El Gobierno de Axel Kicillof cruzó a Javier Milei tras sus anuncios en torno a Malvinas. El encargado fue el ministro Carlos Bianco, que hizo un mensaje en las redes sociales y recibió el reposteo del gobernador. Allí calificó al Presidente como “fan de Thatcher” y “oportunista” por haber "demorado 267 días en actuar" contra el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Navitas y Rockhopper en la Cuenca Malvinas Norte.

El planteo bonaerense toma como punto de partida el 10 de diciembre de 2025, cuando Navitas y Rockhopper anunciaron su decisión final de inversión para explotar hidrocarburos en el área. La administración provincial sostiene que denunció desde ese momento el proyecto, al que considera ilegítimo por desarrollarse sin autorización argentina en una zona sometida a la disputa de soberanía.

“267 días tardó el fan de Thatcher en cumplir la ley. Ahora lo hace de manera oportunista”, afirmó Bianco. Según explicó, ese período transcurrió desde que Navitas y Rockhopper anunciaron su decisión final de invertir en la explotación de Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte.

Bianco sostuvo que durante ese tiempo el proyecto “avanzó sin obstáculos” con una inversión prevista de US$1.800 millones, financiamiento cerrado, obras iniciadas en las islas y la preparación del buque destinado a la producción. También recordó que la Ley 26.659 prohíbe participar, financiar o prestar servicios para actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina y permite inhabilitar a quienes la infrinjan.

“En todo este tiempo, Milei no adoptó ninguna medida efectiva para afectar los intereses vinculados con este proyecto, ni frente al Reino Unido ni frente a Israel”, cuestionó.

El planteo bonaerense propone que la defensa de la soberanía argentina en el Atlántico Sur se apoye en una estrategia que combine instrumentos legales, políticos, diplomáticos y económicos. Esa posición reclama anticipar los avances vinculados con la explotación de recursos naturales y utilizar las facultades del Estado para elevar los costos de las actividades que la Argentina considera ilegales.

La propuesta también mira hacia diciembre de 2027 y plantea modificar la política nacional frente a la disputa por las Islas Malvinas. Entre los objetivos mencionados aparecen romper el actual statu quo, debilitar el entramado económico y comercial que sostiene la ocupación británica y aumentar la presión bilateral, regional e internacional sobre el Reino Unido para reclamar el cumplimiento del derecho internacional.