Por qué la inflación del gobierno de Macri fue la más alta en tres décadas

En 2015, el entonces jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri afirmaba: “la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío”.

Ya en marzo de 2016, a 100 días de haber asumido, el Presidente expresó que “si la inflación no baja es culpa mía, no le voy a echar la culpa a otro”. Y agregó: “lo primero que tengo que decirles a los argentinos es que la inflación se produce por culpa de un Gobierno que se administra mal, que gasta más de lo que tiene, más de lo que debe. Entonces recurre a la maquinita de hacer billetes y llena de billetes a la sociedad”.

Mauricio Macri se despide del gobierno con una tasa de inflación por encima del 50% anual, la más alta desde 1991, cuando la economía empezaba a superar la histórica hiperinflación. En sus cuatro años de gestión la inflación acumuló un 300 por ciento. Es decir que en promedio los precios minoristas se multiplicaron por cuatro.

A todas luces el problema inflacionario fue subestimado y las vías para abordarlo fracasaron por una realidad que el propio Macri manifestó: la raíz de un alto déficit fiscal que es origen de una serie de distorsiones que impulsan la escalada de los precios.

La fuerte expansión de la cantidad de dinero con la que funciona la economía se traslada más temprano que tarde a los precios. La Base Monetaria (billetes y monedas en circulación, cheques cancelatorios y depósitos de bancos en cuenta corriente del BCRA) creció un 170%, de $612.400 millones el 15 de diciembre de 2015 a $1.655.187 millones ($1,66 billón).

¿Por qué hay una raíz fiscal en la emisión? Básicamente el rojo de las cuentas públicas fue cubierto con la colocación de deuda en moneda extranjera y la compra de esas divisas del Tesoro que efectuó el BCRA se concretó con emisión de pesos.

Por otro lado, el BCRA procuró reabsorber los pesos emitidos a través de la colocación de sus títulos de deuda (Lebac, Leliq), para reducir la liquidez de la plaza financiera, y así ponerle contención a la inflación generada. Pero el pago de altas tasas de interés por esos títulos terminaron generando con el correr de los meses una presión inflacionaria y devaluatoria aún mayor, como ocurrió entre mayo y septiembre de 2018 (desarme de Lebac), también a partir de agosto de 2019 (desarme de Leliq).

El indicador más fácil de seguir es el del valor del dólar. En este caso, el aumento fue de 514,8% si se toma como referencia el tipo de cambio mayorista del 10 de diciembre de 2015, en $9,75 con la vigencia del control de cambios aplicado por el gobierno de Cristina Kirchner. Si se toma el tipo de cambio del cierre de 2015, de $13,01 por dólar mayorista, el aumento fue igualmente significativo, de 360,7%, hasta los $59,94 mayorista de comienzos de diciembre de 2019.

“En economía suele decirse que la mejor respuesta a la escasez son justamente los precios altos, la señal que requiere el mercado para aumentar la producción y limitar el consumo. Por lo tanto, el Estado no debería interferir en esta señal”, comentó Juan Manuel Garzón, del IERAL de la Fundación Mediterránea. “Lo que sí puede hacer el gobierno y tiene herramientas para ello es defender el poder de compra o de consumo de las familias de los segmentos más vulnerables, es decir, actuar por el lado de la demanda, fortaleciendo ingresos o modificando condiciones de precios pero sólo para determinadas personas y familias”, acotó.

“Es la línea que ha anunciado el próximo presidente de la Nación cuando refiere a la necesidad de disponer de una ‘tarjeta alimentaria’, en la que se canalicen recursos del Estado para que familias de bajos ingresos apliquen a consumos preferentes”, puntualizó Garzón.

Un tercer factor inflacionario en la economía de Mauricio Macri fue el ajuste de tarifas y precios regulados -como combustibles y prepagas-. La distorsión y atraso de estos precios fue notoria durante el Gobierno anterior y la gestión de Cambiemos los acercó –aunque no por completo- a los costos internacionales. Una suba en las tarifas se transmite en parte al resto de los precios, encarece los costos de producción, almacenamiento y transporte y su variación la termina pagando el consumidor final.

Ecolatina subrayó que hace seis meses los precios regulados vienen creciendo por debajo de la inflación núcleo y los precios estacionales y por eso “deberán mostrar cierto dinamismo -los aumentos en combustibles de la últimas semanas vienen en esta línea- para aliviar la carga de los subsidios sobre las cuentas públicas y evitar el inicio de un nuevo período de atraso tarifario”.

Un informe de Invecq Consultora Económica señaló que “una de las herencias con las que deberá lidiar el próximo gobierno será la dinámica inflacionaria, que concluirá el último año de gestión con el guarismo más elevado de los cuatro años y, por si fuera poco, la más alta desde principio de los años 90. Sin embargo, esta afirmación esconde ciertos matices porque sería erróneo comparar este nivel de inflación con el del período 2011-2015, así como con la que le tocará afrontar a la nueva administración entre 2020 y 2023”.

Añadió que “la corrección de precios relativos iba a ser uno de los activos que esta administración le iba a dejar a la siguiente. Sin embargo, todavía hay un sendero de corrección que difícilmente pueda ser contenido. Por ejemplo, a partir de la última devaluación, la brecha para que el precio del gas alcance el equilibrio será del 35%, mientras que en 2015 era del 87%. En el precio de la energía esa brecha es aún mayor: 50%”.

El Gobierno de Alberto Fernández tendrá en la inflación un condicionante para la economía difícil de resolver, puesto que cerca del 65% del gasto público se indexa por inflación pasada, como en el caso de los salarios y las jubilaciones. Por lo tanto es dificultoso reducir dicho gasto, germen del déficit fiscal y el endeudamiento, que a su vez terminan en emisión monetaria y, por lo tanto, en más inflación.

Las prestaciones sociales representan un 53% del gasto público total –la mayor parte son haberes jubilatorios- y se aumentan en base a una fórmula de movilidad, mientras que los salarios del sector público suman otro 12 por ciento.

Para José María Segura, economista Jefe de PwC Argentina, junto a la necesidad inmediata de renegociar la deuda soberana “aparece la cuestión fiscal, que asegure la solvencia del Estado para el repago de sus compromisos. Un gasto indexado a la inflación pasada vuelve este objetivo mucho más desafiante”.

“No menor es la política monetaria que irá a elegir el BCRA para el control de la inflación. Las actuales restricciones al acceso del mercado cambiario podrían limitar el desarrollo de ciertas actividades, condicionando el despegue de la actividad económica”, agregó Segura.

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