Los detalles de las inconsistencias que la fiscalía detectó en las declaraciones patrimoniales de Adorni

El requerimiento fiscal detalló 15 puntos que, según la investigación, no logran explicar la evolución patrimonial de Manuel Adorni. Dólares rectificados, criptoactivos, compras, préstamos, consumos, ingresos, terceros y diferencias entre registros oficiales forman parte de las observaciones que deberá responder.
10 de Agosto de 2026 | Primera Plana

El requerimiento de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 11 detalló una serie de inconsistencias en la evolución patrimonial de Manuel Adorni y su grupo familiar durante el período en el que ejerció funciones en el Gobierno. En total, el informe enumera 15 observaciones que, según la investigación, sostienen el déficit de justificación patrimonial.

Uno de los principales puntos está relacionado con el crecimiento de los bienes y los gastos. La fiscalía contrastó los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, que alcanzaron $229.752.283,20, con gastos y adquisiciones por $272.820.832,20, además de USD 402.578,12. De ese monto en dólares, USD 374.081,66 fueron abonados en efectivo.

Otro de los ejes es la tenencia de dólares en efectivo. En distintas declaraciones, Adorni informó USD 565.000 al inicio de 2023, USD 513.000 al cierre de ese año y USD 388.961,52 al finalizar 2024, bajo el concepto de una supuesta “venta de activos”. La fiscalía le pide identificar qué bienes fueron vendidos, cuándo, a quiénes y qué documentación respalda esas operaciones.

También quedó bajo análisis la operatoria con criptoactivos. El informe señala que Adorni declaró ante Binance un capital de USD 250.000 que no apareció exteriorizado en sus declaraciones patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción. Además, la investigación reconstruyó movimientos por USD 269.550,36 durante el período examinado y pidió explicaciones sobre el origen y destino de esos fondos.

La fiscalía también puso el foco en los pagos realizados a través de terceros, entre ellos Gisela Kocsis y Laura Daniela Schiuma, y en los reintegros efectuados en efectivo. A esto se suma el esquema de financiamiento basado en mutuos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo, cuya existencia, entrega y aplicación de los fondos deberán ser acreditadas. Otro capítulo está relacionado con los bienes registrados a nombre de su esposa, Bettina Julieta Angeletti.

La fiscalía señala que la Jeep Compass por $21.500.000 fue declarada por Adorni como un bien del que poseía el 50%, pero la concesionaria la facturó íntegramente a Angeletti. También se pide explicar el origen del dinero utilizado para el lote 380 del country Indio Cuá, la vivienda construida allí y los USD 245.000 abonados por su remodelación. Las herencias, donaciones e ingresos exentos también forman parte del requerimiento. Adorni declaró bienes recibidos por herencia, legado o donación por $10.211.200 en 2024 y $73.000.000 en 2025, además de ingresos exentos o no alcanzados por Ganancias. La fiscalía reclama que se identifique el origen de esos fondos, quién los entregó, cuándo y mediante qué instrumento.

A su vez, el organismo detectó diferencias entre los ingresos informados ante la Oficina Anticorrupción y los registrados por ARCA. En 2024, Adorni declaró $52.080.752,65 por renta del trabajo personal, mientras que el organismo recaudador registró $50.196.182,57. La diferencia fue de $1.884.570,08.

Otro de los puntos señalados es la evolución del monto consumido. Adorni declaró consumo cero para 2024, pero luego reemplazó esa cifra por $118.989.413,58 en una segunda rectificación. Sumados otros gastos, las aplicaciones no patrimoniales de ese ejercicio llegaron a $169.457.489,25. La fiscalía pide que explique cómo se determinó esa cifra y cuál fue la fuente de los fondos.

Finalmente, el requerimiento cuestiona las rectificaciones de las declaraciones juradas y la propia declaración inicial presentada al asumir. En junio de 2026, los bienes declarados al cierre de 2023 pasaron de $61.018.251,10 a $515.479.434,62, mientras que los correspondientes a 2024 subieron de $107.894.833,66 a $662.646.891,98. Además, el informe detectó que el 79,3% del patrimonio inicial había sido declarado sin datos suficientes para verificarlo y que dos deudas con Banco Galicia desaparecieron de las declaraciones posteriores.

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