El Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos” de MuMaLá registró una alarmante cifra de 127 femicidios en el territorio argentino entre el 1 de enero y el 29 de junio de 2026. Esto equivale a una muerte violenta cada 40 horas, una cifra similar al primer semestre del año pasado y que vuelve a encender todas las alarmas.

De acuerdo al informe, en los primeros seis meses del año se registraron 94 femicidios directos, 10 vinculados (8 niños/varones y 2 niñas/mujeres), 4 trans/travesticidios, 12 feminicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado, y 7 suicidios feminicidas.

Sin embargo, hay otro dato alarmante y que llevó al movimiento feminista a hacer un llamado urgente a la emergencia nacional: se relevaron 486 casos en grado de tentativa, lo que representa 3,8 intentos por cada femicidio consumado.

Asimismo, un total de 92 niños, niñas y adolescentes perdieron a sus madres debido a estos crímenes. Y en ese sentido recordaron el caso de la localidad General Lagos, Santa Fe, donde Horacio Colombo asesinó a sus hijos de 10 y 4 años para ocasionarle un daño irreparable a su ex pareja y madre de esos niños.

En lo que respecta a los datos provinciales, Santiago del Estero (1,3), Santa Fe (1,2), San Luis (1,1) y Chubut (1) encabezan las tasas más altas del país por cada 100.000 mujeres, superando la media nacional de 0,5.

Femicidios: el hogar como el lugar más inseguro

El 67% de los femicidios, se informó, se cometieron en la vivienda de la víctima o en la compartida. Además, seis de cada diez agresores fueron parejas, exparejas o familiares.

Otro dato importante tiene que ver con las denuncias de las mujeres y el accionar judicial. Aunque el 9% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor, el 75% de ellas ya contaba con una orden de restricción o perimetral que no logró salvar sus vidas.

Frente a la vulnerabilidad extrema y el desamparo institucional, la vocera nacional de MuMaLá, Victoria Aguirre, exigió al Gobierno nacional la declaración de Emergencia Nacional en Violencias de Género. “Esta medida es fundamental para restituir de manera prioritaria los recursos humanos y económicos indispensables para garantizar una atención integral y eficaz a las mujeres y al colectivo LGTBIQ+”, dijo.