Más de 1.500 consultas en bases de datos privados forman parte de la investigación por espionaje que tiene en la mira a la exgobernadora María Eugenia Vidal y a su exministro de Seguridad, Cristian Ritondo, como presuntos impulsores de tareas de inteligencia sobre políticos, policías, magistrados, empresas y dirigentes sociales de distintas partes de la Provincia de Buenos Aires.
Se trata de un anexo documental que forma parte de la causa que tiene procesados al extitular de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, Guillermo Berra y a la abogada María Rosario Sardiña.
La Justicia libró un oficio a la firma para contrastar la información suministrada por Asuntos Internos, y la respuesta sorprendió por el tenor de las averiguaciones. Entre 2016 y 2019, Asuntos Internos encargó información calificada de 46.316 objetivos.
En la lista aparecen personas y organismos que hasta el momento no figuraban en la investigación que lleva adelante la Justicia bonaerense.
La lista es interminable, y está plagada de objetivos civiles, un universo que está fuera del alcance de cualquier investigación de Asuntos Internos.
En esa lista de red de ‘espionaje’ ilegal desde Asuntos Internos de la Policía bonaerense, durante la gestión de Vidal, aparecen pergaminenses y también una institución vinculada con la Policía.
Uno de los “espiados” es el exfuncionario policial y exsubsecretario de Seguridad de la Municipalidad, Aldo Mario Mandelli, quien el 15 de noviembre de 2015 pasó a situación de retiro activo de la fuerza. Desde el 8 de diciembre de 2015 al 30 de junio de 2016, Mandelli se desempeñó como segundo de Walter Chamut, primer titular de la cartera de Seguridad del intendente municipal, Javier Martínez.
En las actuaciones figuraban hasta ahora un listado con más de 1.500 objetivos, entre personal uniformado y agentes civiles. Y sobre esa lista que adjuntó la Agencia de Inteligencia a pedido de la Fiscalía trabajaba hasta ayer la Justicia.
Ahora, se sumó otra lista con más de 46 mil objetivos sobre los cuales Asuntos Internos requirió información financiera. Apiladas, son 7 centímetros de hojas tamaño oficio a doble faz, plagadas de nombres.
El listado original surgió de las pericias sobre la computadora del extitular de Asuntos Internos, Guillermo Berra y de su esposa, Rosario Sardiña, ambos imputados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado.
El peculado es un delito que tipifica la “malversación de fondos públicos”, y en el expediente refiere justamente a un hecho comprobado: se desviaron recursos presupuestados para el funcionamiento del organismo, para pagar “informes” sobre civiles que nada tienen que ver con su funcionalidad operativa.
Hay facturas del servicio de averiguación de información financiera que, proyectadas, suman 293.760 pesos. Sobre esa cuestión, entre otras que involucran a los objetivos, tendrán que responder Berra y Sardiña en la indagatoria prevista para el próximo lunes.
La causa tiene hasta hoy 4 querellantes. Entre ellos el excomisario Néstor Martín, que originó la investigación, y el exjefe de asesores del exministro Cristian Ritondo, Marcelo Rochetti, además de un asesor y una auditora del propio Berra. Pero podría ampliarse en las próximas horas con presuntas “víctimas” que empiezan a presentarse en la causa para conocer con precisión la información que los involucra. Un juez de los “espiados” de hecho ya se presentó ante la Justicia para solicitar se lo tenga como querellante.
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