Paula Ferioli fue la primera mujer que tomó la flamante Licencia por Violencia de Género en el INAES. Presentó copia de la denuncia a su ex pareja y de otras certificaciones pertinentes para acreditar su situación. Sin embargo, en junio de 2019, a poco de reintegrarse al trabajo, fue avisada telefónicamente de su inminente despido.
Paula tiene 35 años. Es abogada y mamá de dos nenes. Trabaja como contratada en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) desde hace más de seis años.
En el 2017 empezó a sufrir violencia física y psicológica por parte de su pareja. Hoy en día ha logrado separarse de su ex y es sostén de su familia con medida perimetral y botón antipánico.
Durante el proceso vivido, Paula debió recurrir en varias ocasiones a licencias por salud propia y de cuidado de sus hijos.
En diciembre de 2018, se encontró con la desagradable sorpresa de que le renovaban su contrato sólo por tres meses, una suerte de castigo por sus ausencias aunque estuvieran justificadas. Se olía el disciplinamiento, en el organismo estatal donde la mayoría del plantel de personal es contratado y pertenece a una generación que no conoció la estabilidad laboral.
Llegado marzo, su contrato fue renovado por tres meses más. En ese lapso, la mujer recurrió a la Licencia por Violencia de Género -según se lo permite el artículo 147 bis del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional 214/06- de la cual regresó y se encontró con la noticia de que no le renovarían el contrato.
Revictimizaciones
“Acabo de hablar con el delegado. Me gritó que no le interesa mi situación, que mi licencia no le constaba. Según él, a mi despido lo decidieron otros. Le dije que le fui a hablar por ser mi delegado gremial y ante mi amenaza de ir a UPCN Central, me empezó a gritar”, contó la trabajadora del INAES luego de recurrir al delegado general de su sindicato, Mario Uribe, quien paradójicamente es a la vez representante sindical y Director Nacional de Desarrollo y Promoción del organismo. Así empezó la cadena de revictimizaciones que cayeron después sobre Paula cuando empezó a buscar ayuda.
Luego pidió audiencia al presidente del organismo, Marcelo Collomb, para conocer con certeza su situación y poder plantear sus argumentos de defensa. Le dijeron que la iban a llamar cuando el jerárquico pudiera atenderla. Le habían dicho que no se moviera de su escritorio por “si la llamaba el presidente”, y “Poli” -como la llaman- se las arreglaba para buscar a sus hijos de la escuela y volver a sentarse a su lugar de trabajo hasta la nochecita.
Sin embargo, el contrato terminó el 30 de junio y el 1 de julio se encontró con que éste había sido dado de baja y ya no pudo ingresar a su lugar de trabajo.
Una vez excluida del organismo, Paula se enteró de que su jefa, Mirta López, había reunido a sus compañeros de trabajo para convencerlos de que el despido era justificado por las faltas abundantes y menor productividad.
La funcionaria había terminado sus palabras con un mensaje amenazador: “a todos se les termina el contrato en diciembre”.
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