A pesar de haber sido intimado por el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Nicolás, el Gobierno Municipal no entrega en tiempo y forma los bidones de agua potable a las familias de los barrios Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad.
Es una situación denunciada por los vecinos en reiteradas oportunidades. La pregunta es cuál o cuáles son los motivos que llevaron a la gestión Martínez a tomar la decisión de suspender o reducir el suministro de agua en esos sectores de la ciudad porque eso supone una jugada en extremo arriesgada, ya que significa desobedecer una orden judicial. Es decir, lisa y llanamente, desacato.
El interrogante podría llegar a encontrar respuesta en dos datos a los que PRIMERA PLANA tuvo acceso exclusivo. Uno es que desde que se vio obligada a distribuir los bidones, la Municipalidad en ningún momento redujo la compra de bidones sino que siguió adquiriendo exactamente la misma cantidad desde el inicio.
El otro dato fundamental es que, tal como informó en ediciones anteriores, la entrega de bidones se redujo a la mitad pero no de manera uniforme sino que mientras algunas familias dejaron de recibir el agua, otras no vieron reducido el suministro, cuando lo lógico hubiera sido que, de tener que restringir la entrega por algún motivo, esa reducción hubiera sido similar para todos.
El dato se completa con el hecho de que aquellos que no recibieron agua son justamente quienes se suman abierta y manifiestamente a los reclamos que se realizan para pedir mejoras.
Si se tienen en cuenta esos dos datos, no es complejo deducir que la falta de entrega de bidones estaría funcionando como una especie de “castigo” para los que hacen valer su derecho al acceso al agua potable.
El Municipio operaría de esta manera para desmotivar las quejas y para dar un mensaje contundente e intimidatorio que en pocas palabras quedaría expresado en “el que reclame se queda sin agua”.
Se desconoce hasta qué punto pretende llegar el intendente municipal, Javier Martínez con esta situación o hasta dónde pretende tensar la cuerda con los vecinos pero lo que no debe perderse de vista en ningún momento es que éste no es un simple reclamo vecinal sino que media una orden judicial que obliga al Municipio a entregar agua potable a los vecinos, por lo que ante esta realidad no caben aprietes políticos de ningún tipo. Sobre todo teniendo en cuenta que, según pudo confirmar PRIMERA PLANA, son ya alrededor de 150 las personas vieron afectada su salud por la situación que se describe en el expediente que tramita ante el Juzgado a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo.
Mientras tanto, la necesidad de agua potable sigue siendo fundamental porque la que está al alcance de los vecinos de Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad, no puede usarse para beber y tampoco para cocinar.
El verano está a la vuelta de la esquina y con la temporada estival vendrá el aumento en la demanda.
Por otra parte, es probable que en los próximos días, el Barrio Santa Julia que, a diferencia de los de la zona noreste, está ubicado en el extremo sur de la ciudad, se sume a la lista de los sectores que deben recibir agua potable envasada porque la disponible en ese lugar tampoco es apta para el consumo humano.
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