Gracias a la identificación del ADN (Ácido Desoxirribonucleico), es posible conseguir la información genética de un individuo y determinar tanto su aspecto físico como ciertos rasgos de su personalidad en una investigación judicial. La genética forense se encarga de su análisis en el campo de la criminología cuando se trata de hechos gravísimos, como es el caso del doble homicidio del Barrio Ameghino que dejó como saldo la muerte de Pablo Martín Caputa y su progenitora María Elisa Rafaele.
Ese análisis genético de materiales biológicos como sangre, por ejemplo, facilita la identificación tanto de las víctimas como del asesino en un caso de investigación criminal. El examen de ADN precisamente es el que no puede realizarse en el marco de la causa de Femicidio que tramita en la Fiscalía Nº 5 el Departamento Judicial Pergamino y que tiene como único acusado a José Nicandro Rojas.
El motivo es que la Justicia no cuenta con los recursos financieros suficientes para hacer frente al costo del análisis de ADN. Si bien el fiscal Guillermo Alfredo Villalba está al frente de un grupo de trabajo que actuó con eficacia y rapidez tras el hallazgo de las víctimas en la vivienda de la esquina de las calles Conscripto Tomás Eduardo Silva y Maipú, el miércoles 27 de marzo pasado, en horas de la tarde, lo que permitió recolectar pruebas firmes y convincentes, al tiempo que se continua abasteciendo con solidez el cuadro probatorio, la realidad es que también existe preocupación en el ámbito de la Justicia.
La inquietud de los actores judiciales obedece a que en el marco de una resolución de la Suprema Corte de Justicia desde el 1° de marzo quedó fuera de servicio el Laboratorio de Toxicología y Química Legal de la Dirección General de la Asesoría Pericial. Es decir, dejó de funcionar una dependencia considerada relevante para los procesos judiciales que se llevan adelante en la Provincia de Buenos Aires.
Entre los fundamentos se indica que “atento a la falta de insumos y reactivos y el colapso de los lugares destinados a la guarda, no pudiéndose dar ingreso a los oficios de solicitud, muestras y efectos para peritar en virtud de lo reseñado”. También indica que “se solicita que se informe a los agentes fiscales que se ha dispuesto la medida que se detalla con el objeto de no colapsar en las operaciones de autopsias, según lo detalla la práctica médica y judicial”.
Esta resolución genera que los requerimientos de estudios químicos realizados por los representantes del Ministerio Público deben ser solicitados y aprobados a tal efecto, lo que demora mucho más los procesos judiciales. En síntesis, el ajuste también llegó a la Justicia.
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