La crisis de habitabilidad y la degradación de las economías familiares empujan a cada vez más gente a vivir en pensiones. Mientras en Rosario hay 107 habilitadas según datos oficiales, se estima que las ilegales serían unas 200, y el número viene en aumento en los últimos años. En 2009, un informe dio cuenta de que por entonces había 50 legales y 150 "truchas".
Casi una década después, los números muestran que el alto valor de los alquileres, pero también los exigentes requisitos que las inmobiliarias establecen para acceder a una unidad habitacional, siguen volcando a los inquilinos a estos espacios compartidos, donde muchas veces viven en condiciones precarias, para satisfacer la necesidad básica de tener un techo donde guarecerse.
El mapa de la distribución de estos alojamientos en la ciudad, desde los más confortables a los que tienen a sus inquilinos en condiciones de hacinamiento, muestra que hacia las afueras del centro cae la cantidad de lugares habilitados y aparece un gran número de irregulares. Alquilar una habitación hoy en Rosario oscila entre los 2.500 pesos, en un lugar no registrado y casi seguro con problemas de habitabilidad, y los 6.000 en un sitio con comodidades, según datos de la Concejalía Popular, conducida por el ex edil Nire Roldán, institución que trabaja hace años en la temática.
Pensión versus departamento
Quienes conocen el rubro afirman que, en el caso de la gente que puede pagar un lugar habilitado, el aspecto económico del alquiler no es una de las razones más fuertes, sino que es mucho más profunda la restricción generada por los requisitos que establecen las inmobiliarias para acceder a un departamento en alquiler. Estos se componen de garantías propietarias; los gastos iniciales de contratación; y el pago de la comisión, sellado y gastos de averiguación de garantías.
La pensión, en tanto, no tiene gastos iniciales más que el mes que se abona adelantado y que da derecho a ocupar un cuarto durante 30 días, contrato que se renueva con el próximo depósito, en un intercambio que moldea (según la puntualidad para hacerlo) toda la relación del encargado que regentea el negocio con el pensionista. Por otra parte, la pensión tiene menos obligaciones a cargo del inquilino, por ejemplo no hay que pintar la habitación cuando uno se retira, y también es considerablemente más flexible en lo que respecta a la duración: en una pensión el locatario se puede quedar un mes y retirarse sin tener que pagar una multa, y en un departamento eso no existe.
Respecto de la documentación que exigen las pensiones, algunas solicitan como una formalidad interna un certificado de estudio o trabajo. La mayoría sólo pide los datos y el documento que queda asentado mediante una fotocopia, para ver qué persona están recibiendo. "Fundamentalmente la elección tiene que ver muchas veces con situaciones de necesidad que la pensión resuelve, y que en un departamento con otras formalidades a la gente se le hace difícil cumplir", analizó Ariel D'Orazio, integrante de la Concejalía Popular.
Legales e ilegales
Esta semana, las pensiones ilegales volvieron a la mirada pública luego de que se detectara que en San Martín 1665 hay una que funcionó durante mucho tiempo hospedando cadetes de policía y hoy se encuentra usurpada. Si bien hay algunas familias y gente mayor, el lugar se convirtió en un imán de reclamos por parte de los vecinos porque allí se instaló un grupo de cuidacoches de la zona, todos menores, que roban en los comercios adyacentes y cometen distintos hechos delictivos en la zona. "El lugar nunca estuvo habilitado,no tiene ni un matafuego", confiaron ex empleados del salón.
Los registros de la ONG indican que las legales suelen tener por lo general entre 12 y 20 habitaciones, aunque hay algunas de hasta 30. En la mayoría de los cuartos vive gente sola, muy rara vez junto a una pareja, y es poco común que tengan niños. Cada una tiene su reglamento interno, y hay cuatro grandes subgrupos. Hay alojamientos que sólo aceptan estudiantes (sobre todo en zonas de facultades), otros que son casas de señoritas o de varones en las que se hospedan personas de un solo sexo, y hay muchos que no permiten menores, discriminación muy presente en las pensiones del centro de la ciudad. "Este último tipo es el que complica la situación de muchos grupos familiares, que terminan optando por las ilegales que no tienen este tipo de restricción", aportó D'Orazio.
Los alojamientos habilitados se concentran en el centro, y fuera de los bulevares son muy pocos. Allí es donde entra a veces en juego la absoluta marginalidad, el hacinamiento y situaciones complejas de habitabilidad. "En los barrios, en los lugares truchos, hay una diferencia económica que es la que permite optar por ese tipo de alojamiento. Estamos hablando de la mitad del costo de un departamento de un dormitorio, y hasta menos también", afirmó el miembro de la Federación de Inquilinos.
Mientras en las habilitadas deben respetarse normativas que exigen un baño cada 7 personas, buenas condiciones de limpieza, cuartos con ventana y dimensiones mínimas;en las truchas se pueden llegar a vivir situaciones extremas, con graves problemas edilicios, servicios colapsados, falta de higiene y seguridad y personas humildes viviendo en condiciones de hacinamiento. D'Orazio recordó un hospedaje "de la zona Mendoza y Donado, regentado por un ex comisario, en el que funcionaba un refugiode individuos en problemas con la ley que vivían junto a familias". El lugar, de varias plantas, "contaba con un solo calefón por piso; había pérdidas de gas y agua; en las habitaciones de dos por dos, sin ventanas y sin revocar, se apretaban cuatro personas; los baños eran impresentables; era una cárcel", describió.
Sin embargo, al que no pagaba lo echaban de inmediato. "Era toda gente desesperada, a la que habían desalojado o ya no podía pagar un alquiler, sin otra posibilidad", dijo.
"En los barrios, hay lugares que sin ser tan irregulares, o sin convivir con estas situaciones de delincuencia, los lugares no son acordes a la habitabilidad", contó el referente de la Concejalía Popular. Pero también mencionó que en pleno centro rosarino (Juan Manuel de Rosas y San Luis; Buenos Aires al 1300) existieron muchos casos de usurpaciones convertidas en pensiones irregulares, donde regenteadores inescrupulosos sin títulos de propiedad cobraban alquileres a inquilinos, a veces por adelantado, y cuando llegaba el desalojo "desaparecían sin dejar rastro, pero abandonando a la gente a su suerte", puntualizó D'Orazio.
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