El juzgado se expidió rechazando el pedido de aplicación de la medida cautelar solicitado por el diputado provincial de Juntos por el Cambio Luciano Bugallo, porque no se dan los presupuestos necesarios para su aplicación, se justificó en la sentencia.
Si bien en Castelli no se registran casos positivos ni sospechosos de COVID-19, el intendente Francisco Echarren dispuso a fines de marzo la creación de un fondo de emergencia para la comunidad en caso de que se desate la pandemia a nivel local. Por decreto se determinó que el mismo estaría conformado por una “contribución especial” –que va de 9 mil a 42 mil pesos– de parte de los productores rurales de la zona, 40 mil pesos del sueldo del jefe comunal y 15 mil del de los concejales. En el caso de no llegar a utilizarse, el dinero será devuelto a los productores, aclararon desde el Ejecutivo municipal.
El diputado Bugallo denunció a Echarren ante la Comisión Federal de Impuestos (CFI) y le pidió a la Justicia dejar sin efecto la medida porque afecta “deliberadamente la economía de cientos de productores quienes por el simple hecho de ser productores supone que tienen mayor capacidad contributiva”.
“Del decreto no surge el porqué de solo aplicarle la contribución a un sector por el rubro y no por la capacidad contributiva, lo que atenta directamente contra la igualdad”, cuestionó Bugallo en el pedido que efectuó a principios de abril en el que cuestionó la ausencia de sanción mediante ordenanza y previa sesión del Concejo Deliberante con asamblea de “mayores contribuyentes”.
La sentencia del juez en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Dolores, Antonio Marcelino Escobar, no se expide sobre el fondo de la cuestión –la legalidad del tributo– ya que no fue materia de tratamiento en el pedido que hizo el legislador opositor.
También se expidió en el sentido de no aceptar la legitimación del diputado como actor en la causa, por lo que señaló que "no resulta personalmente afectado por la obligación dineraria cuya creación ahora cuestiona, en tanto no ha acreditado ser titular de campo en la zona de Castelli así como tampoco tener domicilio en dicha localidad”, expresó el magistrado.
El tributo al campo está destinado “a atender los gastos necesarios para una mejor prestación del servicio de salud en un hospital municipal frente al eventual avance de personas infectadas con COVID-19 y que requiriesen internación y asistencia”, justificó Escobar, quien agregó en la sentencia: “Valorarse aún mas en el contexto propio de la emergencia sanitaria con riesgo cierto a la salud y la vida de las personas por la que está atravesando el Mundo, el País y el Municipio demandado”.
“El cuadro actual de la situación epidemiológica nos lleva a valorar circunstancias que otrora ni siquiera habrían sido consideradas,pues en la tensión entre el derecho a la vida y la salud, y la eventual igualdad ante las cargas públicas, ha de prevalecer la solidaridad de aquellos que pueden contribuir, sin que ello denote un riesgo a su supervivencia económica. Ello, claro está, en un marco de razonabilidad en la imposición de ciertas cargas a punto de que no implique la supresión al derecho a la propiedad”, manifestó el magistrado en la sentencia.
Escobar alegó la “inexistencia de verosimilitud en el derecho del peticionario”, por lo que resolvió “rechazar la medida cautelar requerida por Bugallo”.
El intendente Echarren celebró el fallo y en diálogo con Infobae confirmó que “el tributo está firme y mañana se cobra”. Resaltó además que el municipio está “duplicando la capacidad hospitalaria y haciendo un nuevo hospital de contingencia”, ante la posibilidad de que comiencen a aparecer infectados en la región.
“Todo lo estamos haciendo con fondos propios pese a que estamos recibiendo el 50% menos de coparticipación por baja de recaudación”, expresó el jefe comunal del Frente de Todos, haciendo referencia al parate económico que provocó la cuarentena obligatoria en una localidad que apenas supera los 8 mil habitantes.
Incluso Echarren consideró que el fallo puede servir de antecedente para que otros municipios apliquen medidas similares, o que incluso el Congreso de la Nación avance con el impuesto a la riqueza. “Ningún juez debería dictar una medida cautelar de suspensión de un tributo que esté vinculado al derecho a la salud en tiempos de emergencia sanitaria y justamente el impuesto a la riqueza tiene idéntico objetivo que el tributo de Castelli”.
Un tributo de entre 9 mil y 42 mil pesos
El decreto municipal establece que los productores rurales, de acuerdo a la extensión del terreno que posean, deberán abonar entre 9 mil y 42 mil pesos.
En referencia histórica a épocas del Cabildo en la que se cobraban tasas por emergencia por kilo de carne y que en algunos distritos del interior siguen manteniendo la lógica, en Castelli en el caso de campos de entre 200 y 300 hectáreas se cobrará el valor de medio ternero; en territorios de 300 a 1.000 hectáreas el valor de un ternero; y el valor de dos terneros en el caso de campos de más de mil hectáreas.
El precio de cada cría de vaca ronda entre los 18 y los 21 mil pesos, por ende deberán pagar entre 9 mil y 42 mil pesos de acuerdo a la extensión de su campo.
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