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La Corte Suprema aprobó un protocolo que resuelva los pedidos de prisión domiciliaria por problemas de salud
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) aprobó un protocolo para resolver los pedidos de arresto domiciliario por problemas de salud en cárceles federales. La mirada de los detenidos.
20 de Noviembre de 2026 | Primera Plana
Tras varias presentaciones de habeas corpus de organismos de Derechos Humanos y detenidos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) aprobó -durante los últimos días- un protocolo para resolver los pedidos de arresto domiciliario por problemas de salud en cárceles federales. El documento establece la forma de proceder y la decisión final para otorgar el beneficio de semi libertad es de los jueces.
La aprobación se concretó con las firmas de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Asimismo, establecieron cómo deben evaluarse el estado de salud de cada detenido y la capacidad que tienen los distintos establecimientos penitenciarios para tratarlos. Este lunes se publicó en el Boletín Oficial y fue comunicado a los ministerios de Justicia y de Seguridad, a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y a las Cámaras Penales.
Los estudiantes le enviaron una carta al Papa León XIV, fue le entregada en mano -durante su visita al país- por la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ana Arias, junto al Arzobispo Jorge García Cuerva. Allí los detenidos le contaron al Sumo Pontífice sobre el sistema de tortura permanente en el que viven.
El nuevo protocolo
El nuevo protocolo se aplicará a detenidos enfermos que no puedan recuperarse o hacer el tratamiento de su patología en el establecimiento carcelario. También los detenidos con una enfermedad incurable en período terminal y detenidos con discapacidad cuando el encierro resulte inadecuado por su condición.
Se trata de la Resolución 2867/2026 que fue publicada el pasado 12 de noviembre. Por la cual se aprobó el nuevo “protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento donde están alojados”.
Fue elaborado por el Cuerpo Médico Forense, porque así lo requirió la Corte Suprema en la Acordada 21/2026. Y este lunes se publicó en el Boletín Oficial y fue comunicado a las Cámaras Penales, a los ministerios de Justicia y de Seguridad. También a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.
La nueva medida -previo a otorgar el arresto domiciliario- tiene la misión de constatar los aspectos médicos y penitenciarios que exigen el artículo 10 del Código Penal y en el artículo 32 de la Ley 24.660 de Ejecución de la Penal Privativa de la Libertad. Hecho esto, el juez que tenga la tutela de la persona enferma tiene la decisión final.
El protocolo se aplicará a detenidos -condenados y procesados- que estén alojados en la órbita penitenciaria federal. Además, cualquier profesional de la salud puede aplicarlo con previa autorización del juez competente.
Los requerimientos. Primero, el examen de salud del detenido, con informes médicos, odontológicos y de salud mental. Segundo, que se verifiquen las condiciones de detención y de la capacidad del establecimiento para hacer el tratamiento que necesite la persona detenida.
El protocolo refiere al período terminal. Por ejemplo, “cuando un diagnóstico clínico pronostica la muerte en un plazo aproximado de seis meses”. Y reconoce que “ninguna unidad de la órbita federal cuenta con sala de terapia intensiva, tampoco de cirugía, unidad coronaria ni hemodiálisis. Para eso, las personas detenidas necesitan salir a los hospitales públicos”.
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