Una comitiva conformada íntegramente por mujeres del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) viajaba, hace 16 años, rumbo al estado de Chihuahua, en México. En ese lugar, particularmente en Ciudad Juárez, estaban puestos los ojos de los principales organismos internacionales de derechos humanos. Algo muy grave, enquistado en el tejido social, estaba sucediendo: entre 1993 y 2008, se contaban 500 mujeres desaparecidas.
Si los cuerpos aparecían, lo hacían mutilados y con signos de abuso sexual. En 2004, la mayoría de los casos no se habían resuelto. Muchos restos continuaban sin identificarse. Las causas: irregularidades en las investigaciones policiales y judiciales y, también, en los procedimientos forenses. Debajo de la superficie de actas mal hechas o pistas mal recolectadas se escondía la misma razón por la que esas mujeres habían sido asesinadas y descartadas en algún descampado: una gruesa capa de machismo y violencia de género que se volvía a replicar sobre los cadáveres.
Un campo algodonero, ubicado en las cercanías a la ciudad fronteriza, se convirtió en emblema del fenómeno que arrasaba con las identidades femeninas. En ese lugar se encontraron, el 6 de noviembre de 2001, los cuerpos de ocho mujeres. El trabajo de la misión del EAAF en el territorio permitió confirmar los graves errores que habían cometido autoridades y funcionarios.
Con el informe forense del equipo argentino, la Corte Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) condenó en 2009 al Estado mexicano por una larga lista de “pifies” que incluyen la fabricación de culpables, la asignación arbitraria de nombres a los cuerpos y su entrega sin identificación.
Todo esto en un contexto de frontera, tierra fértil para el crimen organizado: la trata de personas, el contrabando y el narcotráfico son moneda corriente en un sitio repleto de pasos ilegales. Un escenario geográfico similar al que se da en Jujuy, al límite con Bolivia, uno de los principales países productores de cocaína.
Aunque el número había disminuido en los últimos años, en esa provincia ubicada al norte de la Argentina, los femicidios resurgieron con voracidad en 2020 hasta duplicar, desde enero a octubre, la cifra de 2019.
La provincia del norte argentino, con unos 780 mil habitantes, guarda otra similitud con Juárez y es un susurro que emerge detrás de los números que cuentan las mujeres asesinadas y desaparecidas por estas latitudes: la inacción o ineficacia de las autoridades a la hora de investigar y prevenir crímenes salpicados por la violencia de género, según denuncian familiares de víctimas y organizaciones feministas.
En México, fueron las madres de Ciudad Juárez las impulsoras del movimiento que atrajo la mirada del mundo. En Jujuy “los padres del dolor” lideraron reclamos masivos, no solo para pedir justicia por sus hijas, si no también para exigir que se investiguen irregularidades en las búsquedas y en el trabajo de las autoridades.
A raíz de los energéticos reclamos, el 29 de octubre, la legislatura provincial sancionó la Ley de Emergencia en Violencia de Género. Estará en vigencia por dos años y buscará bajar el número de femicidios y proteger -con carácter urgente- a las jujeñas.
Dos casos espejo: Esmeralda en Juárez, Iara en Palpalá
Esmeralda Herrera Monreal desapareció el 29 de octubre de 2001 en el camino que la llevaba desde su casa a su trabajo como empleada doméstica. Tenía 15 años. El 6 de enero de ese mismo año fue encontrada asesinada en un campo algodonero de Ciudad Juárez. Había sido maniatada con cordones de zapatos.
“El cuerpo de mi hija, con tan solo ocho días de desaparecida, no tenía rostro ni cabello. Sin embargo, el resto de su cuerpo estaba desnudo e intacto”, declaró su madre en audiencia pública. Aunque la desaparición fue denunciada el 30 de octubre, no existe constancia de que la adolescente haya sido buscada por la policía. En cambio, las autoridades responsabilizaron a la familia de la víctima al decirles que “seguramente se había ido con su novio”.
A pocos metros de Esmeralda, la policía mexicana encontró dos cuerpos esqueletizados de mujeres. No eran los únicos.
“Debería haber gritado más fuerte, debí haber pedido ayuda a los soldados”, se lamentó Mónica Cunchila desde el otro lado de la línea. La mamá de Iara Rueda llora sin consuelo y no descansa desde que el día en el que desapareció su hija de 16 años. El último 23 de septiembre, la adolescente dejó su casa de Palpalá en bicicleta con rumbo desconocido para sus padres.
Cinco días más tarde, fue encontrada semienterrada en un descampado. Había sido estrangulada. Tenía los pies y las manos atadas. Mónica se ahoga en lágrimas al recordar la imagen. Y más lo hace al repasar la actuación de los responsables de la búsqueda.
“Ese día llegamos a casa e inmediatamente notamos la ausencia de Iara. Mi marido salió a buscarla y fuimos a hacer la denuncia a la brigada. Le pedí a un diputado que vive en Palpalá que me acompañe y que le pida al comisario que la busque. Salimos de ahí con la confianza de que la iban a buscar de inmediato. No sé cómo fue su búsqueda porque nunca apareció”, se quejó.
“Lo primero que pensé es que se la estaban llevando de la provincia. Una mamá conoce a su hija y sabe todas sus rutinas, pero la policía insistía con que ‘se fue con el noviecito’. No la querían buscar. Yo les explicaba que Iara había salido porque le mandaron un mensaje al celular, que la habían la engañaron con un trabajo práctico y yo necesitaba que rastreen el aparato y me respondían: ‘Muchas chicas se desaparecen y después aparecen’”, continuó.
Ante la falta de respuesta, la familia de la adolescente se hizo cargo de la búsqueda. Un sobrino la mujer rastreó el celular de Iara. También recibían llamados con información. “Todo se lo pasábamos a la brigada. Les pedíamos por favor que cierren todo, que rastrillen. Tuvieron que salir los vecinos a hacerlo. Yo la esperaba en la puerta, no dormía. Veía pasar motos, autos, pero nunca vi a la policía buscando casa por casa”.
“Fui a hablar con el fiscal y a un canal de televisión para pedir ayuda. También fui a ver al intendente (Rubén Rivarona). ‘Señora, debe haber sido una chiquilinada, ya va volver’, me dijo. Nadie me escuchaba. Me llamaban de un número desconocido y me cortaban. La última noche me habló un hombre y me dijo que quería rezar por el alma de mi hija. A mí ya no me daba el corazón. Le pedía a Dios que le de fuerzas para que se escapara de la gente que la tenía. Les supliqué que la suelten. Mi hija todavía miraba dibujitos, Cebollitas... La han engañado. Tan inocente era ella”, se lamentó la mamá de la adolescente asesinada.
“Aparentemente, a Iara la asesinaron el segundo día. Era cuestión de horas... Si ellos hubieran hecho las cosas bien, quizás mi hija hoy estaría con vida pero nadie tuvo la voluntad de trabajar. Perdieron tiempo. Hubo un sereno que nos dijo que vio una chica corriendo de un auto que la seguía, lo informamos y me dijeron ‘bueno señora, mañana lo vamos a ver’. No hicieron nada. Me decían que el informe del celular no llegaba porque era fin de semana y se demoraba porque las empresas no trabajaban. Nunca lo habían pedido. Un desastre, un abandono total. No tuvieron corazón, no les importó”. Mónica llora del otro lado de la línea.
La mujer todavía tiene sospechas sobre la forma en la que apareció el cuerpo. “El domingo me avisan que el lunes iban a hacer el rastrillaje. A las 8.30 de la mañana encontraron el cuerpo de mi hija, ¡qué casualidad! Encima esa noche hubo un corte de luz justo donde lo depositaron. Los policías no sabían ni siquiera que, desde 2015, existía el código rojo en caso de desapariciones de menores de 18 años. ¡De ellos dependía que la encuentren con vida!”.
Por el femicidio hay tres detenidos, para Mónica no es suficiente: “Espero que ahora la justicia sea real. Desde ese momento me juré que no voy a descansar. Ya no me voy a callar y no voy a parar hasta que aparezcan todos los responsables y todos los que no hicieron nada. Se lo prometí a mi hija”.
Los cuatro femicidios que levantaron a Jujuy
El caso de Iara generó indignación en Palpalá y en todo el país. Masivas manifestaciones se concentraron en las calles de la ciudad jujeña para repudiar la crudeza del crimen y la actuación de las autoridades.
- Cesia Nicole Reinaga, de 20 años, desapareció el 9 de septiembre del 2020. Su cuerpo apareció 10 días más tarde en un pozo de agua del matadero municipal de Abra Pampa.
- Roxana Mazala, de 31 años, fue estrangulada por su expareja el 29 de septiembre en su casa de Perico. Un día antes, había participado de las marchas por Iara.
- Gabriela Abigail Cruz, de 24 años, llevaba una semana desaparecida cuando fue encontrada asesinada, el 1 de octubre, en una zona de espesa vegetación en cercanías a Palpalá, la misma localidad en la que mataron a adolescente de 16 años. Incluso, los rastrillajes que se realizaban para encontrarla fueron interrumpidos por el hallazgo del cuerpo de Iara.
Las cuatro fueron asesinadas en septiembre. Para ese entonces, la provincia ya duplicaba la cantidad de crímenes contra mujeres de todo el 2019.
Sus nombres se sumaron a una lista que ya integraban Mariela Zamora, Jacquelina Arjona, Rocío Ocampo y Paola Mendez. La última víctima fue Alejandra Nahir Álvarez, una chica de 17 años que fue apuñalada por su expareja en barrio Alto Comedero. Fue el 11 de octubre. Nahir era mamá de un bebé de seis meses.
El femicidio de Iara es, quizás, el más representativo del fenómeno. Los padres de la adolescente de 16 años asesinada en Palpalá presentaron una denuncia contra el Estado jujeño por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona contra todos los actores implicados en el proceso de búsqueda.
“Desde que se perdió, la investigación fue paupérrima, horrorosa. Jamás aplicaron el protocolo creado por el Ministro de Seguridad en 2017 para la búsqueda de personas. Es una vergüenza total y se trata de un abandono de persona a Iara y a su familia por parte del Estado”, remarcó en diálogo con TN.com.ar el abogado Julián Martín Palmieri.
“Si hubieran hecho las cosas como correspondía quizás hoy tendríamos con vida a Iara”, agregó.
En octubre, el gobernador Gerardo Morales reconoció: “Estamos en un punto muy complicado que merece un abordaje serio” y anunció la creación de juzgados para la atención de la violencia de género. Un mes más tarde se reunió con la familia de Reinaga y confirmó que el Estado provincial se había constituido como querellante en la causa del femicidio.
“Me preocupa la demora que está teniendo la Justicia en la investigación de este aberrante femicidio y el irresponsable manejo del Consejo Deliberante de Abra Pampa al tratamiento del pedido de desafuero de la concejal Noelia Velázquez”, dijo el mandatario. El hijo de la funcionaria, de 14 años, está imputado como autor del crimen.
“En Campo Algodonero, la policía también decía ‘se fue con un novio y no hay nada que hacer’”
La sucesión de femicidios llamaron la atención de Françoise Roth, la abogada en derechos humanos que participó en la elaboración del Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres.
“Los protocolos guían a los fiscales en la investigación en este tipo de casos y sirven para hacer entender las especificidades de los crímenes de género”, dijo Roth a TN.com.ar desde Washington. “Todo comienza en la escena del crimen y termina en el litigio”.
La abogada francesa, que asesoró a la UFEM en la conformación del protocolo en la Argentina, explicó que esas especificidades se encuentran en la manera que una mujer es asesinada y en las razones detrás de ese asesinato. Es decir, el contexto y las circunstancias.
“Por lo que he leído, a través de la prensa, en Jujuy la reacción de las autoridades es desconocimiento de las particularidades, por ejemplo, en las desapariciones de niñas. En Ciudad Juárez, decían ‘se fue con su novio a los Estados Unidos y no hay nada que hacer’. Tomar esta postura es no entender que cuando una mujer desaparece, algo más pasó y no podés ignorarlo”.
“Sin embargo, ha habido muchos cambios y hay que reconocerlos. Si hay avances, resistencias vamos a tener y veo reacciones en los operadores de Justicia de Jujuy similares a lo que sucedió en México, pese a que en Derecho la Argentina parece bastante avanzada”.
Pasaron 16 años del Campo Algodonero. ¿Por qué los investigadores siguen cometiendo los mismos errores? “Hay una resistencia muy fuerte a ver el fenómeno social como lo es. Es muy complejo hacer ese cambio. Hay personas que todavía viven en sociedades sumamente machistas y que no logran ver o no lo quieren ver”, respondió Roth.
“Si lográramos que la escena del crimen sea tratada de manera adecuada cuando hay una muerte violenta de una mujer, estaríamos en otro lugar. Por el momento, es uno de los problemas mayores”, cerró la especialista en género.
“Si desapareces, no te buscan”
“Roxana Masala venía sufriendo episodios de violencia y el Estado no la acompañó. Cuando la asesinaron, el ministro de Seguridad Ekel Meyer se excusó diciendo que ella había decidió voluntariamente volver con su femicida. Ni un poquito de perspectiva de género”, apuntó Natalia Aramayo, de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy.
“La provincia tiene 12 centros de atención, pero de ‘cartelito’: en los hechos no funcionan todos los días, el único fijo es el de San Salvador de Jujuy. En el resto, las víctimas tienen que sacar un turno y esperar que vuelva la profesional para atenderla. Es un Estado de mucha propaganda, pero en los hechos, no llega o llega tarde. No busca a las mujeres ni a las niñas”, denunció la referente feminista.
“Hay una falta en el accionar de la Justicia y de los organismos. Si desapareces no te buscan. Tenemos un caso emblemático en la provincia, el de Cintia Tolaba, una niña desaparecida hace cuatro años. Solo la busca su mamá, Aideé Juradillo. Y cada vez que pega carteles en las comisaría, al otro día los carteles no están”, contó Aramayo.
La dirigente consideró que la situación es aún más compleja porque también “hay funcionarios denunciados por violencia de género y sexual que siguen estando en sus cargos”.
El aislamiento, la razón del aumento de la violencia para el Gobierno jujeño
Mientras las organizaciones feministas denuncian que el aumento de la violencia y el número de femicidios están vinculados a la ausencia del Estado provincial. El Gobierno jujeño sostiene que es producto del aislamiento obligatorio decretado por Alberto Fernández para achatar la curva de contagios.
Autoridades provinciales aseguraron a TN.com.ar que el esfuerzo por revertir la situación es grande, que lo demuestran exponiendo una larga lista de medidas implementadas tras los crímenes de 2020.
Sin embargo, admiten que queda un largo camino por recorrer en todos los estratos del Estado, sobre todo en las fuerzas de seguridad. “Son cuestiones culturales que cuestan desprender y con las que ya no cargan las nuevas generaciones”, afirmaron.
Por su parte, Alejandra Martínez, la titular del Consejo Provincial de la Mujer y de Igualdad de Género de Jujuy, destacó que la ley de emergencia en violencia de género se sancionó porque detectaron “la demanda de la sociedad”. “Ya veníamos realizando un trabajo muy importante”, aclaró luego de enumerar una serie de medidas para atender la problemática, sobre todo la creación de los centros de atención integral para las víctimas y el flamante Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición y Extravío de Mujeres y Niñas o Personas de la Diversidad.
“En el periodo de la pandemia llevamos 8300 atenciones a mujeres en situación de violencia y 1326 casos nuevos, entre el 18 de marzo y el 31 de octubre”, ejemplificó Martínez.
“Creemos que el aislamiento ha tenido un fuerte impacto a pesar de todos los esfuerzos”, aseguró la funcionaria.
Martínez recordó que el Ministerio de Mujeres y diferentes organismos advirtieron “que las mujeres estén encerradas con sus agresores, podría complicar la situación. Se hicieron todos los esfuerzos, pero aún así ocurrieron”.
Y puntualizó: “Notamos que las situaciones de violencia habían crecido y pusimos a disposición una línea telefónica por cada uno de los centros de atención. Las comunicaciones no se interrumpieron durante la pandemia. No obstante, sucedieron estos hechos que enlutan a la provincia y el crecimiento de las cifras de femicidios, lo cual generó un impacto muy fuerte en toda la sociedad y quienes trabajamos todos los días en esta situación”, sostuvo.
“Es muy importante decir que en ningún caso teníamos antecedentes (de violencia) previos”, se atajó en relación a las críticas en la prevención que recibió su gestión desde sectores feministas. Incluso, mencionó que el padre de Nahir Álvarez se mostró sorprendido por el femicidio. “Nos dijo que él nunca hubiera pensado que el hombre que había llevado a vivir a su casa iba a ser el asesino de su hija”, aseguró Martínez.
Sin embargo, la titular de género admitió que “la capacitación debe ser constante y siempre hay que fortalecer todos los dispositivos: la policía debe actuar con mayor celeridad, los servicios deben ser de mayor calidad”. En ese sentido, agregó: “Lo notamos y por eso motivo, decidimos aumentar las partidas presupuestaria. Estamos fortaleciendo nuestros dispositivos”, aseguró.
Con respecto a las cifras, sostuvo que la provincia tuvo en el 2016, 10 femicidios; en el 2017, siete femicidios; en el 2018, cuatro, en el 2019, cuatro y actualmente tienen nueve femicidios y nueve casos en proceso de investigación.
Sobre el caso Iara, Martínez desmintió a la familia: “No es que no se buscó. Puede haber cuestionamientos, lo hablé con el ministro de Seguridad y me aseguró que se estuvo realizando la búsqueda de Iara. Ha habido manifestaciones que se debieron utilizar otras herramientas y mecanismos”.
No obstante, aclaró: “Entiendo que la investigación sobre cómo se procedió, si la actuación fue la que correspondía ha sido deficiente. Creo que le cabe a la Justicia hacer esas afirmaciones. De todos modos, fue el gobernador el que dijo hay que mejorar en todos los órdenes. Ha sido un momento de inflexión que ha llevado a aplicar muchas otras políticas que esperamos sirvan para bajar esos índices que son tan duros, de tragedia”.
Sobre el número de desaparecidas, la funcionaria atribuyó al “consumo problemático de sustancias” la causa de algunos casos de mujeres perdidas o extraviadas que son encontradas con vida.
Campo Algodonero: la experiencia del EAAF y la sentencia de la CIDH
“La participación del EAAF en Ciudad Juárez se empezó a formalizar en 2004 cuando aún no se hablaba, en el ámbito forense y de investigación de homicidios”, señaló a TN.com.ar Sofía Egaña, una de las integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense que llevó adelante la gesta del Campo Algodonero.
La ciudad mexicana ya cargaba con varios llamados de atención de entidades nacionales e internacionales en relación al alto índice de muertes violentas de mujeres y desapariciones cuando el grupo de científicas desembarcó en el territorio. “Justicia para nuestras hijas” fue la organización no gubernamental que más apoyó la intervención del equipo argentino.
“Nunca antes nos habían llamado para investigar solo casos de mujeres. Ya habíamos trabajado casos de lesa humanidad, con intervenciones en los Balcanes, en África, en todo Centro América y en la Argentina. Analizamos 24 expedientes para ver qué estaba pasando en Juárez. En ese primer informe notamos serias irregularidades en los procesos de investigación de desaparición y aparición de cuerpos”, recordó Egaña.
El trabajo del EAAF en la zona fue inmenso. La antropóloga enumeró: “Tuvimos acceso a las causas y decidimos hacer exhumaciones en los cementerios para la identificación y conocer las causales de muerte de las niñas. Eran restos ya esqueletizados. Propusimos hacer un grupo homogéneo: todas eran mujeres jóvenes. Trabajamos todos los restos que se encontraban como NN en los depósitos y los que se enterraron con esa denominación. Se exhumaron todos los cuerpos que estaban en los cementerios en estas condiciones, en un rango temporal que arrancaba desde el 97 en adelante”.
Y siguió: “La otra pata era el perfil genético de las familias. Se convocó a todas las personas que quisieron dar muestras que hubieran tenido una mujer desaparecida en su familia y también se incluyó a las familias que habían recibido cuerpos de jovencitas y que tuvieran dudas razonables acerca de la identidad del cuerpo restituido. Se hizo un cotejo de ADN masivo: se cotejó todos los perfiles obtenidos de los restos, contra todos los perfiles de los familiares que donaron muestras”, precisó.
El EAAF trabajó solo sobre los cuerpos esqueletizados que habían sido arrojados o enterrados en zonas desérticas, con altas temperaturas, condiciones que aceleran el proceso de desprendimiento de la epidermis.
“La estrategia metodológica que se había usado para la identificación no se ajustaba a la realidad, nos encontramos con expedientes de dos hojas; el proceso de toma de denuncia y las condiciones de investigación eran absolutamente irregulares; limpiamos todas las listas de desaparecidas y las actualizamos, porque algunas habían aparecido y no se volcaban a los registros oficiales”, detalló la antropóloga forense.
El cotejo permitió “no solo confirmar las identificaciones de estas chicas, si no también excluir que las otras no sean. Para nosotros el “no” también es una información. Los familiares, por lo menos sabían, que ahí no estaba su hija, que había que buscarla en otro lado”, puntualizó Egaña.
“Trabajamos más de 100 casos de restos femeninos no identificados y expedientes de desaparición de unas 82 familias, de los cuales se identificaron 33 y se excluyeron otras identificaciones. Dentro de todo esto, nosotros tomamos el caso del hallazgo de ocho cuerpos en un predio que se usaba para plantar algodón, cercano a Ciudad Juárez, de mujeres en distintas condiciones de preservación. Había algunos que estaban absolutamente esqueletizados y otros, como el de Esmeralda Herrera Monreal, con signos claros de abuso a la integridad sexual. Los otros cuerpos estaban envueltos en mantas. No estaban una al lado de la otra, pero sí, a unos metros. No podemos saber exactamente a qué distancia porque el relevamiento fue absolutamente incorrecto, como lo fue la recuperación de la evidencia”, relató la forense.
“De esos ocho cuerpos, tres llegan a la Corte Interamericana, de estos ochos cuerpos. El EAAF actuó como perito en el proceso judicial contra el Estado mexicano. Emitimos nuestro testimonio en unas 90 páginas”. El documento describe de forma minuciosa la situación de irregularidades y desdén que atravesaban las investigaciones de cada caso.
“Juárez fue un parte aguas por la movilización que tuvo desde distintos actores sociales y por lo que implicó la sentencia de Campo Algodonero de la CIDH, fue un caso paradigmático que llevó al campo forense y del litigio conceptos del área de las ciencias sociales y la sociedad civil”.
Fue el puntapié inicial para la creación de protocolos y guías de actuación en casos de femicidios. El Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género fue publicado por la ONU en 2014. En la Argentina, la UFEM elaboró uno propio en 2018.
“Es muy difícil entender en Europa lo que está pasando”
La sentencia de la CIDH fue un caso detonante en América Latina que reveló las características de los femicidios y la importancia de la actuación de los operadores de Justicia. “A partir de ese momento se ha desarrollado una jurisprudencia que detalla cada vez más cómo una investigación debe llevarse a cabo cuando se trata de la muerte violenta de una mujer. Ha proporcionado la oportunidad para que los Ministerios Públicos se focalicen en eso”, indicó la abogada francesa Roth.
“Está tomando tiempo, pero es normal porque es algo relativamente nuevo. Todo esto no se puede considerar sin tener en cuenta a las organizaciones y el movimiento de las mujeres en toda América Latina. Es lo que generó los cambios a nivel del derecho penal. Eso fue antes de la decisión de Campo Algodonero. Es muy difícil hacer entender en Europa lo que está pasando porque es muy fuerte y que sea continental es extraordinario. En casi todos los países en América Latina, ahora, tienen una tipificación”, remarcó la abogada en Derechos Humanos.
“A partir de este caso, la CIDH se mete bien de lleno en el fenómeno de los femicidios y en las obligaciones particulares de los Estados. Es un mandato muy claro. Las muertes violentas de mujeres y las desapariciones en Ciudad Juárez, tuvieron que ver con una inacción del Estado en la búsqueda de esas jóvenes, lo que generaba una suerte de aval. La falta de respuesta y la falta de sanción de los crímenes dio un mensaje de naturalización de esa violencia. Esto es lo que Marcela Lagarde llamó feminicidios: una combinación entre los crímenes y una falta de respuesta del estado”, señaló Mariela Labozzetta, titular de la UFEM.
“Es el faro, es el punto de inflexión en el ámbito internacional porque por primera vez se analiza el cruce entre las desapariciones de mujeres y las investigaciones de femicidios. En se momento, se hace una interpretación del deber de debida diligencia reforzado del Estado de iniciar investigaciones de oficio y urgentes. Al mismo tiempo, se exhorta a los Estados para que tengan protocolos de actuación, de hecho es la causa de que exista el Modelo de Protocolo Latinoamericano, en el cual se basa nuestro protocolo de femicidios”, señaló Laura Labozzetta, apuntó la fiscal federal.
En el ámbito judicial, a través de convenios firmados entre el Ministerio Público provincial y el de Nación, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) ofrecieron capacitaciones obligatorias sobre búsqueda y desapariciones, femicidios y perspectiva de género. En el programa se incluyó el caso del Campo Algodonero.
Los números de la violencia contra las mujeres en Jujuy
Según la única fuente oficial existente a nivel nacional sobre muertes violentas por razones de género, el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los femicidios en Jujuy en los últimos años fueron tres en 2019 (para la provincia, fueron cuatro); hubo cinco en 2018 y ocho en 2017.
En tanto, en lo que va de 2020, según un relevamiento del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, hubo diez presuntos femicidios en la provincia. Por su lado, el Consejo Provincial de la Mujer de Jujuy confirma 9 y ubica, según resoluciones judiciales, las muertes de Pamela Chosco y Camila Peñalba en proceso de investigación.
Ninguno de los órganos estatales menciona el crimen de Doris Pacheco debido a que fue asesinada el último día de 2019, aunque su cuerpo fue encontrado el 7 de enero de este año.
Las cifras son muy distantes del registro que lleva la Multisectorial de Mujeres y Disidencias en el territorio. Esa organización listó 91 nombres de mujeres asesinadas entre 2015 y 2019.
En cuanto a las desapariciones, desde el Gobierno a cargo de Gerardo Morales indicaron que existen 250 oficios de búsqueda, aunque el 43 por ciento ya habrían sido resueltos.
El desfase se debe, según explicaron, a que no se carga el cese de alerta o porque la familia no avisa cuando encuentran a la mujer que denunciaron como desaparecida. En ese sentido, trabajan al Sistema Federal de Búsqueda de Personas, que depende del Ministerio de Seguridad de Nación, para depurar la base nacional.
El Ministerio de Seguridad jujeño cuenta con estadísticas sobre denuncias de violencia de género, aunque aclaran que las cifras actuales no son representativas. “Durante la cuarentena más estricta, las comisarías no tomaron denuncias y se hacían vía web al Ministerio Público”.
Desde el 1 de enero al 15 de noviembre de 2020, hubo 3112 denuncias de violencia de género. En el mismo periodo del 2020, se registraron 3121. Por otro lado, el centro de monitoreo registró, de enero a octubre, 3006 “incidentes” de mujeres agredidas y 3271 en 2020.
“Nací para ser libre, no para ser asesinada”, fue el último mensaje que publicó Gabriela Abigail Cruz antes de cruzarse con su expareja en la calle, que la mató de un golpe en la cabeza ese mismo día: el 24 de septiembre. Una semana más tarde, encontraron su cuerpo en una zona de pastizales altos cerca de la ruta 66 de Palpalá.
Matías Figueroa, el femicida, había sido demorado pero fue liberado por falta de pruebas. Participó de los rastrillajes y de las marchas. Tras el hallazgo del cuerpo, él mismo confesó el crimen.
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