La Jueza Luciana Bancalari, titular interina del Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás dictó sentencia definitiva en el amparo ambiental que por contaminación del Río Paraná inició en el año 2015 el Foro Medio Ambiental -FOMEA- contra la planta industrial de “Atanor” ubicada en pleno radio urbano de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
En esa acción judicial se denunció la masiva contaminación del ambiente con agroquímicos y la grave afectación en la salud de los vecinos de esa localidad. Luego de largos años de trámite y la realización de pruebas periciales que contaron con la intervención del CONICET, el CIM de la Universidad de La Plata y la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal la jueza a cargo de la causa determinó que: “se ha probado el marco de ilegalidad en el que funcionaba Atanor al tiempo de la interposición de la presente acción…”.
La Jueza Luciana Bancalari tuvo especialmente en cuenta la declaración testimonial de la reconocida genetista Delia Aiassa quien afirmó: “...En nuestra experiencia lo que hemos probado en animales y células humanas expuestas a glifosato, cipermetrina y trifluralina y hemos encontrado que esos químicos causan un daño en el material genético que se transforman en mediano o largo plazo en problemas adversos en la salud.”.
La intervención del CONICET fue crucial en la decisión final de la causa, la sentencia judicial textualmente expresa: “… el perito ingeniero Andrés Porta dictaminó en su pericia que los hallazgos efectuados en el marco del expediente federal acreditan que diversos sectores de la planta industrial presentan elevados índices de contaminación en suelo.”
Delito probado
Además, el fallo sostiene que se pudo probar judicialmente que la empresa Atanor vuelca sus efluentes líquidos al Río Paraná, sin la debida autorización por parte de la Autoridad del Agua conforme surge de las actas de inspección. Señaló también que de la pericia efectuada por el CONICET surge como conclusión de los expertos que: “…Atanor SCA vuelca desechos peligrosos y tóxicos que degradan la calidad de agua del curso del Río Paraná y afectan la biota acuática, todo ello considerando los Niveles Guías de Calidad de Agua de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación Argentina (2003).”
La magistrada indica que “no puede perderse de vista que Atanor se encuentra situada en pleno radio urbano y que es una empresa que manipula productos peligrosos para la salud”, por ese motivo la magistrada condenó a la industria demandada a la inmediata puesta en funcionamiento de un mejoramiento del sistema de tratamiento de efluentes líquidos en el término de 20 días.
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