Una polémica inesperada se desató en las últimas horas entre dos mujeres que han visto de cerca las caras del drama y de la violencia: Susana Gómez, quien quedó ciega por las palizas de su marido, y Carolina Píparo, baleada por motochorros que terminaron matando a Isidro, su hijito por nacer. Es que Gómez es una ferviente defensora de Casa Abierta María Pueblo, una ONG a la que le reconoce haberle salvado la vida y ahora se quedó sin el subsidio municipal por decisión de la Secretaría de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género, a cargo de Piparo.
“Estos funcionarios no saben lo que son las necesidades que pasamos quienes atravesamos violencia de género”, cuestionó Gómez por la decisión de “quitar el convenio” y calificó a la funcionaria de “perversa”, por comunicarles la novedad “justo el día de Nochebuena”.
Aclaró que “miles de mujeres que me acompañan y me conocen de todo el país” comparten su bronca porque “Casa Abierta María Pueblo salva vidas”.
Consultados por este diario, fuentes de la secretaría comunal explicaron que “el acuerdo de referencia, suscripto con fecha 1 de enero de 2019, finalizará el 31 de diciembre” próximo, lapso en el que “la asociación incurrió en reiterados incumplimientos de las obligaciones contraídas”, como no “realizar acciones de concientización, divulgación, difusión y prevención referidas a la problemática de la violencia de género”; no “disponer” de los cupos mensuales de asistencia para casos derivados desde la Municipalidad y, sobre todo, “no informar a los organismos competentes los trabajos realizados en particular las tareas que haya realizado en relación con seis mujeres alojadas en el hogar, derivadas por la Dirección General de Políticas de Género y Diversidad” entre 2016 y 2018.
Del otro lado, Darío Witt, director de esta ONG que trabaja con víctimas y sobrevivientes de violencia de género, calificó de “vergonzosa” a la decisión oficial de dar de baja el convenio por el que Casa Abierta María Pueblo recibe -hasta ahora- “200.000 pesos por mes”.
Igual que Gómez, focalizó sus críticas en Píparo, diputada provincial por Cambiemos y Secretaria (ad honorem) de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género, cargo ad honorem.
“Me lo comunicó el 24 de diciembre, a pocas horas de la Nochebuena y la Navidad, y por WhatsApp”, dijo a este diario, convencido de que “lo más sensato hubiese sido que nos convocara a una reunión para informarnos del tema y darnos los argumentos de la decisión adoptada”. Según Witt, “oficialmente no nos explicaron nada, aunque que Píparo anduvo diciendo que gastábamos la plata en alcohol”, argumento que tildó de “burdo y fácilmente rebatible, ya que tenemos que rendir cuentas a la Municipalidad”.
Justamente, en el comunicado oficial al que accedió EL DIA resalta que la ONG incumplió con la cláusula séptima del convenio, que la obliga a sistematizar “la información obtenida durante su trabajo poniéndola a disposición de la Dirección General de Políticas de Género y Diversidad y la Subsecretaría de Coordinación Municipal”.
También le reprochan no haberse ajustado a la cláusula sexta, por la que debe disponer de un cupo mensual mínimo de “cinco plazas para brindar atención a casos derivados por (organismos competentes de) la Municipalidad”, ya que desde “mayo de 2019 hasta el presente” la comuna le pidió “en seis oportunidades que admitiera víctimas de violencia de género con carácter urgente y su respuesta en todos los casos fue negativa y fo mulada fuera de los plazos urgentes que la problemática requiere”.
Witt, en cambio, asegura que “hasta nos objetaron la compra de pañales y pescado, cuando en nuestro lugar de alojamiento de Villa Elvira hay mujeres y niños que atender”. Destacó que la Casa María Pueblo “ha sido reconocida por la ONU (Organización de las Naciones Unidas), fue declarada de interés municipal, provincial y nacional. Y somos el refugio para mujeres más antiguo de la Argentina. Hasta tenemos habitaciones para personas discapacitadas”.
“En todos estos años atendimos a 32.000 personas y asistimos a mujeres a toda hora, sin cobrarle a nadie. Brinda protección integral a 73 chicos, 9 mujeres y hay 19 integrantes de esta ONG trabajando permanentemente”, enumeró, sin pasar por alto que “contando a las mujeres que asisten a los talleres de capacitación, a los de huerta y al gimnasio, entre otras actividades, totalizan unas 150”.
Desde la Secretaría creada en abril de 2019 remataron diciendo que el área “proporciona resguardo y protección a las mujeres víctimas y a sus hijos, que se encuentran en situación de alto riesgo, mediante su alojamiento en el Hogar de Protección Integral Municipal “Casa Violeta”.
Según Witt, los 200 mil pesos mensuales era “la única ayuda del Estado con que contamos”. Y exigió la renuncia de Píparo.
