Transporte público en Pergamino: doce años de gestión y una crisis que se profundiza

09 de Noviembre de 2026 | Sergio Bocanera

El transporte público de Pergamino vuelve a atravesar una crisis. Conflictos salariales, interrupciones del servicio, tarifas elevadas y dificultades financieras forman parte de una realidad que se repite. Pero hay una pregunta que ya no puede eludirse: ¿qué hizo la gestión municipal para resolver estructuralmente este problema durante los últimos doce años?

Gobernar no consiste solamente en intervenir cuando el conflicto estalla. También significa planificar, controlar, anticipar dificultades y rendir cuentas. Después de doce años de continuidad política, no alcanza con atribuir cada crisis a la coyuntura económica o a los problemas de la empresa concesionaria. La responsabilidad de organizar y fiscalizar el transporte público es también del Municipio.

Los números conocidos son preocupantes. Según declaraciones de La Nueva Perla, el servicio demanda entre 250 y 260 millones de pesos mensuales: más de 3.000 millones anualizados. A su vez, el presupuesto municipal de 2026 contempló aproximadamente 577 millones de pesos en subsidios al transporte. Son montos relevantes, pero no conocemos con suficiente claridad pública el costo auditado por pasajero, la recaudación efectiva, los aportes de cada nivel del Estado ni los resultados concretos de ese esfuerzo.

La situación del usuario tampoco puede quedar fuera del análisis. Con la tarifa urbana de referencia de julio de 2026, de $2.726,26, una persona que realiza dos viajes diarios durante 22 jornadas laborales afrontaría casi $120.000 al mes. Es un gasto significativo para muchas familias, especialmente cuando el servicio pierde previsibilidad.

Otro dato exige atención: estimaciones difundidas públicamente indican que los pasajeros diarios habrían caído de alrededor de 10.000 antes de la pandemia a unos 3.000 en 2025. Es una cifra que debe verificarse con registros oficiales, pero que, de confirmarse, revelaría un cambio profundo en la demanda. Y obliga a preguntarnos si los recorridos, horarios y frecuencias actuales siguen siendo adecuados.

El desafío es evaluar si los recorridos, las frecuencias y las unidades disponibles responden a las necesidades reales de trabajadores, estudiantes y adultos mayores. Para hacerlo, es indispensable contar con información confiable sobre la cantidad de pasajeros, los horarios de mayor demanda y los costos de operación. Las decisiones deben surgir de mediciones serias, no de improvisaciones.

Lo más grave es que la emergencia parece haberse convertido en una forma habitual de administrar el servicio. La prórroga del régimen de contingencia hasta fines de 2027 muestra la persistencia de una situación excepcional. Una emergencia puede justificar medidas transitorias; no puede reemplazar durante años a una política pública de transporte.

Por eso considero indispensable una auditoría económica y operativa independiente, con publicación de subsidios efectivamente pagados, cantidad de pasajeros por ramal, kilómetros recorridos, frecuencias cumplidas, estructura de costos y estado de la flota. Los vecinos tienen derecho a saber cuánto cuesta el sistema y qué reciben a cambio.

Con esa información debe elaborarse un Plan Integral de Movilidad y Transporte Público 2027–2031. Hay que revisar recorridos y frecuencias, incorporar controles tecnológicos, evaluar nuevos esquemas de contratación con metas verificables y estudiar alternativas de motorización, incluida la eléctrica, solo cuando exista evidencia de su conveniencia económica y operativa.

Esta transformación debe respetar los derechos de los trabajadores y garantizar la continuidad del servicio. Pero también debe exigir responsabilidades políticas. Después de doce años de gestión municipal, seguir ofreciendo únicamente soluciones de emergencia no es suficiente. Los problemas que se repiten y se agravan también son el resultado de decisiones que no se tomaron a tiempo.

El transporte público debe estar al servicio de los vecinos, no los vecinos al servicio de un sistema que necesita ser rescatado una y otra vez. Pergamino merece un servicio confiable, accesible, transparente y sostenible. Para lograrlo hacen falta menos excusas, más información pública y, sobre todo, decisión de cambiar lo que claramente no está funcionando.

Sergio Bocanera

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