El 2 de marzo de 2017, Sergio Filiberto, Federico Perrotta, Alan Córdoba, Franco Pizarro, Jhon Mario Claros, Juan Carlos Cabrera y Fernando Emanuel Latorre murieron en la Comisaría Primera, en medio de un incendio que ahora la Justicia comprobó que pudo haber sido apagado por los policías presentes en el edificio.
Después de un arduo camino de lucha e investigación paralela, las familias aportaron evidencias que mostraban que los efectivos que se encontraban en la seccional no intervinieron al momento que se había desatado el siniestro. Aquel incendio fatal se había iniciado tras una protesta debido a las malas condiciones del lugar. Ahora, cuatro policías -César Brian Carrizo, Carolina Denise Guevara, Sergio Ramón Rodas y Matías Giuletti- cumplen una medida de arresto domiciliario y dos -Alexis Miguel Eva y Alberto Sebastián Donza- se encuentran detenidos en unidades penitenciarias.
Mientras tanto la causa judicial sigue su curso en el Departamento Judicial Pergamino y espera el trámite de rigor para la realización del juicio oral y público, que estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 (TOC). El martes pasado precisamente, los jueces del Tribunal rechazaron la recusación planteada por el abogado defensor de cinco de los seis policías imputados, Gonzalo Alba. Según la defensa, que ya había recusado sin éxito al fiscal Nelson Omar Mastorchio y al juez de Garantías, César Alejandro Solazzi, “existe un cuadro de gravedad institucional que afecta a todo el Departamento Judicial Pergamino y que, en consecuencia, ello le ha impedido obtener respuestas ajustadas a derecho”.
También destaca que el 1º de marzo de 2017, el alojamiento en la Comisaría Primera superó el cupo máximo permitido para esa dependencia -que podía albergar hasta 18 detenidos- y que se encuentran “comprometidos” los integrantes de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Pergamino porque “sus integrantes componen el Comité de Control de Detenidos, pues informaron falazmente que en la Comisaría se encontraban alojados 18 detenidos, cuando en realidad el número era de 19, ello con el designio de encubrir la falta del juez Solazzi y el fiscal Mastorchio, como la desidia en el control del cupo”.
En otro orden, Alba señala como “fue mutando la calificación legal de los hechos que se juzgarán por parte del Agente Fiscal, razonando que ello se debió precisamente a que se encontraba en juego también su propia responsabilidad en los mismos y que se vincula directamente con el número máximo de detenidos que se excedió al ingresar (Juan José) Cabrera a la dependencia policial” y enumera a los magistrados del Departamento Judicial Pergamino, a los cuales se denunció como -además de Mastorchio y Solazzi- los camaristas Martín Miguel Morales y Mónica Guridi; al Fiscal General, Mario Daniel Gómez y a la fiscal Patricia Fernández, lo que “importa que ‘median circunstancias que, por su gravedad, afectan la independencia e imparcialidad del Tribunal”.
En respuesta a la recusación formulada por el letrado de los policías acusados, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 no advierte que “se encuentre comprometida de ningún modo la imparcialidad” y dice en su resolución que “en parte así lo ha reconocido el propio peticionante al exponer que se encuentra ‘...ajeno a todas estas denuncias y a cualquier acto contra leggem en la presente causa’”.
El dictamen elaborado por el presidente del TOC, Danilo Héctor Cuestas y acompañado en el mismo sentido por sus pares Miguel Angel Gaspari y Guillermo Burrone, argumenta que “no existe ningún tipo de interés en el proceso iniciado a partir de los luctuosos hechos acontecidos el 2 de marzo de 2017” y afirma que “no tengo enemistad ni amistad alguna con ninguno de los involucrados y no comparto en lo absoluto que quien esto suscribe, como mis colegas, puedan sufrir algún tipo de presión por las sendas denuncias que se le realizase a otros magistrados que integran este Departamento Judicial”. Por el contrario, “apartarnos de intervenir en estos sucesos, importaría violentar nada más ni nada menos que la garantía de juez natural, que supone la existencia en la organización estadual de jueces preconstituídos”, consta en la resolución de los magistrados.
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