Una vez más fue primicia exclusiva de PRIMERA PLANA que lo confirmó pasado el mediodía de ayer e inmediatamente la noticia comenzó a verse replicada en los medios provinciales y nacionales.
El propietario de un campo de J.A. de la Peña, un ingeniero agrónomo de Pergamino y un aplicador de Acevedo fueron detenidos en la mañana de ayer por orden del juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, acusados de violar la ordenanza del Municipio sobre el “manejo responsable de productos fitosanitarios” que, entre otros aspectos, limita las fumigaciones a determinadas áreas alejadas de la zona urbana y los establecimientos educativos.
Según consta en la causa “S/Infracción al Art. Nº 55 de la Ley Nº 24.051 y 200 del Código Penal”, que tramita en el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Nicolás, las detenciones se generaron por las reiteradas denuncias de los vecinos de J.A. de la Peña y por el nuevo impulso del Municipio, lo que llevó a comprobar que en el campo en cuestión se pulverizaba en zonas no permitidas e incluso en cercanías a la Escuela Nº 19 y del Jardín de Infantes N° 920.
La normativa municipal indica que la “zona de exclusión” es donde no se autoriza ningún tipo de pulverización y está formada por los primeros 100 metros desde el límite de la zona urbana, y a continuación sigue la “zona de amortiguamiento” con un ancho de 500 metros. Es decir, que la suma de ambas zonas hacen un total de 600 metros desde el límite de la zona urbana. Y es lo que los nuevos imputados de la causa federal desobedecieron.
Además de las detenciones se realizaron cinco allanamientos en simultáneo en el establecimiento rural ubicado sobre la calle Ricardo Guiraldes, de J. A. de la Peña, lugar de donde se secuestraron muestras sólidas de suelo y cultivo que podrían contener agroquímicos, las cuales hoy serán trasladadas a Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce para determinar la presencia de plaguicidas, su porcentaje y peligrosidad para la salud de las personas, agua, aire y tierra en las concentraciones que podrían resultar perjudiciales para el medio ambiente; una vivienda de calle Rafael Obligado S/N°, de J. A. de la Peña, donde reside el dueño del campo; un galpón ubicado sobre la calle Rafael Obligado, esquina Ricardo Guiraldes, de J.A. de la Peña, donde se secuestro la maquinaria agrícola utilizada para fumigar el 19 de octubre pasado; un departamento de calle Dr. Alem al 300, de Pergamino, donde reside el ingeniero agrónomo y una vivienda sito en la intersección de las calles Nº 3 y Maestro Conesa, de la localidad de Acevedo, domicilio del aplicador, sindicado como quien estaba a cargo de la maquina conocida como “mosquito”.
Las diligencias estuvieron a cargo de los efectivos de la Subdelegación de la Policía Federal Pergamino y de personal especializado del Departamento de Delitos Ambientales de la fuerza, quienes también secuestraron documentación que consideraron de interés para la investigación.
De acuerdo a información que pudo obtener PRIMERA PLANA, las fumigaciones con agroquímicos vienen siendo denunciadas por los vecinos desde 2015, aunque las que motivan las actuaciones judiciales y las consecuentes detenciones fueron realizadas en octubre último, con el aval del Municipio, en clara infracción a la ordenanza vigente.
La situación se agravó porque en la causa judicial consta una declaración testimonial del delegado municipal de J.A de la Peña, Luis Alberto Monteau, que señala que el propietario del establecimiento agropecuario le habría manifestado al funcionario público ante los reclamos por las fumigaciones, que lo dejara de denunciar "porque si no tomaba represalias contra su familia”. Según pudo confirmar PRIMERA PLANA, la resolución de 18 carillas del juez Carlos Villafuerte Ruzo en la que ordena las detenciones y los allanamientos, dice que “la circunstancia apuntada se enmarca en un acontecimiento de hostigamiento o amenaza a testigo o victima que a la luz de los hechos relatados entorpece la averiguación de la verdad y denota fuertes indicios acerca del comportamiento de los imputados, dato este último que oportunamente habrá de valorarse en el transcurso del proceso y en la etapa respectiva”.
Por su parte, al ingeniero agrónomo se le imputa la responsabilidad de autorizar al aplicador fumigar con agroquímicos en un sector prohibido por la normativa del Municipio y además “en tiempos en que se haya vigente una medida cautelar de protección a la salud, como la dictada para todo el ejido urbano de Pergamino” el 30 de agosto pasado, por el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Nicolás.
Los tres implicados serán indagados hoy por el juez Villafuerte Ruzo y el Fiscal Federal, Matías Di Lello.
Imagen de portada ilustrativa
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