En Pergamino, de acuerdo a las denuncias que constan en la causa que tramita en el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, se suceden casos de enfermedades e intoxicaciones y la pericia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara que el agua de tres barrios de nuestra ciudad, inmersa en el océano de la soja, no es apta para consumo humano por la cantidad de plaguicidas que lleva disueltos.
En Entre Ríos, la Justicia rechazó una decisión del gobierno provincial de autorizar las fumigaciones a 100 metros de las escuelas y fijó límites de 1.000 o 3.000 metros, si se trata de fumigaciones terrestres o aéreas. Para eso, debió ocurrir que varias escuelas resultaran evacuadas y sus alumnos intoxicados luego de sucesivas aplicaciones de veneno. Eso sí: sobre las granjas de pollos no se pueden fumigar.
Un prestigioso profesor de la facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Javier Souza Casadinho, estableció que en la Argentina se aplican 107 plaguicidas que están prohibidos en otros países, de los que un tercio son "altamente peligrosos".
En ciudades del sur de Córdoba, donde no hay otro aporte “contaminante” que el campo, hay estudios que revelan tasas de muertes por tumores que triplican el promedio nacional, destaca un informe de Sergio Federovisky, que publicó Infobae.
¿Es una confabulación ecologista para atacar al campo? ¿O hay una crisis en un modelo de producción altamente insustentable que decuplicó en una década los volúmenes de pesticidas para sostener cierto nivel de productividad? Esa crisis revela algunas cosas:
-El glifosato, plaguicida añadido al modelo sojero por Monsanto, no es el agua bendita que decía ser: la justicia de Estados Unidos lo condenó ya tres veces en los últimos años, sentenció a la semillera multinacional por falsear los informes sobre su presunta condición inocua y la propia Organización Mundial de la Salud lo declaró “potencial cancerígeno”.
-Lo que hoy se revela en términos de catástrofe de salud pública no es una cuestión de “mala praxis” -un productor que se pasa de dosis-, sino las consecuencias de las aplicaciones sucesivas dentro de parámetros “legales” que se vuelven ilegítimos al poner en riesgo a la población. La normativa siempre se rehusó a medir los efectos de la cronicidad de los venenos agrícolas; es decir, no una intoxicación puntual, que todos sabemos qué produce, sino los efectos de una exposición permanente a los agroquímicos.
¿Hay formas más sanas de producir? Sí. Y si no, hay que buscarlas.
Los voceros del campo se defenderán, como señaló el presidente Mauricio Macri, diciendo que modificar este modelo de producción causará perjuicios económicos. Se perderá el 20 por ciento de la superficie cultivada, sostuvo el presidente en relación a la temeraria decisión de la justicia de proteger a las escuelas de la lluvia de pesticidas.
El problema es que así no habrá clientela a la que venderle los productos.
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