El Gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para suspender la Ley de Financiamiento Universitario

18 de Abril de 2026 | Primera Plana

El Gobierno nacional presentó este viernes un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de obtener la suspensión de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal rechazara objeciones previas y confirmara la obligación de cumplimiento de la norma.

 

Según el escrito presentado por el Ejecutivo, la ley adolece de “inconsistencias presupuestarias” porque no especifica las partidas que deberán modificarse ni la fuente de los recursos necesarios para su implementación, lo que, a juicio del Gobierno, podría afectar el equilibrio fiscal previsto por la normativa vigente. En esa línea, el Palacio de Hacienda consideró que la puesta en marcha inmediata de la ley implicaría un desembolso inicial por un monto cercano a 2,5 billones de pesos, una erogación que definiría la marcha de las cuentas públicas.

 

El conflicto judicial se produjo tras una sucesión de fallos favorables al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que obtuvo medidas cautelares en primera instancia y en la Cámara para que el Estado cumpla con los artículos 5 y 6 de la ley, que fijan incrementos en el financiamiento a las universidades públicas. Ante esos pronunciamientos, el Ejecutivo decidió recurrir a la Corte buscando el efecto suspensivo que le permita diferir o modular los pagos.

 

Fuentes oficiales reconocen que la concesión de la medida por parte de la Corte Suprema es poco probable, pero subrayaron que la presentación persigue además ganar tiempo para negociar mecanismos de transferencia escalonados y evitar un impacto inmediato sobre el déficit fiscal. En el Gobierno advierten que la ejecución plena de la ley podría complicar la planificación económica en un contexto ya tensionado por otras demandas presupuestarias.

 

Desde el sector universitario y organizaciones vinculadas al sistema público de educación superior, la noticia fue recibida con preocupación. Dirigentes del CIN y rectores de distintas casas de estudio sostuvieron que la norma busca garantizar la sustentabilidad financiera de las universidades y que su suspensión implicaría postergar derechos adquiridos por el sistema educativo.

 

Juristas consultados señalaron que la Corte debe evaluar fundamentos constitucionales y de procedimiento: la posibilidad de suspender una ley por razones presupuestarias abre un debate sobre la separación de poderes y el rol del Poder Judicial en controversias de política fiscal. Asimismo, explicaron que la decisión podría demorar semanas o meses, dependiendo de la admisibilidad del recurso y de la gravedad que la Corte atribuya a la afectación de derechos.

 

El episodio coloca a la Corte Suprema en el centro de una disputa que combina tensiones políticas y presupuestarias en un año en el que las definiciones fiscales tendrán un peso electoral y social significativo. Mientras tanto, el Gobierno deberá articular respuestas administrativas y políticas que atenúen la presión sobre las cuentas públicas sin profundizar el conflicto con el sector universitario.

 

La resolución definitiva del máximo tribunal marcará el rumbo inmediato de la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y podría sentar precedentes sobre la intervención judicial en decisiones vinculadas al gasto público.

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