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El municipio sampedrino prepara una denuncia penal por los incendios en la zona de islas

Los incendios en la zona de islas registrados durante las últimas semanas tuvieron su punto máximo en la región, con una gran cantidad de focos frente a la zona costera de San Pedro, tanto en territorio bonaerense como entrerriano, donde este martes todavía podían verse algunos.

La situación atraviesa todo el delta del Paraná, y los reclamos se reprodujeron desde Rosario a Campana, en todo el corredor de la hidrovía, donde la quema de pastizales en una vasta zona que atraviesa diversas provincias provocó la declaración de emergencia por parte del Ministerio de Ambiente para prohibir los incendios durante 180 días.

El Gobierno local adelantó a La Opinión que presentará en los próximos días una denuncia penal para que la Justicia intervenga ante el daño ambiental provocado por los incendios en la zona que corresponde a San Pedro y en la que tiene jurisdicción el Juzgado Federal que conduce Carlos Villafuerte Ruzo.

"Sí, vamos a denunciar penalmente por la quema de islas, esto es un desastre, es enorme el perjuicio que esto produce", dijo el secretario de Seguridad, Eduardo Roleri, quien explicó que si este martes se vieron helicópteros y aviones sobrevolar la ciudad ello estaba relacionado con el monitoreo del personal del Sistema Federal de Manejo del Fuego.

En San Pedro, la quema es un clásico de la época de año. Según los registros, mayo fue un mes con una gran cantidad de incendios y en lo que va de junio hubo dos grandes momentos diferenciados: la primera semana, con reducciones, y el último fin de semana, con el desastre al que toda la ciudad asistió con impotencia desde la barranca.

Lo ocurrido el lunes, con la intervención de personal del Sistema Federal de Manejo del Fuego del Ministerio de Seguridad de la Nación fue el punto máximo de acción mancomunada entre diversos organismos para evitar que a la catástrofe ambiental imparable se sumarán pérdidas materiales y humanas en viviendas linderas.

Seis vehículos y 15 personas alojadas en el Complejo Turístico Municipal; Bomebros Voluntarios; personal de Prefectura y de la Secretaría de Seguridad local. Todo una erogación a cargo de los distintos niveles del Estado por la negligencia de quienes comenzaron los focos, una lamentable postal a la que cada año se asiste sin que los responsables sufran las consecuencias.

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