Juicio por contaminación: absolvieron a los productores, condenaron a exfuncionarios y apuntaron al Municipio

El Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario pidió investigar al intendente Javier Martínez y mantuvo la cautelar que restringe las fumigaciones.
25 de Junio de 2026 | Primera Plana

La Justicia Federal de Rosario absolvió ayer al mediodía a los siete productores agropecuarios pergaminenses acusados por contaminar con agroquímicos y condenó a dos funcionarios municipales por incumplimiento de deberes públicos.

El Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodríguez y Elena Dilario, leyó el veredicto y anticipó parte de sus fundamentos.

Los magistrados afirmaron que no hay dudas que los productos fitosanitarios contaminan y generan daños en la salud de las personas y el ambiente. También consideraron que “no es lo mismo vivir cerca o lejos de los campos donde se usan estos agroquímicos; hay estudios científicos muy serios sobre esto”. 

Pero no consideraron que se haya probado un delito por parte de los imputados, de acuerdo a las leyes penales vigentes. 

Por eso, los productores agropecuarios Fernando Cortese, Mario Roces y Víctor Tiribó, acusados por contaminación ambiental en el marco del Artículo 55 de la Ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos, fueron absueltos. Habían sido denunciados por contaminar en forma reiterada y continua desde 2011 y, puntualmente, entre enero de 2018 y enero de 2019.

La misma decisión tomaron con los hermanos Carlos y Hugo Sabatini, por un episodio ocurrido en noviembre de 2019. También con el ingeniero agrónomo José Luis Grattone, señalado por haber autorizado una fumigación en octubre de 2019 cerca de una escuela y un jardín de infantes, y el aplicador Cristian Taboada.

 

Algunos fundamentos

En los fundamentos, los jueces afirmaron que está probado que la exposición a agroquímicos provocó daños en los vecinos y denunciantes, pero no se pudo acreditar la responsabilidad directa de esos siete imputados. Es decir, que tuvieron intención de dañar y violaron la ley.

En cambio, el Tribunal se detuvo en la responsabilidad de los funcionarios municipales Guillermo Naranjo y Mario Tocalini, integrantes de la Dirección de Ambiente Rural de la Municipalidad, quienes fueron condenados por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los jueces sancionaron con dos años de prisión condicional a Tocalini y Naranjo y el doble de tiempo, 4 años, de inhabilitaciones, además de tener que realizar labores sociales y otras restricciones.

En su fallo, Lanzón, Rodríguez y Dilario señalaron que en el juicio se probó que hubo “innumerables alertas (de la población afectada) que tendrían que haber sido atendidas” y los funcionarios no lo hicieron. Agregaron que no fue por descuido o ignorancia, ni comportamientos torpes o negligentes, sino por ausencia de controles. Omisión que incluso contribuyó a evitar que los otros acusados pudieran ser condenados en este juicio, por carencia de constatación de hechos. 

Los jueces aclararon que se trataba de “los eslabones más bajos de la cadena de responsabilidad del Municipio” y pidieron investigar el accionar del intendente Javier Martínez en los años de los hechos.

 

Investigar al intendente

Por esa razón, el Tribunal ordenó remitir con carácter urgente las actuaciones penales al Ministerio Público Fiscal, a cargo por jurisdicción de Matías Felipe Di Lello, para que inicie una investigación respecto de la conducta de Martínez.

Con respecto al problema de fondo, que generó mucho interés como posible antecedente penal, los magistrados propusieron generar una “mesa de diálogo” entre los distintos actores y dirigentes políticos para buscar regulaciones sostenibles. Porque tampoco las medidas cautelares pueden durar para siempre. Se trata de una actividad que incluye fumigar con agrotóxicos y que genera problemas evidentes en las poblaciones cercanas, además de contaminar cursos de agua, suelos y aire.

Sin embargo, la sentencia aclaró que “un juez penal no es un superhéroe” que resuelva todos los problemas y planteos de la población y que debe limitarse a “hacer cumplir la ley vigente, que no hacemos nosotros”.  Cumplir la norma “incluso aunque no estemos de acuerdo”, deslizaron sobre las regulaciones actuales en la materia.

 

Continuidad de la medida cautelar

El Tribunal decidió mantener vigente la restricción de fumigaciones, establecida en 2019, la cual prohíbe aplicaciones terrestres a menos de 1.095 metros y aéreas a menos de 3.000 metros de áreas urbanas. Aunque la Fiscalía pidió hacer definitivas estas distancias y la querella buscaba extenderlas a escuelas rurales y parajes, los jueces rechazaron ambas solicitudes.

Las restricciones actuales seguirán vigentes hasta que la sentencia quede firme. El juez Lanzón sugirió que, si bien puede ser necesario revisar las distancias municipales, el ámbito penal no es el lugar para ese debate, proponiendo en su lugar mesas de diálogo entre organismos públicos y civiles.

El fallo buscó distanciarse de la histórica disputa entre el sector agropecuario y los ambientalistas. Aunque el juicio cerró con un escenario imprevisto: se confirmó el daño en la salud de las personas provocado por los agroquímicos y se condenó a los funcionarios municipales por la falta de control estatal, razón por la cual se investigará el intendente Martínez, pero se absolvió a los productores imputados por las aplicaciones.

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