El 2019 fue el año en que la comunidad de Rojas se plantó y dijo «basta» en relación con los abusos sexuales cometidos contra menores de edad –muchos de ellos, niños–. Así salieron a la luz innumerables casos, que convirtieron a nuestra ciudad en la «capital de la denuncia cajoneada», y cobró protagonismo la fiscalía temática especializada en género y violencia familiar del Departamento Judicial Junín, a cuyo cargo está la doctora Paola Luján con Carolina Rossi como secretaria.
Un grupo de familiares de menores abusados se reunió, muchos otros se fueron sumando, y así fue como produjeron varios eventos públicos: actos, movilizaciones y marchas por la ciudad. Todo esto, sumado a cierto revuelo mediático, hizo que las causas comenzaran a moverse, fueran dictadas algunas medidas preventivas (perimetrales, etcétera), e inclusive resultaran detenidos algunos acusados por estos hechos aberrantes.
Pero como a todo, también a la «movida» pro derechos de los niños le llegó la cuarentena; algo que a muchos puede seguir pareciéndole un castigo del cielo, pero que en realidad es una decisión política tomada, precisamente, para poder vulnerar derechos sociales y personales imponiendo un estado de excepción. Y no estamos hablando de las meras libertades individuales; al menos, no exclusivamente. Nos referimos a los derechos humanos básicos, violentados por el propio Estado en sus distintos niveles, a la sombra del esquivo concepto de «pandemia». Queda claro que el derecho a la integridad sexual no quedó ni de lejos al tope de la lista.
Para conocer cómo está la situación hoy en día entrevistamos a uno de los más activos referentes de la «movida» contra el abuso sexual infantil y juvenil: Fabricio Cavalcabué.
Explicó Cavalcabué que «todavía estamos esperando noticias frescas. La secretaria de la fiscalía temática especializada en género de Junín nos iba a pasar un informe caso por caso, con detalles como fecha de los juicios, perimetrales, cámaras Gesell, ese tipo de cosas, desde la marcha realizada hace un año hasta este momento. Pero esa información aún no ha llegado».
Recordó Cavalcabué que «a partir de la difusión que obtuvo el caso del carnicero de la calle Frías se sumó un montón de gente para denunciar. Así tomaron estado público otros casos como el de Ortiz, que está detenido; el del abuso en barrio España; el de la nena de Santa Rita, cuyo abusador logró escapar luego de que nadie tomara medidas a tiempo y está prófugo; varios casos así, sobre los que la fiscalía de Junín se comprometió a informarnos».
«Todavía no tenemos esa información porque todos estos casos, como tantas cosas, se han "dilatado" por la pandemia. Por eso es que muchas de las causas están demoradas», agregó.
No obstante, la preocupación que existe hoy es otra, y tiene que ver con la inacción que puede llevar a hechos tan enormemente lamentables como el crimen de Úrsula Bahillo. «Quiero hilvanar esto con lo que pasó hace un año. Hubo marchas multitudinarias, y con eso se sumaron un montón de casos. Se pidió la revisión de las actuaciones de las fiscalías, y se encontraron irregularidades muy importantes. Pero en este año que pasó, todos los actores comprometidos, en la justicia, la policía y la municipalidad, siguieron siendo exactamente los mismos», consideró el referente.
«Lo que yo digo es que si en un año no se hizo nada, y siguieron los mismos actores, entonces era esperable un suceso como el que pasó. Nadie hizo nada para defenderla a Úrsula, y terminó como sabemos. Fue la crónica lamentable de una muerte anunciada, luego del mal manejo de todos los actores que deberían haber hecho otra cosa», expresó.
Y añadió: «Yo no me olvido de que cuando sucedió nuestro caso, y esos cinco, ocho o diez más que surgieron a partir de las movilizaciones, nos llamaron desde la fiscalía de Junín donde estaban Esteban Pedernera, un fiscal general; Paola Luján, la fiscal especializada en género y Carolina Rossi, que es la secretaria. No nos llamaron porque tuvieran ganas de invitarnos a tomar un café; nos llamaron porque estaban muy preocupados por la gran cantidad de casos que había en Rojas, y estaban sorprendidos por la cantidad de hechos que estaban "cajoneados" acá, sobre distintos temas de violencia, de abusos y demás. Pasó el tiempo, nadie hizo nada a pesar de que dos o tres días después de la marcha vinieron de Junín a "tirarle de la oreja" a la ayudantía fiscal, el lugar donde peor se había trabajado... pero no pasó nada. Se fue el año y tenemos que lamentar la muerte de Úrsula».
Fabricio Cavalcabué se refirió también a un tema que por algún motivo ha pasado desapercibido en la crítica popular: el Servicio Local. La realidad es que mientras arrecian los cuestionamientos a la justicia, a la policía y al juzgado de paz, del Servicio Local nadie habla; y es justamente el responsable de darle contención a las víctimas. «En la reunión que tuvimos en Junín, el fiscal Esteban Pedernera, que evidentemente sabe mucho, nos puntualizó exactamente eso: el sistema de protección funcionará si las "cuatro patas" sobre las que descansa, también funcionan. Son ellas la municipalidad, el Servicio Local, la comisaría de la mujer y la ayudantía fiscal. Son cuatro las "patas", no alguna de ellas por separado. Si alguna "pata" está floja, entonces nada funciona. Y queda claro que hubo muchos cuestionamientos, lógicos, a la comisaría de la mujer, a la policía, a la ayudantía fiscal... pero del Servicio Local nadie habla ni se le objeta absolutamente nada», enfatizó.
En otro orden, Fabricio Cavalcabué destacó que «estamos en contacto permanente con todas las madres de los chiquitos abusados, y muchos de esos casos van a ir a juicio, posiblemente este año. Entonces, vamos a ir informando sobre todas estas novedades a medida que se vayan produciendo. Por ahora estamos a la espera de que algún estamento superior haga algo, y se pongan en marcha los mecanismos tendientes a que los autores de estos hechos paguen por lo que hicieron. Si un abusador sigue libre, por más que cuestionado pero sin ninguna condena efectiva, entonces nada va a cambiar. Los actores siguen siendo los mismos y, por poner un ejemplo, la ayudantía fiscal, no sólo es que trabaja mal sino que además tiene una enorme falta de empatía para con las víctimas. Es lo que nos tocó en carne propia, y estamos muy dolidos por eso, porque no son empleados de un supermercado que te dicen que se venció un paquete de arroz; están atendiendo a una madre, una hija o una abuela que están denunciando un abuso, una violación. Hay que tener un poco de humildad, ponerse en la piel del otro para atenderlo de buena manera. Lo digo sin hacer nombres propios, pero todos sabemos quiénes son. Ojalá las "cuatro patas" de una buena vez empiecen a trabajar como corresponde, para que no se produzcan más de estos casos que no tuvieron resolución hasta ahora, o el último, el de Úrsula, que fue la gota que rebalsó el vaso».
N. de la R.: La justicia, y todas sus actividades vinculadas, figuraron desde el primer momento entre las exceptuadas de cumplir con la cuarentena en sus diferentes formas. Se entiende que se trata de un servicio esencial cuya parálisis cuesta vidas, y por eso fue incluido entre las excepciones. Lamentablemente no lo entendieron así los funcionarios involucrados, que a pesar de estar obligados a seguir trabajando no lo hicieron, y muchas de las consecuencias están a la vista. Otras irán surgiendo poco a poco, gracias a la irresponsabilidad de muchos a quienes costará hacerles pagar el daño que hicieron, por acción u omisión. De cualquier manera valdrá la pena el intento.
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