Política
Ley de Malvinas: el Gobierno defendió su proyecto y abrió la puerta a una bicameral de seguimiento
La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, expuso ante Diputados y anticipó cambios sobre el control del Consejo de Seguridad Nacional. También rechazó dividir el expediente, mientras la oposición volvió a cuestionar distintos puntos de la iniciativa.
08 de Octubre de 2026 | Primera Plana
La discusión por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional sumó un nuevo capítulo en Diputados, donde el oficialismo llevó como principal expositora a la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy. Durante su presentación, la funcionaria planteó la posibilidad de sumar una herramienta de control parlamentario, aunque dejó en claro que existen aspectos del proyecto sobre los que el Gobierno no está dispuesto a retroceder.
Uno de los anuncios centrales fue la posibilidad de incorporar un artículo destinado a crear una comisión bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad Nacional. La propuesta apareció durante una exposición que se extendió por más de media hora y en la que la funcionaria repasó los principales ejes de la iniciativa oficial.
El plenario que reúne a las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal seguiría el próximo martes 13 de octubre. El objetivo del oficialismo es avanzar con el dictamen para intentar llevar el proyecto a una sesión especial prevista para el miércoles 21, junto con los expedientes sobre Discapacidad, Sobreendeudamiento Familiar y vandalismo rural.
Mientras tanto, el escenario parlamentario sigue marcado por diferencias entre los distintos bloques. Desde Provincias Unidas trabajan en un despacho propio porque no acompañan el contenido comprendido entre los Títulos II y VIII. Para el Título I, en cambio, anticipan que buscarán introducir modificaciones.
En Unión por la Patria mantienen otra postura y vuelven a reclamar que el expediente sea dividido. La propuesta consiste en abordar por separado el régimen especial relacionado con Malvinas y, por otro lado, la reforma integral vinculada con Seguridad, Defensa e Inteligencia.
Durante su exposición, Ibarzabal Murphy hizo referencia al proyecto Sea Lion, el yacimiento petrolero controlado por la firma israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. La funcionaria definió su aparición como un “punto de quiebre” dentro del escenario que atraviesa el Atlántico Sur.
En ese sentido, remarcó que “es fundamental hacer foco porque de no ser exitosos avanzarán otros proyectos y se están explotando recursos hidrocarburíferos y pesqueros”. También puso el acento en “la importancia del Atlántico Sur como espacio de mayor valor estratégico” y lo describió como “la puerta natura a la Antártida y el paso entre Océano Atlántico y el Pacífico”.
Otro tramo de su discurso estuvo dedicado a cuestionar el marco legislativo vigente, establecido por la Ley 26.659, sancionada en 2011. La secretaria de Legal y Técnica sostuvo que la norma “tiene muchas fallas técnicas que hacen compleja la práctica”. A ese planteo sumó otras dos objeciones. Según explicó, la legislación actual “no prevé delitos vinculados a la pesca” y, además, “la ley actual es demasiado vaga”.
Después de desarrollar durante más de 30 minutos los distintos puntos del proyecto, la funcionaria sostuvo que “estos temas de seguridad nacional deben tener la coordinación de los tres poderes”. Fue entonces cuando adelantó la alternativa de incorporar el mecanismo parlamentario de control: “Estamos analizando incorporar la creación de una comisión bicameral de seguimiento del consejo de seguridad nacional”.
Al resumir el espíritu de la iniciativa, María Ibarzabal Murphy la estructuró alrededor de tres objetivos: “Castigar a quienes explotan nuestros recursos de manera ilegal; incentivar el cese de esas conductas; y dotar al Estado nacional para proteger ante las amenazas externas”.
Los cuestionamientos de la oposición
Uno de los primeros diputados en intervenir fue Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, quien expresó su preocupación por el contenido del proyecto. “Estamos claramente preocupados por lo que es una tentación de unanimidad, de militarización y de concentración del poder grave”, sostuvo. El legislador volvió a reclamar la presencia del canciller Pablo Quirno y del ministro de Defensa, Carlos Presti. Además, planteó que las organizaciones de la sociedad civil tengan participación en el debate.
También intervino Agustín Rossi, exministro de Defensa entre 2019 y 2021, quien reiteró sus cuestionamientos al proyecto. Durante una exposición marcada por el tono del intercambio, sostuvo que si la iniciativa avanza en el recinto de la Cámara de Diputados, “Patricia (Bullrich) se lo va a cambiar a esto”.
Al responder las consultas de los legisladores, Ibarzabal Murphy explicó que la propuesta apunta a “lograr las herramientas necesarias que fortalezcan y le den cuerpo a las relaciones diplomáticas para que no queden en palabras”. La funcionaria también se dirigió a los diputados de la oposición dialoguista que reclaman modificaciones y fue tajante respecto de una parte del expediente: “el Título I es vital para nosotros”.
Otro de los puntos que generó consultas fue el supuesto régimen de amnistía contemplado en la iniciativa. Ante esa cuestión, la secretaria de Legal y Técnica aclaró que “el régimen de desistimiento, bajo ningún concepto quiere beneficiar a la ilegítimas licenciatarias que han tenido intervención en las Islas Malvinas”.
Sin embargo, defendió la incorporación de incentivos dentro del esquema propuesto y señaló que “es muy necesario poner incentivos en lugares correctos”. En paralelo, cuestionó el alcance de las sanciones previstas actualmente al considerar que “las inhabilitaciones no generan las consecuencias prácticas que necesitamos”.
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