El caso provocó estupor en las mismas personas que debieron intervenir cuando la situación quedó al descubierto y fue denunciada. La fiscal del caso pidió que se la condene a 18 años de cárcel por la gravedad del delito imputado, una figura penal en la que casi siempre los acusados son varones. La víctima, hoy de 10 años, quedó al cuidado de su padre.
Todo se descubrió por un error de la imputada, que se equivocó al enviar por WhatsApp tres videos al grupo de militantes de Cambiemos que ella integraba hasta entonces. Fueron estos –su hermano, entre ellos– quienes la denunciaron en una comisaría la misma noche del 4 de noviembre del año pasado cuando recibieron de manera inesperada las imágenes de los abusos contra la niña.
Las grabaciones exponen prácticas aberrantes de esta mujer –aquí se la identificará por sus iniciales, G.S.– para con su hija. Fueron tres las que resultaron enviadas por error, pero la policía, luego del allanamiento solicitado por la fiscal de la unidad de Delitos Sexuales Carla Cerliani, encontró guardados en su teléfono móvil otros 35 videos de contenido similar.
Los abusos habrían ocurrido en el domicilio familiar, una vivienda de clase media, en barrio Echesortu. La acusada, de instrucción universitaria aunque desocupada al momento de los hechos, residía allí con su padre y con la niña. El hombre sería ajeno a las prácticas de su hija. Todo ocurría por las noches, cuando él se encontraba trabajando. Ella está separada del padre de la nena abusada.
G.S. fue detenida al día siguiente. La fiscal Cerliani la acusó ante el juez José Luis Suárez de "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser la progenitora de la niña y por haberse aprovechado de la situación de convivencia con la víctima menor de edad". La imputación, a la que el juez hizo lugar, también agrega la "promoción o facilitación de corrupción de menores agravado por el vínculo, en concurso real" con la producción de pornografía infantil, tal como condenan los artículos 119, 125 y 128 del Código Penal.
El juez Suárez aceptó la imputación, y la fiscal pidió que se condene a G.S. a 18 años de cárcel. Desde ese día, la mujer está detenida en la Unidad Penitenciaria Nº4 de Santa Fe. No tiene contacto con su hija, la víctima, quien desde entonces recibe asistencia psicológica.
En la audiencia preliminar, el abogado defensor de G.S. pidió directamente que la causa fuera archivada porque –pretendió entonces– no hubo delito alguno. Su argumento fue que "la niña no tiene trauma y requiere el contacto con su madre", según consta en el acta de audiencia. La posición de la defensa apuntó a reducir el abuso sexual a una suerte de "juego entre madre e hija". Con eso requirió al juez que su clienta fuera sobreseída y que fuera sometida a terapia junto con su hija.
El argumento de la defensa indignó a quienes velaron por los intereses de la víctima. La cruda obscenidad de las imágenes filmadas daban por tierra cualquier comparación con un juego maternal.
Fiscalía replicó que tuvo que intervenir de oficio, que la Dirección Provincial de Niñez había separado a la niña de la madre y que la denuncia era admisible.
El juez se negó a aligerar los términos de prisión preventiva y envió a G.S. a la cárcel santafesina.
La celebración del juicio oral está demorada porque en las últimas semanas la imputada cambió de abogado defensor.
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