Puerto, poder y silencio: la obra que complica a Cecilia Comerio y expone el vínculo con el sistema Passaglia

31 de Marzo de 2026 | Primera Plana

Tras su derrota en la interna del PJ local, Cecilia Comerio vuelve a quedar en el centro de las sospechas por una obra millonaria ejecutada en el Puerto de San Nicolás sin licitación pública abierta y adjudicada a una de las empresas más favorecidas por el poder local.

La obra de renovación de accesos al Puerto, de fuerte impacto económico y estratégico, vuelve a abrir una pregunta incómoda:

¿Qué tan lejos está realmente Cecilia Comerio del sistema de poder que dice enfrentar?

Bajo su gestión al frente del Consorcio, la obra habría sido canalizada no por una licitación pública abierta y competitiva, sino mediante un esquema más cerrado, que despierta sospechas sobre la forma en que se administran recursos y contrataciones dentro del Puerto.

La empresa adjudicataria fue DSC Di Santo Construcciones, una firma que en San Nicolás aparece desde hace años como una de las constructoras más beneficiadas por el entramado de obra pública local.

Y la sospecha de fondo es todavía más grave:

el mismo modus operandi que durante años caracterizó al municipio se habría trasladado al Consorcio del Puerto: fragmentar contrataciones para evitar la licitación pública y canalizar obras millonarias por vías más cerradas, como la licitación privada.

Pero no es el único punto bajo sospecha.

Durante la administración de Comerio, también aparece como particularmente favorecida Terminales y Servicios S.A., firma históricamente vinculada al universo económico asociado al passaglismo, en el marco de renovaciones de permisos y concesiones que, lejos de aportar transparencia, profundizan las dudas sobre un esquema de trato desigual dentro del Puerto.

Distintas fuentes del sector señalan además que habrían existido presiones para no renovar en igualdad de condiciones los contratos o permisos de otras empresas competidoras, entre ellas Profertil S.A., Casport S.A., Servicios Portuarios S.A. y PAMSA S.A.

Si esto se confirma, ya no estaríamos frente a simples decisiones administrativas discutibles.

Estaríamos frente a un modelo de administración selectiva, donde el Puerto deja de parecer una institución pública con reglas parejas y empieza a parecer un espacio capturado por intereses políticos y empresariales.

A esto se suma un dato institucional que agrava todavía más el cuadro:

los mandatos del Directorio del Consorcio vencieron el pasado 17 de marzo de 2026.

Y, hasta el momento, no existe explicación pública clara sobre la continuidad de las autoridades ni sobre la eventual renovación del Directorio.

El silencio es total.

Ni desde el Consorcio del Puerto de San Nicolás, ni desde la Provincia de Buenos Aires hubo hasta ahora una comunicación formal que despeje dudas sobre la situación institucional del ente.

La responsabilidad política de ese silencio también alcanza a Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia y uno de los hombres del círculo de confianza de Axel Kicillof, bajo cuya órbita funciona el sistema portuario bonaerense.

También involucra al subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero, funcionario directamente vinculado al seguimiento y supervisión de los consorcios portuarios de la provincia.

La pregunta, entonces, ya no es solo qué pasó con una obra.

La pregunta es más profunda:

¿Quién controla hoy el Puerto de San Nicolás, con qué legitimidad y al servicio de quién?

Porque cuando una obra millonaria, contrataciones bajo sospecha, beneficios selectivos y mandatos vencidos se cruzan en un mismo escenario, el problema deja de ser administrativo.

Pasa a ser político.

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