"Fue una decisión atroz. Nos sentimos abandonados totalmente. No entendemos cómo una jueza nos deja tan desamparados con el problema que tenemos", lamentó Pablo Giraudo, el papá de Zoe, la niña de dos años que se recupera en Sastre de un tratamiento oncológico, y que por recomendación de sus especialistas no debe exponerse a ambientes contaminados.
La queja se produjo luego de advertir que cerca de su casa que ocupan desde mediados de noviembre último, y habilitados por la decisión de la jueza de turno en Santa Fe por la feria judicial, Beatriz Forno de Piedrabuena, asperjaron agroquímicos cuando las condiciones ambientales no eran las recomendadas, lo que ponía en riesgo a los habitantes del lugar.
"Nos dejaron desamparados y en consecuencia se produjeron fumigaciones, algunas de las cuales las alcanzamos a observar porque fueron muy cercanas a nuestra casa", explicó Pablo. "Lo extraño es que, además de que ya no respetan los metros de exclusión, los productores y los aplicadores tampoco repararon en lo que ellos llaman «buenas prácticas» porque no había condiciones climatológicas apropiadas", se indignó.
Encerrados en su casa
Y fundamentó: "Por ejemplo ayer —por el martes último—, con más de 31 grados, una humedad espantosa y muy baja presión atmosférica fumigaron igual a las siete de la tarde".
"Aunque no nos garantiza seguridad, nuestro reflejo fue encerrarnos en la casa, cerrar puertas y ventanas y prender el aire acondicionado. Pero lo que también nos llamó la atención es que por el camino que divide al área urbana de la rural había gente caminando, que sale a hacer ejercicio al atardecer y creen que respiran aire puro. No entiendo si no se dan cuenta del riesgo al que se exponen, están distraídos o no lo quieren ver".
La familia Giraudo protagonizó una larga y penosa seguidilla de reclamos luego de que los médicos alertaron sobre los cuidados que debían tener durante el proceso de recuperación de su hija. Primero reclamaron ante las autoridades municipales, luego fueron al Concejo y finalmente consultaron en los Tribunales de Santa Fe. Fueron derivados a la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y desde allí a la Defensoría de San Jorge, donde a fines de noviembre y junto a otros 40 vecinos iniciaron un recurso de amparo, que aún está en trámite y acciona específicamente contra el municipio para que elabore una nueva ordenanza de protección. En el expediente solicitan una zona de exclusión total de químicos agrarios de mil metros para aplicaciones terrestres y 1.500 para las aéreas.
Entre la profusa documentación que presentaron para avalar su pedido estaban los resultados del campamento sanitario que llevó adelante la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, que indican que la población de Sastre tiene una tasa de muertes por cáncer que supera en un tercio a la media nacional. También un certificado en el que el médico de Zoe recomendaba una distancia no menor a mil metros de lugares en los que se asperjen agrotóxicos, un importante cúmulo de denuncias sobre aplicaciones irregulares cercanas a barrios habitados y un mapeo social comunitario para demostrar la distribución de los numerosos casos de enfermos y muertos por cáncer en la ciudad.
En los últimos días de 2018 el juez de primera instancia de San Jorge, Daniel Zoso, firmó una medida cautelar para alejar la aspersión de todo tipo de químicos a una distancia de 400 metros para aplicaciones terrestres y mil para las aéreas, a medir a partir de la línea que marca el fin de la zona urbana. La medida tendría vigencia hasta tanto la Justicia resuelva la cuestión de fondo o el Concejo sancionara una ordenanza que proteja a la población.
Tras esa novedad y ya en el receso judicial de verano, un grupo de 20 empresarios agropecuarios, varios de los cuales no poseen campos en la zona afectada por la medida judicial, solicitaron que se levante la feria, se los incorpore a la causa como terceros interesados y se revierta la medida cautelar esgrimiendo fundamentos relacionados a la reinvindicación del derecho al trabajo y cuestiones procesales.
Fue allí cuando la jueza Forno, en turno por la feria, emitió una resolución que admitió a los empresarios, bajó la medida cautelar y atacó la posición de los vecinos afectados. En sus fundamentos nunca refirió a cuestiones ambientales ni a la salud de la población.
Búsqueda desesperada
"Por qué tomó esa decisión la jueza que dejó sin efecto la cautelar realmente no lo sabemos, pero es una atrocidad, una barbaridad que deja sin herramientas a la gente que está expuesta. Mientras pensamos y repensamos la situación y no nos surge qué podemos hacer. Seguimos en la búsqueda desesperada para encontrar argumentos precisos que le hagan entender que lo que hacen daña al resto de la gente", se indignó Giraudo.
Sonia, la mamá de la pequeña Zoe, afirmó que "ellos —los productores— tienen el concepto de que fumigar no es malo, ni siquiera para ellos mismos porque lo siguen haciendo".
Y apuntaló sus dichos: "Es todo muy raro. La Municipalidad en lugar de legislar como le sugirió el juez en la resolución de la medida cautelar contrató a un abogado y le paga con plata de los ciudadanos para que nos sigan envenenando".
En el mismo sentido, la mamá de Zoe adelantó: "Estamos esperando la resolución de la Cámara de Apelaciones porque cuando supimos lo que hizo esa jueza de Santa Fe, que seguramente ni conoce cual es nuestra realidad, presentamos un pedido para que se reconsidere nuestra postura".
Balanza inclinada
En una reunión convocada esta semana por las autoridades municipales sastrenses para presentar el Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias, la ministra de la Producción, Alicia Ciciliani, dijo que "el mensaje es de apoyo total a los productores para que cada día puedan producir más y mejor", y señaló que "no hay sociedad sustentable que ponga en jaque y persiga judicialmente a los que producen y a los que trabajan".
Al respecto, una de las vecinas que firmó el amparo, Ainalén Viñuela, dijo que "la ministra está mal informada o tiene malas intenciones. En primer lugar porque la acción judicial no pone en jaque a los productores, sino al municipio para que modifique la ordenanza vigente. En segundo lugar debería saber que fue un concejal de su propio partido, Edgardo Figueroa, —yerno de la intendenta que también es de su facción política—, quien recomendó a los padres de Zoe acudir a la Justicia, en busca de ayuda para poder resolver la situación".
"No tiren veneno"
La vecina agregó: "Nunca atacamos su derecho a trabajar y producir, solamente pedimos que no tiren venenos cerca de la gente".
Viñuela también relató que la intervención de la ministra en apoyo incondicional a los productores fue "desafortunada".
"Quienes firmamos el amparo y quienes participamos de la Agrupación de Vecinos Autoconvocados estamos atravesando tiempos muy difíciles porque nos presionan permanentemente los sectores más poderosos de la población".
Y acotó: "Atacan sistemáticamente nuestras fuentes de empleo, el municipio dejó sin trabajo a dos compañeros y hay otros integrantes que sufren otro tipo de presiones. Sus métodos son muy crueles. El poder estatal le da la razón al poder económico y nuestra salud queda en último plano", finalizó.
Si todavía no recibís las notificaciones de PRIMERA PLANA, mandanos un Whatsapp al 2477.506005 con la palabra ALTA y pasarás a formar parte de nuestra base de datos. ¿Más fácil? Hacé click en el siguiente enlace http://bit.ly/2tCrZxJ.
Si todavía no recibís las noticias de PRIMERA PLANA en tu celular, hacé click en el siguiente enlace https://bit.ly/3ndYMzJ y pasarás a formar parte de nuestra base de datos para estar informado con todo lo que pasa en la ciudad y la región.
