Lo ocurrido con la cuestión del agua potable en la zona noreste de la ciudad es uno de los temas más emblemáticos del Pergamino contemporáneo. Un grupo de vecinos con problemas de salud atribuidos a convivir con sustancias utilizadas en la producción agropecuaria, contaminación del aire y de las napas de agua y un fallo de la Justicia Federal que obliga a la Municipalidad a garantizar el suministro de agua potable a los vecinos de las zonas afectadas.
El caso de los barrios Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad sirve también como muestra del poco o nulo interés en la salud pública por un sector de la ciudad y un Gobierno Municipal que hace caso omiso de una orden judicial y que luego desestima toda orden de cumplimiento de esa medida.
Luego del oficio enviado al intendente municipal, Javier Martínez por el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Nicolás intimándolo a cumplir con la entrega de agua potable en esos barrios, muchos vecinos siguen sin recibir los bidones desde principios de mes y denunciaron que la empresa encargada de llevarles el agua les había suspendido el suministro por decisión del propio Martínez. Lo que evidencia a las claras que el Municipio ignoró una orden judicial no una sino dos veces.
En principio, no sería necesario un análisis demasiado exhaustivo. Existe una manda judicial, reiterada mediante oficio a principios de este mes y existe también un incumplimento de parte del Municipio. La sentencia menciona que de no hacerlo será pasible de la aplicación de acciones penales, eso haría suponer que muy pronto los vecinos, representados en su mayoría por Sabrina Ortíz en su doble carácter de abogada y damnificada, pedirán la aplicación de esa sanción penal.
Desde que se conocieron la medida cautelar de no aplicar químicos en áreas cercanas a viviendas primero y la sentencia de garantizar la entrega de agua potable a los vecinos después, desde la Municipalidad expresaron en numerosas oportunidades su disconformidad con la decisión judicial. Pero una cuestión es mostrarse en desacuerdo con una sentencia y otra muy diferente es incumplirla.
No existe motivo ni fundamento para no cumplir con la entrega de agua. No hay razones presupuestarias -el gasto, para los montos que maneja el Estado Municipal, es muy bajo-, ni de logística ni de disponibilidad. Parece ser un capricho pero que puede llegar a costar mucho más caro si alguno de los vecinos demuestra en sede judicial que su salud se vio afectada por consumir agua contaminada.
Hay además un deber fundamental, común a todo funcionario público, más allá de sentencias o cuestiones jurídicas: el de velar por la salud de los ciudadanos a su cargo.
Mientras tanto, como un paradójico símbolo, avanza la construcción del Parque Belgrano, un espacio que contará con un enorme lago artificial, que demandará decenas de miles de litros de agua para ser llenado. Al mismo tiempo, los vecinos de Villa Alicia, Luar Kayad y La Guarida no pueden acceder a un elemento vital para la subsistencia de la vida humana.
Protesta frente al Municipio
Las vecinas y vecinos difundieron un comunicado mediante el cual se autoconvocan para mañama, a las 10:30 hs, frente a la Municipalidad, reclamando “por nuestro derecho al acceso al agua.
“Es inadmisible que en éste contexto de pandemia el intendente mire para otro lado. Te esperamos. Hagamos valer nuestro derecho”.
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