Policiales
Procesaron a Hugo y Gastón Mazzacane por evasión: embargo millonario y foco judicial sobre la cúpula del TC
16 de Abril de 2026 | Primera Plana
La Justicia federal avanzó contra el presidente de la ACTC y su hijo, también dirigente y piloto. Investigan maniobras por miles de millones y un entramado de empresas con base en La Plata.
El expediente judicial que involucra a Hugo Mazzacane y su hijo Gastón Mazzacane dio un salto clave: ambos fueron procesados por evasión fiscal agravada y quedaron alcanzados por embargos millonarios en una causa que apunta a un esquema sostenido de irregularidades económicas.
La decisión judicial impacta de lleno en la conducción de la Asociación Corredores Turismo Carretera, que hoy tiene a Hugo Mazzacane como presidente y a su hijo como parte de su estructura dirigencial, además de su rol como piloto en el Turismo Carretera.
Qué investiga la Justicia
Según surge de la causa, el eje está puesto en presuntas maniobras de evasión vinculadas a empresas del grupo familiar, muchas de ellas con actividad en La Plata y la región.
Los investigadores detectaron operaciones no registradas, subfacturación y movimientos patrimoniales que habrían tenido como objetivo reducir la carga impositiva y dificultar el seguimiento de fondos.
El monto en discusión ronda cifras multimillonarias, lo que explica la magnitud de las medidas dispuestas: embargos sobre bienes, cuentas y activos vinculados al entramado empresarial.
Embargos y medidas concretas
El fallo no se limitó al procesamiento. También incluyó medidas patrimoniales amplias:
Embargos sobre propiedades e inmuebles
Bloqueo de cuentas bancarias
Afectación de vehículos y otros activos registrables
La lógica es clara: asegurar fondos ante una eventual condena y evitar movimientos que compliquen el recupero fiscal.
Además, en el expediente aparecen otros integrantes del entorno familiar y empresarial, lo que amplía el alcance de la investigación más allá de los dos nombres centrales.
El impacto en la conducción del TC
El dato más sensible es político-institucional: la causa alcanza directamente a quienes conducen la principal categoría del automovilismo argentino.
La ACTC no es una entidad menor. Maneja recursos importantes, organiza competencias en todo el país y tiene relación directa con sponsors, gobiernos provinciales y municipios.
En ese contexto, el procesamiento instala un interrogante inevitable sobre la continuidad de la actual conducción y sobre los controles internos en la institución
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