Mujeres endeudadas para abortar: alerta por el vaciamiento de salud sexual en el país

Amnistía Internacional presentó un informe en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y advirtió un fuerte deterioro en el acceso al aborto en Argentina. La organización registró un aumento de más del 300% en consultas y denuncias por obstáculos, en medio de faltantes de medicamentos, desfinanciamiento y mayores desigualdades entre provincias.
28 de Mayo de 2026 | Primera Plana

En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, Amnistía Internacional Argentina difundió un nuevo informe titulado “El costo de la retirada: barreras, endeudamiento y desigualdad en el acceso al aborto en Argentina”, donde expuso un escenario marcado por faltantes de insumos, demoras y crecientes dificultades para acceder a la interrupción del embarazo en el sistema público de salud.

El relevamiento advirtió que la retracción del Estado nacional en políticas de salud sexual y reproductiva no solo profundizó problemas que ya existían, sino que además generó nuevas formas de exclusión que trasladan el costo del acceso a las propias mujeres y personas gestantes. Según detalló la organización, el impacto golpea con más fuerza a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Entre los datos más preocupantes, el informe registró un aumento de más del 300% en las consultas y denuncias recibidas a través del formulario online de Amnistía Internacional por obstáculos vinculados al acceso al aborto respecto del año anterior. La entidad aclaró que no se trata de cifras representativas a nivel nacional, aunque remarcó que, frente a la ausencia de datos oficiales y la “opacidad estatal”, permiten dimensionar el agravamiento de las barreras.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, apuntó contra el retiro de la Nación en el financiamiento y coordinación de estas políticas. “En un país con profundas desigualdades territoriales, donde las provincias ya financian más del 75% del gasto en salud, trasladarles de manera exclusiva la responsabilidad por la compra de insumos y el sostenimiento de políticas de salud sexual y reproductiva, sin transferencia de recursos, profundiza las brechas existentes”, sostuvo.

En la misma línea, agregó: “El sistema de compras centralizadas permitía reducir costos, planificar la provisión y procurar un piso equitativo de acceso a derechos en todo el país. Cuando ese acceso queda sujeto a la capacidad de cada jurisdicción, las mujeres y personas gestantes en situación de mayor vulnerabilidad quedan más expuestas a abortos inseguros y a riesgos para su salud y su vida”.

El informe también reveló que más de la mitad de las provincias reportaron falta de misoprostol, mientras que casi todas registraron desabastecimiento de mifepristona, dos medicamentos clave para garantizar abortos seguros. Además, el propio Estado nacional informó que durante 2025 se registraron 191 secuencias de llamados a la línea 0800 de salud sexual por faltantes de insumos.

Aunque algunas jurisdicciones intentaron cubrir la demanda con fondos propios, muchas reconocieron que no cuentan con capacidad suficiente para sostener una provisión regular. En ese contexto, mujeres y personas gestantes comenzaron a recibir en hospitales y centros de salud la indicación de comprar la medicación por cuenta propia, con costos que pueden llegar a los $300.000.

El trabajo de Amnistía Internacional señaló incluso que algunas personas evaluaron sacar préstamos o endeudarse para acceder a una práctica que debería ser gratuita. Al mismo tiempo, la falta de medicamentos empezó a generar más presión sobre hospitales de mayor complejidad, mientras se deteriora la capacidad de respuesta en el primer nivel de atención.

La organización indicó que recibió casos de faltantes en distintos puntos del país, aunque destacó especialmente la situación de Salta. Allí se repitió un mismo patrón: mujeres y personas gestantes que acudían al sistema público eran notificadas de que no había medicación disponible y que debían conseguirla por sus propios medios. Según el informe, casi el 50% de las secuencias registradas en la línea 0800 por faltante de insumos correspondieron a esa provincia.

El documento también puso el foco en niñas, adolescentes y jóvenes. Durante 2025, la organización registró 69 consultas de personas de entre 14 y 19 años vinculadas con barreras para acceder al aborto, una suba del 306% frente al año anterior. El 80% de quienes se contactaron aseguraron no saber cómo ni dónde acceder a una interrupción del embarazo.

Según Amnistía Internacional, esto ocurre en paralelo con el desmantelamiento y desfinanciamiento del Plan ENIA, una política pública orientada a prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia. El informe advirtió que la falta de información, anticonceptivos, educación sexual integral y circuitos claros de atención deja a niñas y adolescentes más expuestas a situaciones de violencia, continuidad forzada de embarazos e interrupción de sus proyectos de vida.

En los casos más graves, especialmente entre niñas más jóvenes, la organización registró situaciones atravesadas por violencia o abuso donde la ausencia de respuestas rápidas y acompañamiento estatal incrementó los riesgos.

Otro de los puntos señalados en el informe fue la situación del Hospital Materno Infantil de San Isidro, donde Amnistía Internacional relevó testimonios que describen un posible circuito de obstrucción en el acceso al aborto. Entre las prácticas denunciadas aparecen exigencias no previstas por la ley, derivaciones indebidas a psicólogos, instancias de reconfirmación del consentimiento y comentarios moralizantes.

A eso se sumó una investigación periodística de CNN publicada en abril de 2026, que reveló la presunta existencia de un protocolo interno en hospitales del municipio con requisitos y derivaciones incompatibles con la Ley 27.610. Frente a esa situación, Amnistía Internacional realizó una presentación judicial para acceder a información oficial sobre el funcionamiento de ese mecanismo.

Según detalló la organización, a fines de la semana pasada la existencia del protocolo fue confirmada dentro del expediente judicial. Para la entidad, ese reconocimiento cambió el eje de la discusión, ya que dejó de tratarse de prácticas aisladas y pasó a ponerse bajo análisis una presunta directiva institucional vinculada con la atención de solicitudes de aborto.

El informe también remarcó que la principal barrera sigue siendo la falta de información. El 60% de las personas que se contactaron con Amnistía Internacional afirmó no saber cómo ni dónde acceder a la práctica. Además, la línea 0800 de salud sexual del Ministerio de Salud, que en muchas provincias funciona como único canal oficial, presenta dificultades de acceso y respuestas tardías.

Desde la organización sostuvieron que la ausencia de información clara y oportuna genera más demoras y derivaciones innecesarias en una práctica donde el paso del tiempo resulta determinante. Frente a este panorama, Amnistía Internacional reclamó al Estado argentino que retome su rol rector en política sanitaria, garantice insumos esenciales en todo el país y asegure condiciones de acceso equitativas, con atención oportuna y respeto por la autonomía de las personas.

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