El histórico juicio que busca frenar las fumigaciones descontroladas

Luego de una larga espera, la comunidad sostiene sus expectativas ante la posible condena de productores agropecuarios y exmiembros de la administración municipal por contaminación ambiental. El caso representa una intervención sin precedentes por parte de la Justicia Federal en esta materia y pone el resguardo de la salud colectiva por encima del beneficio económico
29 de Abril de 2026 | Primera Plana

El Artículo N° 41 de la Constitución Nacional garantiza el derecho a un ambiente sano y la obligación de recomponer el daño ambiental.

Sin embargo, para los vecinos de los barrios La Guarida, Luar Kayad y Villa Alicia, ese texto legal estuvo muy alejado de su realidad cotidiana.

Durante casi una década, padecieron fumigaciones constantes con agroquímicos en los campos de soja linderos a sus viviendas.

La situación es especialmente sensible debido a que nuestra ciudad es considerada un núcleo neurálgico para el agronegocio en el país, habiendo sido declarada la capital nacional de la semilla a finales de los ‘90 tras la radicación de importantes multinacionales del sector.

En ese contexto, las consecuencias en la salud de la población no tardaron en manifestarse a través de afecciones respiratorias, graves irritaciones en la piel, pérdida de embarazos y patologías oncológicas.

El sufrimiento compartido impulsó a un grupo de mujeres a organizarse en asambleas para buscar respuestas colectivas, dando origen a la agrupación conocida como Madres de Barrios Fumigados.

La persistencia de sus reclamos logró finalmente captar la atención de la justicia, que inició una investigación formal a través del Juzgado Federal de San Nicolás.

Las pericias posteriores confirmaron la presencia de numerosos agroquímicos en las napas de agua y en el suelo, además de certificar científicamente que la exposición a estas sustancias generaba daño genético en los vecinos.

A pesar de las restricciones preventivas impuestas inicialmente por un juez, los testimonios indican que las pulverizaciones continuaron incluso durante el aislamiento por la pandemia, provocando nuevas reacciones alérgicas y dolores agudos en los niños de la zona.

Muchos profesionales médicos de la región evitaron sistemáticamente vincular estos cuadros clínicos con las prácticas del modelo productivo agrícola.

La impunidad que denunciaban los damnificados parece encontrar un límite con el inicio del debate oral y público en la Justicia Federal de Rosario.

El Tribunal a cargo tiene previsto realizar una inspección ocular en el territorio durante los próximos días para verificar las distancias existentes entre las áreas de cultivo y los hogares afectados.

El proceso representa un hito institucional que prioriza la salud pública por encima de los intereses económicos de explotación de la tierra.

 

Para la querella y las familias involucradas, el resultado de este proceso penal no solo busca penalizar a los responsables de la contaminación, sino también establecer un precedente jurídico histórico que sirva para frenar prácticas similares en otras localidades del país y resguardar el bienestar de las futuras generaciones.

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