Universidades: el Gobierno irá a la Corte tras un fallo que lo obliga a girar fondos ya mismo

El Ejecutivo irá a la Corte tras el fallo de la Cámara que lo obliga a aplicar la ley universitaria. Mientras prepara la apelación, comenzará a actualizar transferencias, salarios y becas. La Justicia descartó impacto fiscal relevante y puso el foco en el derecho a la educación.
02 de Abril de 2026 | Data Clave

El Gobierno nacional definió que presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para intentar frenar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, luego de que la Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenara su implementación inmediata. A pesar de esa estrategia judicial, desde la Casa Rosada ya anticiparon que empezarán a cumplir con las actualizaciones de partidas previstas en la norma.

El fallo, firmado por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, sostuvo que la medida no implica un impacto fiscal significativo y remarcó que el Estado debe priorizar el derecho constitucional a la educación pública superior. La resolución dejó al Poder Ejecutivo ante una disyuntiva concreta entre acatar o escalar el conflicto en tribunales.

En ese escenario, la decisión política fue avanzar con la apelación. Desde el oficialismo aseguran que dar marcha atrás no es una opción. El recurso extraordinario será presentado con expectativas moderadas sobre su tratamiento en el máximo tribunal.

La estrategia jurídica está siendo elaborada por los equipos de la Presidencia, la Procuración del Tesoro y el Ministerio de Capital Humano. En paralelo, el vínculo con las universidades lo gestiona el subsecretario Alejandro Álvarez, bajo la órbita de Sandra Pettovello, en coordinación con la política fiscal que conduce Luis Caputo.

Desde el ámbito académico, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, advirtió que “el PEN debe cumplir con la ley” y alertó sobre una posible “gravedad institucional sin precedentes” si no se acata la norma. También recordó que, según la jurisprudencia de la Corte, las medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas.

Más allá de la disputa judicial, el Gobierno ya confirmó que avanzará con la recomposición de transferencias correspondientes a 2024 y 2025, además de la actualización de becas estudiantiles. Esto implica, en los hechos, empezar a ejecutar lo que la ley establece mientras se tramita la apelación.

El fallo también generó malestar en la Casa Rosada, especialmente por la valoración que hicieron los jueces sobre el impacto fiscal. Según trascendió, en el Gabinete cuestionaron que se considere irrelevante un gasto equivalente al 0,23% del PBI.

El trasfondo del conflicto se remonta a la política de ajuste del gasto público impulsada por Javier Milei, que tensionó la relación con rectores, estudiantes y gremios desde comienzos de 2024. En ese marco, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) informó que las transferencias a universidades sufrieron una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026.

La situación salarial también aparece como un punto crítico. Los ingresos del personal universitario acumulan una suba del 158% desde la asunción del actual Gobierno, frente a una inflación del 280%. “Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32%”, detallaron, equivalente a la pérdida de aproximadamente 7,3 salarios mensuales en ese período.

Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que los fondos asignados en años anteriores eran suficientes y que las universidades deben optimizar sus gastos. También impulsaron auditorías a través de la AGN, aunque el organismo funcionaba con una estructura incompleta, con solo Juan Manuel Olmos en funciones como auditor vigente.

La resolución judicial ratificó la vigencia de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen actualizaciones salariales para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2025, además de la restitución de programas de becas. Los jueces remarcaron que el impacto fiscal “es bajo y no se afecta sustancialmente el interés público”, y subrayaron que está en juego “un derecho central de la Constitución como la educación superior pública”.

El conflicto se originó tras un fallo del juez Enrique Cormick, quien había hecho lugar a un amparo presentado por el CIN y más de 40 universidades. En esa instancia, calificó como “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta” al Decreto 759/2025, que había suspendido la aplicación de la ley con el argumento de que faltaban definir fuentes de financiamiento.

El Gobierno cuestionó reiteradamente esa decisión y la tildó de arbitraria, al sostener que no podía ejecutar la norma sin respaldo presupuestario definido. Sin embargo, la Cámara consideró esos planteos “poco serios” y enfatizó que la obligación legal ya estaba vigente, rechazando la idea de que las cautelares funcionen como sentencias definitivas encubiertas.

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