Ajuste en Defensa: el gobierno recortó $59.600 millones y crece la alarma en las Fuerzas

En plena crisis de la obra social militar y con expectativas por la llegada de nuevos F-16, el Ejecutivo aplicó un recorte de $59.600 millones a las Fuerzas Armadas. La Armada aparece como la más golpeada por la poda, aunque desde el oficialismo buscaron bajar el tono del impacto.
15 de Mayo de 2026 | Data Clave

El Gobierno nacional avanzó con un nuevo ajuste sobre las cuentas públicas y las Fuerzas Armadas quedaron alcanzadas por una poda que, según los primeros cálculos, ronda los $59.600 millones. La medida fue oficializada mediante la Decisión Administrativa 20/2026, que recortó en total unos $2,5 billones del presupuesto estatal.

La reducción llega en un momento delicado para el área de Defensa. La obra social militar atraviesa una crisis que mantiene prácticamente paralizada buena parte de sus prestaciones y, además, para diciembre se espera la llegada del segundo lote de seis aviones de combate F-16, una de las principales apuestas de reequipamiento militar del Gobierno.

De acuerdo a los números incluidos en la decisión administrativa, el Ejército sufrirá una reducción de $12.600 millones. Entre las áreas afectadas aparecen $6.659 millones menos para maquinarias y equipos de producción, $3.000 millones menos para transporte y otros $2.700 millones vinculados a equipamiento militar. Cerca de la conducción de la fuerza insistieron en relativizar el escenario. “Se verán afectados proyectos de inversión en porcentajes mínimos, pero no en el funcionamiento”, señalaron.

La situación más compleja se observa en la Armada, que absorberá el mayor recorte, con una baja estimada en $27.040 millones. Allí aparecen afectados los componentes de alistamiento operacional, entre ellos el proyecto de helicópteros navales livianos, que perderá $10.600 millones, además de otros $2.300 millones en mantenimiento. A eso se suma otro ajuste de $11.820 millones en áreas de sanidad naval, con impacto sobre bienes de consumo y servicios técnicos profesionales.

La Fuerza Aérea tampoco quedó afuera del ajuste. Tendrá un recorte de $16.500 millones, principalmente sobre partidas de equipamiento militar y de seguridad, que perderán $14.000 millones, además de $2.500 millones menos destinados a mantenimiento.

En paralelo, el Estado Mayor Conjunto verá reducidas sus partidas en $3.762 millones. Parte del ajuste impactará sobre el planeamiento militar, con menos fondos para maquinaria y sistemas de comunicación. También habrá una baja de $1.962 millones para la campaña logística antártica, especialmente en combustible, lubricantes y productos químicos. Aunque en ese mismo esquema se agregó un refuerzo de $742 millones para tareas de mantenimiento y reparaciones.

La poda también alcanzó directamente al Ministerio de Defensa. El área vinculada al mantenimiento, producción y soporte logístico, donde se incluye el Fondo Nacional de la Defensa creado durante la gestión de Agustín Rossi, perderá $3.300 millones. Además, habrá otros $1.700 millones menos para los servicios de Hidrografía.

Fuera de la estructura militar, el ajuste alcanzó al Plan Antártico administrado por Cancillería, que tendrá $46 millones menos, y también a las acciones diplomáticas ligadas a la Cuestión Malvinas, que sufrirán una reducción de $14,3 millones.

El general retirado Oscar Armanelli, ex jefe del Regimiento de Granaderos y ex director de la Escuela de Guerra, advirtió sobre la tensión creciente entre las reformas impulsadas por el Gobierno y la falta de recursos. “Compromete la capacidad de abastecimiento y la proyección de soberanía efectiva en un área de creciente interés global”, sostuvo sobre el recorte en logística antártica.

El militar consideró que el ajuste sobre la presencia argentina en la Antártida es uno de los puntos más delicados del esquema. “Es quizás el más sensible desde el punto de vista geopolítico, dado que representa un ajuste sobre un área en la cual la presencia del Estado no es opcional”, alertó.

La decisión se conoció apenas semanas después de que el presidente Javier Milei firmara el decreto 314/2026, mediante el cual habilitó destinar el 10% de lo recaudado por privatizaciones al reequipamiento militar. Sin embargo, dentro del propio ámbito castrense ya aparecen cuestionamientos sobre esa vía de financiamiento, a la que describen como “aleatoria e insuficiente” por no garantizar recursos permanentes.

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