El Fiscal Federal de San Nicolás, Matías Felipe Di Lello, requirió la elevación a juicio de la investigación que involucra a dos exfuncionarios municipales por incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público.
Se trata del exauditor, Guillermo Nicolás Naranjo y el director, Mario Daniel Tocalini, responsables de Ambiente Rural del Municipio de Pergamino, a partir de la gestión del actual intentende Javier Martínez.
Durante la gestión correspondiente de 2015 a 2019, ambos habrían faltado a sus deberes en forma continua, omitiendo controles en las tareas de aspersión de agroquimicos en campos adyacentes a viviendas de la ciudad.
Además, serían responsables de la contaminación del agua subterránea y el suelo a causa del uso indiscriminado de plaguicidas.
Sus procesamientos se desprenden del caso conocido “caso Cortese”, que tramita en el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Nicolás donde se investigan las fumigaciones realizadas en tres barrios periféricos: Villa Alicia, Luar Kayad y La Guarida.
En esas actuaciones, fue clave el testimonio de la abogada y víctima, Sabrina Ortíz, quien actuó como querellante exponiendo los problemas de salud que sufrió su familia, a raíz de las irregularidades en el uso de agroquímicos, junto a la falta de monitoreo de las autoridades.
La profesional del derecho perdió un embarazo y sus hijos y el resto de su familia posee una cantidad superadora de glifosato en sangre y el relevamiento investigativo que se realizó en el barrio donde vivía -y debió dejar- arrojó un resultado de más de 53 casos de cáncer en sólo 4 manzanas.
Así, evidenció que la población expuesta a las fumigaciones padecían complicaciones como: leucemia, forúnculos, afecciones respiratorias, y hasta convulsiones. A su vez, junto a varios informes realizados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce, se demostró que existían rastros de la degradación de glifosato en suelo y agua, específicamente se encontraron 18 agrotóxicos.
Gracias a la labor de Sabrina Ortíz y al grupo de “Madres de Barrios Fumigados de Pergamino”, la causa logró pasar al fuero Federal.
El caso se volvió emblemático por varias razones. Intervino la Justicia Federal para aplicar la Ley Nº 24.051 de Residuos Peligrosos, se comprobó el impacto del uso indiscriminado de agroquímicos en la salud y los recursos ambientales y se comenzó a analizar casos similares en otros puntos rurales del país.
Es en esta instancia y de acuerdo a la Fiscalía, se evidenció la conducta omisiva de los Tocalini y Naranjo en sus deberes de hacer cumplir la normativa municipal, provincial y nacional, causando un grave riesgo para muchas familias pergaminenses.
Al hacerse público, Javier Martínez desplazó del cargo a los responsables involucrados, a pesar de sus repetidos intentos de solicitar que la causa sobre contaminación ambiental y calidad de agua no siga en el fuero federal, pero la Sala A de la Cámara Federal de Rosario denegó su pedido.
NOTA RELACIONADA: http://primeraplana.com.ar/fumigaciones-en-pergamino-la-mesa-sigue-vacia/
La Justicia determinó que omitieron actuar según lo estipulan los Artículos Nº 6, 16 y 17 de la Ordenanza Municipal Nº 8126/14 permitiendo que, desde 2015, se realicen fumigaciones sin supervisación en los campos de Fernando Esteban Cortese, Víctor Hugo Tiribó -propiedad ubicada a menos de 100 metros de la zona urbana- y Mario Reinerio Roces -situado en la zona urbana de Villa Alicia-.
También, a través de una investigación realizada por PRIMERA PLANA, se conoció que no hubo monitoreo de la aplicación de fitosanitarios en un campo de la localidad de J. A. de la Peña, perteneciente a la familia Acerbo, provocando contaminación ambiental durante varios años consecutivos.
En aquel momento, el juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N°2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo impuso una restricción judicial vigente hasta la actualidad que impide utilizar agroquímicos a una distancia menor de 1095 metros en su uso terrestre y 3 mil metros en forma aérea. Los bienes de los funcionarios procesados fueron embargados por 3 millones de pesos cada uno.
En se marco, se llevaron a cabo distintos allanamientos que demostraron, una vez más, las irregularidades de las autoridades.
En la Dirección de Ambiente Rural del Municipio no se encontraron archivos físicos, sino que toda la documentación se enviaba de manera digital al Ministerio de Agroindustria y el registro pertenecía a 2019.
Ahora, el fiscal Di Lello solicitó la elevación a juicio de la investigación que involucra a Guillermo Naranjo y Mario Tocalini por ignorar la aplicación de la normativa vigente, las múltiples denuncias de los vecinos pergaminenses y propiciar la contaminación ambiental. Esto significaría que, por primera vez a nivel país, funcionarios municipales serán sometidos a un juicio oral por la falta a sus responsabilidades públicas.
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