 866 personas fallecidas por diferentes causas, aunque el material obtenido en esas fichas no permitió hacer un análisis profundo al respecto. En muchas se consigna como causa de muerte, por ejemplo, un “paro cardiorrespiratorio”, sin dar más precisiones al respecto.

“Ahora toca la tarea de dar con los familiares de esas personas. Estamos en ese proceso, que no es simple, porque en la mayoría de los casos no había detrás un expediente de búsqueda. A veces, la noticia la damos nosotros, pero también intervienen otras fiscalías. En nuestro caso, contactamos a las personas telefónicamente y las citamos a la Procuraduría. Algunos vienen con mucha desconfianza”, explica Parera.

En esos encuentros, en los que están presentes terapeutas de la Procuraduría, hay frases que se escuchan con frecuencia como “ahora voy a poder descansar” “por fin puedo cerrar el ciclo”.

“Disculpame, pero yo voy a grabar esta conversación porque no tengo idea de lo que me hablás”, recuerda Parera que le dijo una mujer, a la que le estaba informando que un hermano había fallecido. “Al final terminamos abrazados, y ella llorando en mi hombro”, agrega.

En muchos casos, explica el abogado, la noticia es recibida como la confirmación de una sospecha. La idea de que ese familiar, del que hacía años no sabían nada, hubiera muerto estaba ahí, al alcance de la mano. “Así y todo, cuando uno se los confirma, los abruma la emoción, por lo irreversible de la noticia, pero también por sentir que a alguien le importó ese familiar y se tomó el trabajo de identificarlo”.

En muchos casos, la identificación viene a cerrar heridas que llevan años. El 2 de septiembre de 1996 se perdió el rastro de un joven de 24 años al que llamaremos Carlos, después de que saliera de una clínica en CABA. Gracias al cotejo de sus huellas digitales, su familia pudo saber, 22 años más tarde, que había fallecido en un accidente ferroviario en la estación Santos Lugares.

Cuando el proyecto terminó, en 2015, el equipo le presentó los resultados a funcionarios del Ministerio de Seguridad con una serie de recomendaciones de políticas públicas en materia de búsqueda de personas, registro y entrecruzamiento de datos. Las partes acordaron que el organismo continuaría actualizando esa información.

Pero Celeste Perosino siente que se avanzó muy poco desde entonces. “El proyecto sirvió porque abrió una agenda olvidada, marcó la necesidad de gestionar en la materia y fue muy útil para los familiares de las personas identificadas. Pero no logramos cambios en profundidad -se lamenta-. Seguimos parados en 2015, hablando de los mismos déficits en materia de registro o de ineficacia al investigar”.

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