Un total de 54 agentes del Servicio Penitenciario Federal fueron procesados por el delito de torturas contras reclusos del penal de Ezeiza. Los hechos ocurrieron en 2019.
En línea con el requerimiento de la titular de la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, la decisión fue tomada por el juez federal subrogante Luis Armella.
Las torturas fueron cometidas en perjuicio de los internos del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, y al jefe de día de ese establecimiento por la omisión de impedirlas.
Además, dispuso el embargo de sus bienes por sumas de entre 10 y 15 millones de pesos, de acuerdo a los cargos y funciones de cada agente, quienes además deberán responder por las costas del proceso.
En la investigación colaboraron la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) y la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).
En la presentación que impulsó la resolución del juez, el Ministerio Público Fiscal consideró los hechos -ocurridos en forma continua desde el 9 y hasta el 13 de junio de 2019- como de suma gravedad institucional, por la cantidad de agentes penitenciarios involucrados, entre los que se destaca personal del cuerpo de requisa, médicos de guardia, bomberos del Grupo de Operaciones Anti Siniestros (GOAS), integrantes del Grupo de Resolución de Incidentes (GERI); celadores del pabellón B; y la totalidad del personal de la jefatura de turno de la Unidad Residencial III.
De acuerdo con la investigación, los hechos tuvieron lugar en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza cuando agentes penitenciarios ingresaron al pabellón B con el fin de disipar un reclamo de los reclusos allí alojados.
En ese contexto, se produjo un uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza, ya que los agentes dispararon en numerosas oportunidades, con postas de goma, en forma directa al cuerpo de las personas privadas de la libertad, a quienes también rociaron con gas pimienta en sus rostros y sometieron a golpes cuando ya habían sido reducidos y no oponían resistencia.
Durante la secuencia, los médicos omitieron asistir a los lesionados a quienes, además, expusieron sin causa justificada a los efectos del humo y el gas lacrimógeno dispensado por los agentes penitenciarios.
Las víctimas después fueron encerradas en sus celdas hasta el 13 de junio, periodo durante el cual no se les brindó comida, ni se los dejó utilizar las baños, duchas y luz artificial. Tampoco se les brindó la debida atención médica.
Tras recibir una alerta sobre lo que ocurría, una comitiva del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, presidida por el juez de la Cámara Federal de Casación, Gustavo Hornos, concurrió al lugar y advirtió el estado en el que estaban las personas detenidas. Posteriormente, se verificó que las autoridades penitenciarias falsearon las actuaciones administrativas y el sumario de prevención, a fin de ocultar su ilícito accionar.
Oportunamente, la fiscal Incardona junto al auxiliar fiscal Claudio Pandolfi y personal de la Gendarmería Nacional concurrieron al complejo penitenciario para levantar rastros, recibir la declaración de las víctimas -que fueron filmadas en su lugar de detención- y documentar sus lesiones. También constataron el estado de las instalaciones carcelarias y secuestraron las filmaciones de las cámaras de seguridad y documentación de interés para la investigación.
En paralelo, se interpuso una acción de habeas corpus, en cuyo marco la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en línea con lo solicitado por los representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría Pública Oficial, consideró que los hechos constituían un agravamiento ilegitimo de las condiciones de detención.
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