Los gobiernos de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal volvieron a dejar sus diferencias expuestas a la luz del día. Esta vez fue mediante la decisión del gobierno provincial de dejar sin efecto, por un plazo de seis meses, la prohibición para que municipios y cooperativas incluyan tasas y cargos que no tienen que ver con el servicio en las facturas de luz.
La propia Vidal impulsó la prohibición durante 2018 para lograr una sensible baja en el monto final que abonan los usuarios en la factura de luz. Por decreto eliminó algunas contribuciones que el Gobierno cobraba en la boleta de luz y por ley buscó la eliminación de otras, vinculadas a cooperativas y municipios, a pesar de la oposición de los intendentes, propios y ajenos.
A lo largo de todo el año hubo intensas negociaciones para destrabar esa situación y estuvieron a punto de llegar a buen puerto. Pero en el medio se metió el presidente Mauricio Macri, quien, a pedido de un vecino de Luján, decidió que ninguna cooperativa pudiera cobrar servicios “extra”, como sepelios, en la factura de luz.
TRANSPARENCIA EN LAS COOPERATIVAS. Publicamos una resolución que establece que las cooperativas que distribuyen energÃa eléctrica tendrán que facturar el consumo de ese servicio de manera identificada y por separado de otros conceptos por los que cobran por mes a sus consumidores
— Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 20, 2018
Ahora hay una nueva novedad: el OCEBA, Organismo de Control de Energía Eléctrica, emitió una resolución en la que se aplaza la entrada en vigencia de las limitaciones para los municipios y cooperativas, establecidas en la resolución Nº 0167/18. Esa resolución debía entrar en vigencia primero en mayo y luego con el comienzo de 2019, pero no ocurrirá hasta el primero de julio.
El motivo explicitado es que “el cumplimiento de la medida implica para los Municipios modificaciones en sus sistemas de recaudación y cobro y, para los distribuidores municipales, la correspondiente solicitud de autorización ante este Organismo de Control así como la adaptación de sus sistemas de facturación”, aunque de fondo aparece el malestar de las comunas y las negociaciones para la aprobación del Presupuesto. La nueva resolución está fechada el 27 de diciembre y publicada en la web del OCEBA, con lo cual ya entró en vigencia.
Es que atar servicios y tasas a la facturación de luz garantiza para las comunas un piso de cobrabilidad que, de otra manera, no se alcanzaría. Esto, en un año de feroz recorte y de incremento de las responsabilidades para las arcas municipales, donde, además, puede haber elecciones “desdobladas”, no es menor.
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