Escándalo intermunicipal: el camión municipal que desata sospechas y silencio en San Antonio de Areco

Dos Concejos Deliberantes exigen respuestas sobre el uso irregular de un vehículo oficial que formaba parte de una millonaria licitación pública. A más de un mes de aprobados los pedidos de informe, los intendentes locales siguen sin dar explicaciones.
13 de Julio de 2026 | Primera Plana

Una trama de silencio administrativo, sospechas políticas y falta de transparencia mantiene en vilo a las localidades bonaerenses de San Antonio de Areco y Pergamino. Lo que comenzó como el avistamiento de un camión compactador de basura fuera de su jurisdicción se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza legislativo para los departamentos ejecutivos de ambos municipios, que hasta el momento han optado por el mutismo absoluto.

El inicio del conflicto: San Antonio de Areco exige papeles

El pasado 11 de junio de 2026, el Concejo Deliberante de San Antonio de Areco aprobó de forma unánime la Resolución N.º 021/2026 (posteriormente publicada en el Boletín Oficial Municipal N.º 685/2026). A través de este instrumento, el cuerpo legislativo le otorgó un plazo perentorio de diez días hábiles al Ejecutivo local para brindar precisiones sobre la llamativa utilización de un camión compactador perteneciente a la Municipalidad de Pergamino en las calles arequeras.

Las preguntas de los concejales apuntan a la médula de la legalidad administrativa: ¿Existe un convenio bilateral, contrato o préstamo entre ambos municipios?, ¿Quién autorizó el uso de la maquinaria y bajo la órbita de qué área operó?, ¿Contaba el vehículo con el seguro obligatorio y la habilitación correspondiente para prestar servicios fuera de su partido de origen?.

Transcurrido holgadamente el plazo legal, fuentes legislativas confirmaron a Bosco Producciones que la respuesta oficial jamás llegó, dejando las dudas en un peligroso limbo institucional.

La onda expansiva llega a Pergamino

El misterio del camión no tardó en cruzar las fronteras distritales. En Pergamino, el destino del vehículo generó un revuelo inmediato en el plano político local. El concejal y presidente del interbloque de Fuerza Patria, Nicolás Cabrera, encendió las alarmas a través de sus canales públicos al recordar que ese mismo vehículo integra un proceso de venta pública.

El Concejo Deliberante pergaminense ya había autorizado la enajenación de la flota de camiones compactadores municipales mediante una licitación pública que supera los 600 millones de pesos. "La pregunta que nos hacemos es clara: ¿Por qué un patrimonio municipal que está en pleno proceso de privatización y venta termina prestando servicios en otro distrito sin que existan explicaciones públicas ni contratos transparentes?", cuestionan desde la oposición pergaminense.

Un vacío legal que genera suspicacias

A más de un mes de los primeros reclamos, la falta de una hoja de ruta administrativa que justifique el traslado y operatividad del vehículo abre la puerta a graves sospechas de irregularidad. De no existir un convenio formal, ambas gestiones podrían enfrentarse a problemas legales vinculados al desvío de recursos públicos, la desprotección civil en caso de siniestros viales y la falta de rendición de cuentas sobre los costos operativos (combustible, personal y mantenimiento).

Por el momento, los interrogantes siguen abiertos y las respuestas oficiales brillan por su ausencia. El periodismo de investigación local ya trabaja en la reconstrucción de los expedientes para determinar bajo qué figura jurídica se movió el camión, en un caso que amenaza con escalar a la justicia ordinaria si los intendentes no rompen el silencio.

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