El Gobierno de Javier Milei dispuso este martes la apertura de un programa de retiros voluntarios destinado de forma exclusiva al personal de la Administración de Parques Nacionales (APN), medida se inscribe en la política de ajuste y abre alertas por el impacto en áreas técnicas.

La convocatoria está dirigida a todos aquellos agentes públicos que gocen del régimen de estabilidad laboral contemplado en el artículo 8° de la Ley N° 25.164 (Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional). La resolución 191/2026, publicada en el Boletín Oficial, se acopla a las directrices fijadas por el Ejecutivo destinadas a centralizar, agilizar y achicar la dimensión del aparato administrativo del Estado.

Sin embargo, la medida genera una fuerte preocupación por el desmantelamiento de la estructura técnica y administrativa que sostiene el funcionamiento de las áreas protegidas en todo el país.

El plan de retiros está dirigido al personal alcanzado por el régimen de estabilidad con una antigüedad mínima de dos años. Según el texto oficial, la iniciativa responde a la necesidad de "optimizar la dotación del Organismo" y se inscribe en un proceso de transformación que busca alcanzar una gestión "ágil, eficaz y de calidad".

No obstante, el punto más polémico radica en el carácter irreversible de la medida sobre la estructura del organismo. "Los puestos y funciones correspondientes al personal que adhiera al presente Sistema de Retiro Voluntario quedarán suprimidos a partir de la fecha de su baja, no pudiendo ser nuevamente cubiertos, bajo ninguna modalidad de contratación o designación", sostiene el anexo de la resolución.

Cambios en Parques Nacionales

No está explicitado, de todas formas, en la norma qué ocurrirá con áreas técnicas, administrativas, logísticas, de mantenimiento, comunicaciones, compras, gestión territorial o apoyo operativo cuyos cargos desaparezcan definitivamente.

La normativa establece incentivos económicos que varían según la edad. Para agentes de hasta 60 años, la gratificación será del 90% de la remuneración bruta por cada año de antigüedad, mientras que para mayores de 61 años bajará al 85%.

Además, el sistema impone una "Prohibición de Reingreso" por el término de cinco años a cualquier ámbito del Sector Público Nacional, blindando la posibilidad de que el personal capacitado regrese a sus funciones en el corto plazo.