Fraude al PAMI: la Justicia Federal acreditó 28 casos en la Clínica Centro que serían solo “la punta del iceberg”

Se formalizó la investigación contra los directivos de la institución de calle Pueyrredón 840, pero la magnitud de la maniobra sugiere un sistema de facturación fantasma masivo. Tres pergaminenses tienen prohibida la salida del país y deben pagar cauciones millonarias
08 de Mayo de 2026 | Primera Plana

La formalización de la investigación penal contra la cúpula de la Clínica Centro S.A. encendió las alarmas en el ámbito de la Justicia Federal.

Si bien la acusación inicial se sostiene sobre 28 casos testigo de prestaciones inexistentes facturadas al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), los investigadores sospechan que la cifra real de estafas podría escalar a cientos de episodios similares, ocultos bajo un aceitado mecanismo de órdenes médicas electrónicas (OMES) irregulares.

El fiscal Matías Felipe Di Lello, titular de la sede fiscal descentralizada de San Nicolás, impulsó la imputación contra el presidente de la clínica, el director médico y un profesional del establecimiento.

El juez Carlos Villafuerte Ruzo no solo aceptó la formalización de la causa, sino que dictó medidas cautelares severas: la prohibición de salir del país y una caución real de 10 millones de pesos para cada uno de los involucrados.

El patrón del engaño que analizan los investigadores es alarmante. Según se desprendió de los allanamientos realizados por la Policía Federal, la clínica cobraba por internaciones, estudios y consultas de pacientes que jamás pisaron el edificio de la calle Pueyrredón 840.

En el 95 por ciento de los casos analizados, las supuestas prácticas no figuraban en los libros de guardia ni en las historias clínicas secuestradas.

Los mismos afiliados, al ser consultados, negaron conocer a los médicos o padecer las patologías por las que PAMI pagó fortunas.

La sospecha de que existen cientos de casos más radica en la metodología empleada. La Fiscalía comparó los registros de “prácticas reales” -que estaban correctamente asentadas- con las “prácticas fantasmas”, detectando una estructura de facturación paralela que se valía de la digitalización del sistema para transmitir prestaciones que nunca ocurrieron.

El daño, advierten desde la Fiscalía, es doble. Por un lado, el perjuicio millonario a las arcas del Estado. Por el otro, un daño irreparable a los jubilados: al registrarse prácticas falsas en su historial -muchas de las cuales tienen cupo de una vez al año-, el afiliado quedaba bloqueado para acceder a estudios médicos reales cuando verdaderamente los necesitaba.

 

Con una prórroga de 90 días para profundizar la investigación preliminar, el Ministerio Público Fiscal busca ahora desentrañar el volumen total de la defraudación, en una causa que promete sacudir los cimientos del sistema de salud privado en la región.

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