La avanzada del gobierno de Javier Milei para desregular la venta de tierra a extranjeros ya motoriza una fuerte manifestación en contra. Organizaciones sociales, ambientales, eclesiásticas, sindicales y de la oposición convocan a movilizarse el 6 de agosto frente al Congreso, el mismo día en que el oficialismo intentará conseguir en el Senado los votos para aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El senador Mariano Recalde, de Unión por la Patria, pidió en una entrevista radial “que el día del tratamiento haya una gran movilización”. “La presión social permea e influye en la decisión de los más especuladores”. Desde el peronismo en Diputados la legisladora Cecilia Moreau (Unión por la Patria) comparó el reclamo con el sentimiento por Malvinas que dejó el Mundial: “El 6 de agosto todos y todas a las calles”.

Las dos CTA ya convocaron de manera formal bajo la consigna “por la tierra y el agua”, mientras la CGT, que desde principios de julio viene circulando documentos internos contra la ley (“nuestro suelo es soberanía, no mercancía”, llevan como consigna), evalúa sumarse a la protesta.

El Observatorio de Tierras, un proyecto del Programa de Investigaciones de Historia Agraria de la UBA, mantiene desde el 25 de junio una recolección de firmas contra el proyecto que ya superó los 4.000 referentes de todo el país. En paralelo, espacios como la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda organizaron para la próxima semana (del 27 al 31 de julio) una serie de acciones federales bajo el nombre “Argentina no se vende”. Habrá talleres, radios abiertas, banderazos antes de la movilización central del 6 de agosto al Congreso, bajo el hashtag #lasoberanianosenegocia.

El reclamo sumó pronunciamientos poco habituales en este tipo de debates: una carta abierta a los legisladores firmada por Endepa, la Pastoral Social y Cáritas, un comunicado del Movimiento Nacional Capellanes y un pronunciamiento del Llamamiento Argentino-Judío, todos en rechazo al proyecto.

Qué se discute en concreto

La última versión del dictamen (la número 15) deja a cada provincia la jurisdicción plena sobre su territorio, prohíbe la compra de tierras rurales por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera salvo autorización provincial y del Poder Ejecutivo, y elimina el artículo de silencio administrativo que daba por autorizada una venta si el Estado no se pronunciaba en seis meses.

El proyecto apunta a modificar en los hechos la Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011 durante el primer año del segundo mandato de Cristina Kirchner. Esa norma fija un tope del 15% de tierra en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental, impide que una misma nacionalidad supere el 30% de esa proporción, prohíbe la compra de más de mil hectáreas en las zonas más fértiles del país y veda la adquisición de inmuebles con cuerpos de agua permanentes, como el que compró el británico Joseph Lewis en Lago Escondido.

El Gobierno ya había intentado derogarla a fines de 2023 por el DNU 70/2023, pero una cautelar del Juzgado Federal N°4 de La Plata, confirmada después por la Cámara Federal platense a partir de un amparo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de esa ciudad, la mantuvo vigente.

Ahora el intento llega por ley, dentro de una iniciativa más amplia —nueve artículos bajo el título “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”— que además modifica el régimen de expropiaciones, los procesos de desalojo y la Ley de Manejo del Fuego, y que el Poder Ejecutivo negoció originalmente con los gobernadores en el Consejo de Mayo.

Los sectores que apoyan

No todo el arco social está del mismo lado. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, salió este jueves a respaldar el proyecto de extranjerización: “No tendría problema en venderle hectáreas a un extranjero”, dijo desde el predio de Palermo, donde Milei irá el próximo domingo para inaugurar la feria rural.

Patricia Bullrich, por su parte, buscó matizar el reclamo soberanista distinguiendo entre personas y Estados: sostuvo que “un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos” que un argentino para comprar tierras, pero que “un Estado extranjero no puede, de ninguna manera” adquirir un metro de suelo, una prohibición que quedó plasmada en el dictamen.