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La Fiscalía Nº 3 desbarató una acción conocida como “sextortion”

La denuncia radicada por la víctima a mediados de 2017 en la sede del Ministerio Público Fiscal relataba una serie de hechos en los que una persona en forma anónima amenazaba con divulgar y publicar imágenes y videos íntimos de su propiedad.

Tras un año de exhaustiva investigación la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 que preside Nelson Mastorchio, en conjunto con la oficina de Análisis Seguimiento Información Criminal dependiente de la Fiscalía General departamental, esclarecieron un hecho de amenazas reiteradas que pretendieron ocultarse en el supuesto anonimato de las redes informáticas. Este tipo de delito cibernético es conocido como “sextortion”, algo así como extorsión sexual.

La denuncia radicada por la víctima a mediados de 2017 en la sede del Ministerio Público Fiscal relataba una serie de hechos en los que una persona en forma anónima amenazaba con divulgar y publicar imágenes y videos íntimos de su propiedad. Dicha conducta finalmente fue perpetrada exponiendo la intimidad de la persona denunciante al corroborarse que un video de contenido sexual explícito fue “subido” a un sitio Web de pornografía.

Novedosa investigación

Los datos aportados en la denuncia indicaban fuertes sospechas sobre quién sería la persona que a través de distintas redes amenazó con llevar adelante estas reprochables acciones. La instrucción penal estuvo a cargo del agente fiscal Nelson Mastorchio, quien trabajó en colaboración con los doctores José María Cifuentes y Juan Martín Fontana, abogados especializados en estos novedosos hechos delictivos propios de la era digital.

Los primeros pasos de la investigación se abocaron a verificar en qué página Web se encontraban publicados los archivos íntimos de la víctima. Una vez obtenido el nombre del sitio, se ofició digitalmente al lugar donde se encuentra radicado el mismo (Europa oriental), gracias a la tecnología de última generación adquirida por la Procuración General bonaerense.
Dicha empresa respondió al requerimiento en un lapso menor a ocho horas con el nombre del usuario que efectivamente había realizado la publicación. Cumplido ese plazo, se identificó el número de IP (Internet Protocol) que es un método de identificación dinámico que permite determinar la conexión de una persona en una fecha y hora exactos, y de esta manera verificar datos de suma relevancia para la investigación.

Todos esos datos fueron conectándose en el término de un año y finalmente, a través de la empresa prestadora del servicio de Internet, se dio con el domicilio de la persona imputada que residía en nuestra ciudad.

Acto seguido, identificada esta persona se la citó a declaración indagatoria y rápidamente se elevó la causa a juicio por ante el Juzgado de Garantías Nº 1 a cargo de César Solazzi. Si bien la Defensa se opuso a dicho requerimiento y luego presentó un recurso ante la Cámara de Apelaciones, se dio curso a lo solicitado por la acusación. En esta instancia la Fiscalía ofreció a la víctima una resolución pacífica, a cambio de una fuerte suma de dinero y la condición de no cometer nuevos delitos dio por terminado el conflicto penal.

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