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Dirigente del PRO pide que los Etchevehere devuelvan las tierras a Santa Elena, “no le pertenecen”

Un ex concejal de Santa Elena enrolado en el PRO se metió en la pelea por las tierras de la estancia “Casa Nueva” ubicada en Paraje El Quebracho y que por estos días las miradas de todo el país están centradas en ese lugar tras una disputa familiar entre los hermanos Etchevehere que pasó a ser judicializada y hasta politizada por ambas partes.

En este sentido, Emiliano López, militante del PRO de la ciudad, ex Concejal de Santa Elena en el periodo 2015-2019 y ex candidato a Senador suplente en el departamento La Paz por Juntos por el Cambio en el 2019, pidió mediante una publicación en su perfil de facebook que “tras el fallo de la Justicia los #HermanosEtchevehere tienen la posibilidad histórica de resolver este problema. Devolver las tierras a Santa Elena y llevárselo a #Grabois de acá”, escribió preocupado.

En otra de sus publicaciones, el dirigente macrista agregó “Dolores Etchevehere es tan sinvergüenza como sus hermanos y tiene la caradurez de regalarle a Grabois tierras que no le pertenecen”.

No es la primera vez que la familia Etchevehere se ve envuelta en una situación judicial con respecto a la Estancia “Casa Nueva”, ubicada en el Paraje El Quebracho a escasos kilómetros del ingreso a la ciudad de Santa Elena.

A continuación, una breve reseña histórica de otro hecho que tuvo en el epicentro de la Justicia a la familia Etchevehere

Historia

Las tierras de El Quebracho, donde se encuentra emplazada la estancia “Casa Nueva”, pertenecieron originalmente a “Establecimientos Argentinos de Bovril Limitada”, sociedad de capitales ingleses que explotó el frigorífico Santa Elena desde 1903 hasta 1973. En ese año transfirió la planta a la Bovril Argentina Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Agrícola y Ganadera que a su vez vendió el complejo en 1977 y sus propiedades a un grupo de estancieros argentinos bajo el nombre de Frigorífico Regional Santa Elena, empresa que fue estatizada en 1984 durante el primer gobierno de Sergio Montiel (1983-1987) y fallidamente privatizada en las postrimerías del primer mandato de Jorge Busti (1987- 1991) en una operación en la que intervino el City Bank y el grupo Huancayo (Frigorífico Rioplatense) bajo la denominación Euromarche. Actualmente, el frigorífico es propiedad del empresario Sergio Taselli.

Años posteriores, la Justicia de La Paz, procesó a dos empresarios por la causa de la Estancia “El Quebracho”, inmueble que en su momento perteneciera al frigorífico de Santa Elena y que fuera adquirido por el gobierno provincial.

En su momento la Justicia inició una investigación sobre el inmueble lo que terminó con la decisión del juez de Instrucción de La Paz, Carlos Trajtemberg, quien procesó a los empresarios paranaenses Luis Félix y Juan Diego Etchevehere en la causa que investiga la presunta comisión del delito de usurpación de tres lotes de la estancia “El Quebracho” de Santa Elena.

Según, se pudo saber en su momento que el predio había sido vendido por el Estado provincial a los Etchevehere, pero estaba arrendado hasta el año 2010 al productor José María Morcillo, de igual manera los empresarios tomaron posesión del lugar, generando la denuncia del arrendatario

Los Etchevehere, a través de la empresa Las Margaritas SA, habían adquirido al Estado provincial de Entre Ríos el 8 de junio del 2007 un total de 370 hectáreas que pertenecían al Frigorífico Regional Santa Elena S.A., dentro de las cuales estaban los predios arrendados por Morcillo, como consta en el acta de compraventa firmada ante el escribano mayor de Gobierno, Francisco Gastaldi. Los campos eran utilizados por la escuela agrotécnica, por lo que en su momento la venta de terrenos generó un gran conflicto social.

Un mes después de ese acto, Morcillo realizó una inspección de sus predios y observó que habían sido rotos y reemplazados los candados y cadenas que cerraban las tranqueras. El hecho quedó registrado en dos actas notariales hechas por el escribano Juan Carlos Tedesco, quien el 14 y el 27 de julio del año constató que el acceso al lugar se encontraba cerrado, dejando asentado además que los campos estaban sembrados con lino. En la última acta confirmó que parte del campo había sido quemado.

Ya el 11 de agosto del 2007, Tedesco vuelve con Morcillo al sitio y se encuentran con tractores trabajando en los terrenos sembrados. Allí se encuentran con Luis Félix y Juan Diego Etchevehere quienes les manifiestan que son “abogados y propietarios del campo”. Cuando Morcillo les manifiesta que es arrendatario del predio y que éste estaba sembrado por lo que le estaban causando un “grave perjuicio”, Tedesco asentó en el acta: “El Sr. que dice llamarse Luis Etchevehere, de manera muy enérgica nos dice que nos retiremos inmediatamente del lugar, aludiendo tener contactos con el Escribano Mayor de Gobierno de la Provincia”.

Denuncia

José María Morcillo radicó una denuncia en la Justicia de La Paz, la cual fue recibida por el fiscal Enrique Martínez el 1º de agosto de ese mismo año quien de inmediato le dio curso, solicitando algunas diligencias. El 23 de agosto, El Juez de Instrucción Carlos Trajtemberg dicta un allanamiento al lugar. El procedimiento fue hecho por la Policía provincial al día siguiente. El oficial a cargo del operativo, Arnaldo Hormaechea, observó que dos de los predios estaban arados y que “a simple vista” se observaban plantas de lino, tal como había denunciado Morcillo en la justicia. El oficial también encontró en el interior de la vivienda del lugar una escopeta calibre 16, que uno de los dos peones destacados allí dijo que era de su propiedad, aunque carecía de la documentación correspondiente.

Con estos elementos, Martínez requirió el 8 de octubre la instrucción formal de la causa y la indagatoria a los peones encontrados al momento del allanamiento. Al día siguiente, Trajtemberg dio curso a lo solicitado y fijó las indagatorias a los trabajadores rurales para el día 30 de ese mes, conjuntamente a declaraciones testimoniales solicitadas por el Fiscal. Ese mismo día, Martínez fue notificado de la resolución del Juez.

Tras las exposiciones de los testigos y de los peones, que declararon ser empleados de Las Margaritas SA, Trajtemberg decidió el 7 de noviembre “diferir por razones de economía procesal” la situación judicial de los peones y solicitarle a Martínez que “meritúe si la conducta del Sr. Luis Félix Etchevehere no es constitutiva de ilícito penal”.

La notificación a Fiscalía no llegó el 3 de marzo del 2008, y no recayó en manos de Martínez, sino del Fiscal suplente, Juan Francisco Malvasio, quien a los tres días requirió las indagatorias a Luis Félix y Juan Etchevehere. El 12 de marzo del 2008, Trajtember dispone que padre e hijo deberían comparecer a fines del mes de abril, fecha que luego se correría al 6 de mayo. A la hora de definir ocupación, ambos usaron la fórmula: “abogado, productor agropecuario y periodista”.

Finalmente la Resolución del Juez Carlos Trajtemberg contuvo nueve carillas, en la que el magistrado subrayó que al momento de la venta de los campos a Las Margaritas, la parte compradora estaba al tanto de que los predios estaban ocupados.

Párrafo del acta rubrica en junio del 2007 ante el Escribano mayor de la Provincia Francisco Gastaldi.

“La parte vendedora conjuntamente con el Superior Gobierno de Entre Ríos se obligan a realizar el lanzamiento de los intrusos y/u ocupantes por cualquier título que se encuentren en los inmuebles de lo que la compradora tiene conocimiento acepta y autoriza los procedimientos de lanzamiento que serán efectivizados en forma conjunta y mancomunadamente por las partes contratantes”.

En base a esto, el magistrado citó la testimonial brindada por la abogada Erica Ivon Kramer, quien integraba la liquidación del Frigorífico Santa Elena, y mencionó que los intrusos u ocupantes, debía hacerse “iniciando las acciones penales o desalojos que correspondieran” y citó en ese momento como ejemplo las acciones promovidas ante el Juzgado Civil por Granja Tres Arroyos, a quien también el Estado le entregó tierras con ocupantes, para lograr su desalojo.

En base a esto, Trajtember indujo que “debió simplemente respetarse el término de su contrato (por el arrendamiento hecho por la escuela a Morcillo) dado que sabido es que la locación es un acto jurídico (que) tiene el efecto extra partes de ser respetado sus plazos por el posterior adquierente” pero “los encartados Etchevehere no estaban dispuestos a seguir este camino y a sabiendas y mediante clandestinidad ingresaron al predio que sabían ocupado con la finalidad del despojo enviando a sus dependientes”.

Luego, reforzó el argumento del conocimiento que tenían los titulares de Las Margaritas SA sobre la presencia de ocupantes trayendo a colación el testimonio de Pío Tomás Tyrrel, a la vez suegro de Morcillo y a la vez encargado del establecimiento Casa Nueva, propiedad de los Etchevehere, por lo que su aporte tiene doble carácter: la relación de parentesco político con el arrendatario y la de empleado de los acusados en “un puesto importante”, destacó Trajtemberg.

Tyrrel mencionó que al momento de observar el ingreso de las personas enviadas por los titulares de Las Margaritas, se comunicó con Juan Diego Etchevehere para hacerle notar que el predio estaba arrendado.

También el magistrado arguyó que los Etchevehere sabían que había ocupantes en los predios “por lo que no se les pudo pasar que estas tierra al menos estaban sembrada y alguien lo debió haber hecho”.

En la fundamentación Trajtemberg afirmó: “Surge que tanto Etchevehere padre como hijo actuaron con dolo directo, utilizaron sus empleados como medio comisito para ingresar con clandestinidad, aprovechando el momento (en) que Morcillo no estaba en el campo, para despojarlo, apropiándoselo, ejercieron fuerza para vencer los cerramientos del predio y la casa arrendados, y de esta forma privaron al sujeto pasivo de la posesión que por derecho tenía acordada hasta el año 2010”.

Además del procesamiento, el juez ordenó el “desalojo de todos los ocupantes del predio en cuestión y restituirlo en cabeza de los arrendatarios hasta que expiró el término de su locación”,. Como consecuencia se abrieron dos procesos judiciales uno destinado a que los responsables de la usurpación sean sancionados penalmente y otro a que Morcillo reciba una compensación por las pérdidas recibidas. El primero terminó en una suspensión del juicio a prueba, en el medio del cual “Zahorí” Etchevehere falleció y su hijo Juan Diego fue sobreseído en 2014 por cumplimiento del plazo. En el segundo, un fallo de primera instancia dio la razón a Morcillo y ordenó el pago de una indemnización, a valores históricos, de 360 mil pesos, consigna el sitio Valor Local.

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