“Llegaron al poder con un golpe”: el discurso por el que Perón pidió el desafuero del diputado Arturo Illia

Que era un viejo bonachón y lento, decían. Una tortuga. Faltaban 15 años para que la oposición lo castigara con este tipo de calificativos. Transcurría diciembre de 1950, Arturo Umberto Illia era diputado y la expulsión de Ricardo Balbín de la Cámara, que se había concretado hacía más de un año, todavía lo indignaba. Durante un acto partidario, un Illia enérgico apuntó contra los jueces que ordenaron echar del Congreso a su par, que en ese entonces se encontraba alojado en el penal de Olmos.

La Policía, mientras, tomaba nota:

“En la tarde de ayer a las 20,20 horas se llevó a cabo la conferencia política de carácter público, realizada por la Unión Cívica Radical […] autorizada por la División Orden Público […] asistieron a dicho acto unas ciento cincuenta personas [y] el acto fue controlado por el suscripto”.

La nota, con fecha del lunes 4 de diciembre de 1950, lleva la firma del comisario de Gonzáles Chaves, Oscar Castro, y fue remitida al jefe de la Unidad Regional VI con asiento en Bahía Blanca, de la que dependía.

Curiosa forma de poder manifestarse la oposición política en democracia si los actos públicos tienen que ser autorizados por la policía y sus autoridades controlarlos. Pero más allá de esto, que en sí mismo contradice la noción de democracia, lo curioso es que el comisario centró su escrito en las palabras pronunciadas por Illia. De acuerdo con el texto, el legislador se había referido al caso de Sammartino, Rodríguez Araya y Santander, que estaban exiliados en Uruguay por haber cuestionado al gobierno de Perón desde sus bancas parlamentarias, y en ese contexto mencionó “la injusta sentencia aplicada al Dr. Ricardo Balbín; la inconsciencia de los jueces, que posiblemente presionados o bien para conquistarse la simpatía de los gobernantes, dictaban fallos arbitrarios, como el Dr. Menegazzi, para con Balbín”.

Un mes más tarde de haber relevado el acto de la UCR, la Policía de la Provincia resolvió avanzar con la investigación de desacato, y también en un mes, con declaraciones internas y testigos del vecindario, dio por probado el delito, por lo que sería el titular del Juzgado Federal -que en la práctica no existía puesto que era un Juzgado Nacional- el encargado de proseguir con la causa. Una rapidez llamativa para la época, aunque no tanto para avanzar en contra de los opositores, como ya se había demostrado en el caso del desafuero de Ricardo Balbín.

Doce días después de enviada, la investigación llegó al Juzgado Nacional de Primera Instancia y en un mismo día se recibió, se dio vista al Procurador Fiscal para que se expidiera sobre la competencia del Juzgado y el Fiscal dictaminó que, efectivamente, el juez Eliseo Schieroni era competente para la causa. Todo ocurrió en una mañana.

El juez pidió entonces a quienes habían hablado en el acto que dijeran “si fue orador el diputado nacional Arturo Illia” y que, en ese caso, explicaran cuál fue el tema de su disertación, expresando concretamente si se refirió a la “injusticia que se había cometido en la condena del Dr. Ricardo Balbín” sí aludió a “la inconsciencia de los jueces” diciendo que, “posiblemente presionados o bien para conquistarse la simpatía de los gobernante, dictaban fallos arbitrarios”.

Los legisladores provinciales, con diversos escritos, dijeron no poder dar fe de la afirmación. En cambio, Moisés Lebensohn fue contundente: “Es verdad fue orador en dicho acto el diputado nacional Arturo Illia, quien se refirió en su disertación a los problemas institucionales del país. Que no son exactos los términos que le atribuyen a dicho diputado en la pregunta formulada. El Dr. Illia expresó la solidaridad del radicalismo con el Dr. Balbín, a cuya prisión aludió como una definición del momento político argentino. Se refirió en términos generales a la situación de la justicia y a la necesidad de que esta garantice su imparcialidad en su independencia ante los poderes políticos, lo que no ocurre en el momento actual, dando como prueba de su aserto, la presencia de las más altas magistraturas judiciales en actos políticos del régimen gobernante”.

El juez Schieroni el 3 de julio de 1951, es decir siete meses después de los hechos denunciados, resolvió remitir el sumario a la Cámara de Diputados para que considerara si correspondía “suspender en sus funciones al señor Diputado Nacional, doctor Arturo Illia, poniéndolo a disposición de la Justicia”.

A todas luces una persecución política enmascarada en una causa judicial, lo que casi 70 años después se ha dado en llamar lawfare, pero que no amedrentó a Illia, quien dos días después de la resolución de Schieroni se presentó en un acto en Témperley. La Policía Bonaerense estaba allí de nuevo para grabar sus palabras.

Dijo Illia: “Vosotros debéis entender, señores, que la Unión Cívica Radical es un partido que se ha hecho desde abajo para arriba. Es fácil formar un partido político dando un salto de Campo de Mayo a la Casa Rosada, utilizar todos los resortes oficiales y perpetuarse en el poder. Lo difícil es seguir por los caminos de la República, ir buscando a la gente y hablándoles al corazón y a la conciencia, hablarles al sentimiento y a su inteligencia, para decirles qué es lo que quiere un partido político, cuáles son nuestras ideas, para que vengan poco a poco los hombres de buena voluntad fortaleciendo este partido y así presentarse en las luchas cívicas de la República y entonces el pueblo decida cuál ha de ser su destino y cuál ha de ser su clase gobernante. Así se formó la Unión Cívica Radical. Este otro partido que nosotros enfrentamos se formó de una manera sumamente distinta. Llegaron al poder y ¿cómo llegaron al poder y para qué llegaron al poder? Porque se realizó aquella revolución del 4 de Junio de 1943”.

Y agregó: “Llegó el 44, cuando se creó la oficina de Trabajo y Previsión que ahora quieren convertir en un monumento nacional, ahí como secretario de la oficina de Trabajo y Previsión el actual Presidente de la República. ¿Y qué sabía el Señor Presidente de la República de movimientos obreros, de sindicalismo, y de inquietudes de la clase trabajadora argentina, si nunca había actuado en nada de esto, si nunca había leído nada, si no le conocemos un libro o discurso ni una inquietud de ninguna naturaleza? ¿Como salió de la noche a la mañana en señor tan amante de las clases trabajadoras de la República?”.

Illia fue a fondo en su ataque a la gestión peronista: “Existe un Ministro de Trabajo y Previsión que es vidriero y que es un obrero y lo han puesto de Ministro […] nos alegramos que el señor Freire, vidriero, esté ocupando el Ministerio de Trabajo y Previsión, pero de lo que no nos alegramos es que cualquiera que vaya al Ministerio de Trabajo y Previsión a solucionar un conflicto, no pregunte nadie por el señor Freire, que pregunten todos por la mujer del Presidente que es la que dirige el Ministerio de Trabajo y Previsión. El señor Freire sirve únicamente para abrirle la puerta y para alcanzarle la silla en que se siente, a la esposa del Presidente de la República. Y yo digo que eso los lastima, porque eso sí que es una afrenta contra la clase trabajadora argentina. Si quisieron poner un trabajador, denle toda la jerarquía, toda la dignidad, toda la libertad para que actúe de acuerdo con su conciencia y que no sea un mucamo más al servicio de esta dictadura…”.

Sabiéndose denunciado y vigilado, el legislador añadió: “Acá en la Argentina está todo controlado y vigilado por esta tremenda policía, por este tremendo estado policial que ha creado este régimen”. Y concluyó: “Estos hablan de que cumplen todo y no cumplen con nada ni con nadie. Cumplen con ellos mismos, cumplen con la jerarquía oficial, cumplen con los hombres encumbrados que ayer tenían los fundillos rotos y hoy se pasean en automóviles que no pueden estar al alcance de la clase trabajadora argentina”.

Tras las averiguaciones policiales del caso, se elevó la copia del sumario a la Cámara de Diputados para definir la suerte del legislador. Curioso: quien lo hizo no fue el juez Bambill sino Andrés Guatta, general de Brigada y jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Un detalle que expone a las claras como todo era una puesta en escena para perseguir y acallar opositores y, en ningún caso, una investigación real en pos de dilucidar la comisión o no de un delito.

A diferencia de lo que había ocurrido con Balbín, Sammartino, Rodríguez Araya y Santander, la exclusión de Illia de la Cámara de Diputados no avanzó y el 30 de abril de 1952 dejó de ser legislador.

El hecho de que el acusado en el caso relatado sea Arturo Illia revela, además, que no era aquella tortuga que se pretendía mostrar desde los medios de comunicación una década y media después cuando ejerció la más alta magistratura del país.