La Justicia de Salta imputó a tres policías y dos operadores del Sistema de Emergencias 911 por su actuación en el femicidio de una docente, a quien asesinaron 15 horas después de que llamara para pedir auxilio porque la estaban matando. La Justicia provincial consideró que fue "un crimen evitable".
Los cinco implicados en el femicidio de la docente Rosa del Milagro Sulca, de 48 años, quedaron imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros delitos. Se trata del operador del área de Demanda Ciudadana Pablo Ezequiel Bisón Enríquez; su supervisor Marcelo Rubén Tintilay Cordeyro; el despachante policial Héctor Roberto Herrera; el jefe de Despacho de Emergencias Policiales Gustavo González; y el supervisor de Despacho Normando Domingo Corbera.
Los fiscales consideraron que los imputados no cumplieron con sus distintas obligaciones, lo que llevó a la víctima a una muerte "evitable".
Antes de que la asesinaran de 17 puñaladas, la mujer había llegado a comunicarse con el Sistema de Emergencias 911 y alertar que la estaban matando: 15 horas después descubrieron el femicidio, el 28 de abril.
Las responsabilidades en el caso
Según informaron los investigadores, Bisón Enríquez, de 30 años, fue quien atendió el llamado de auxilio de la víctima. Lo imputaron por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para los fiscales, el oficial no le dio la importancia que revestía la llamada y "actuó con una conducta omisiva".
Tintilay Cordeyro, de 34 años, quedó imputado por el mismo delito y, además, por abandono de persona seguido de muerte. Los fiscales consideraron que era el encargado de las actividades llevadas a cabo por el operador e incumplió sus obligaciones al retirarse de su puesto de trabajo 30 minutos antes, sin que otra persona se quedara supervisando.
Por su parte, Herrera, de 45 años, quedó imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real, ante la sospecha de que no informó al jefe de turno y al supervisor sobre la emergencia.
Los fiscales creen que esto fue una parte del resultado fatal de la muerte de Sulca, ya que, al ser la persona que tuvo contacto directo con los oficiales de calle, "no dio cumplimiento a las previsiones legales".
González, de 41 años, quedó imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y, además, por abandono de persona seguido de muerte, porque se cree que no asignó otros recursos para corroborar el incidente. Corbera, de 42 años, quedó imputado por los mismos delitos.
Según los fiscales, el supervisor de Despacho, pese a haber consignado una situación de “pedido de auxilio”, omitió cumplir con lo que dispuesto por el Reglamento Orgánico y Funcional de la Dirección Centro de Coordinación Operativa, al no haber asignado otros recursos para verificar el incidente.
En tanto, el fiscal que investiga el crimen Gustavo Torres Rubelt ordenó la detención e imputó a Pablo Exequiel Verón, de 18 años, y a una joven menor de 17 años.
Verón quedó imputado de "homicidio triplemente calificado por alevosía, por mediar violencia de género y criminis causa", y la chica, que negó estar vinculada con el hecho, fue imputada por "homicidio criminis causa con alevosía".
Según la autopsia, Sulca sufrió 17 puñaladas en el tórax, que le causaron la muerte, además de numerosas heridas en todo el cuerpo.
Al llamar al 911, la víctima le comunicó al operador que la estaban matando y llegó a decir su domicilio, pero de inmediato otra voz femenina se interpuso en la llamada y dijo que se trataba de su tía, que tomaba pastillas. Después, cortó la comunicación.
Minutos después, Sanhueso y Vizgarra fueron a la casa de la víctima, pero como no respondió a sus llamados a la puerta, se retiraron del lugar.
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