El Gobierno avanza con la privatización de Intercargo y fija un piso de US$45 millones para la venta

El Ejecutivo oficializó la licitación nacional e internacional para desprenderse del 100% de la compañía. No habrá participación estatal ni esquema para empleados. El proceso será digital, con exigencias financieras estrictas y control de organismos públicos.
28 de Marzo de 2026 | Data Clave

El Gobierno avanzó con la privatización de Intercargo S.A.U. y formalizó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional mediante la Resolución 282/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. La iniciativa establece un precio base de US$45.120.000 para las ofertas, en línea con el objetivo oficial de transferir la totalidad de la compañía que brinda el servicio de rampa en los aeropuertos al sector privado.

La operación contempla la venta de 3.050.000 acciones ordinarias, equivalentes al 100% del capital social de la empresa que presta servicios de rampa en 16 aeropuertos del país. La decisión se inscribe dentro de la Ley 27.742, conocida como Ley Bases, y no incluye ningún tipo de participación residual del Estado ni programas de propiedad participada para trabajadores.

Según lo dispuesto, el proceso se estructurará bajo un esquema de “Etapa Múltiple”, diseñado para reforzar la transparencia y atraer operadores con experiencia en el sector aeroportuario. El valor mínimo de referencia surge de una tasación previa realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE S.A.), que definió el piso económico para las propuestas.

El cronograma ya está en marcha y se canalizará a través de la plataforma CONTRAT.AR. Las consultas al pliego podrán realizarse hasta el 27 de abril de 2026 a las 16:00, mientras que la presentación de ofertas tendrá como fecha límite el 7 de mayo a las 9:30. Ese mismo día, a las 10:00, se llevará adelante la apertura automática y electrónica de la primera etapa del proceso.

En paralelo, el pliego fija requisitos financieros estrictos para los interesados. Los oferentes deberán acreditar un índice de solvencia y liquidez no menor a 1,20, calculado sobre sus estados contables al 31 de diciembre de 2025. Además, el precio ofertado no podrá superar la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente de la empresa participante.

También se exige la conformación de un fondo de garantía operativa con una liquidez inmediata mínima de $29.213.007.102, destinado a asegurar el funcionamiento de la compañía durante los primeros tres meses bajo gestión privada.

En cuanto a la operación futura, el pliego incorpora un “Período de Transición” para garantizar la continuidad del servicio. El adjudicatario deberá sostener las operaciones en las 16 escalas actuales por al menos 180 días hábiles y, en caso de retirarse de algún aeropuerto, deberá notificar con 60 días de anticipación a la Secretaría de Transporte y a la ANAC.

El esquema también incluye restricciones para evitar la integración vertical. No podrán participar quienes ya controlen concesiones aeroportuarias o posean certificados de explotador de trabajo aéreo (CETA) dentro del país, una limitación orientada a evitar concentración en el mercado.

La supervisión del proceso quedará en manos de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, junto con la Secretaría de Transporte. A su vez, se conformó una comisión evaluadora ad hoc integrada por especialistas técnicos que analizarán tanto las propuestas económicas como los antecedentes de los postulantes.

El llamado a licitación no solo se difundirá en el Boletín Oficial, sino también en el portal DGMARKET del Banco Mundial, con el objetivo de captar el interés de operadores logísticos globales y ampliar la competencia en la compulsa.

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