El texto continúa: “Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”.

El texto del decreto

De este modo, a partir de la entrada en vigencia de la norma no podrán ingresar ni permanecer en la Argentina “quienes hayan emitido mensajes de odio de forma oral o escrita, incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por razones de nacionalidad, participado en actos de ultraje a los símbolos patrios nacionales o promovido cualquiera de esas conductas”.

El decreto también modifica el artículo 63 de la ley para establecer que, cuando la residencia sea cancelada por estos motivos, la autoridad migratoria podrá intimar al extranjero a abandonar el país dentro del plazo que se determine o disponer su expulsión, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso.

Fundamentos

En los fundamentos de la medida, el Poder Ejecutivo sostiene que, si bien la Argentina mantiene una histórica tradición de apertura hacia los inmigrantes, el Estado “conserva la potestad soberana de establecer las condiciones de admisión y permanencia de extranjeros con el objetivo de proteger el orden público, la seguridad interior y la convivencia social”.

El texto oficial comenta además que “en los últimos tiempos se registró un incremento de mensajes de odio y actos de hostilidad dirigidos contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional”, una situación que, según el Gobierno, “justifica reforzar las herramientas legales para impedir el ingreso o disponer la expulsión de quienes incurran en esas conductas”.

Y como los símbolos patrios representan la soberanía y los valores fundamentales de la Nación, merecen una protección jurídica especial frente a actos de ultraje.

Disenso ideológico

El decreto aclara que las nuevas restricciones no alcanzarán a las expresiones de disenso ideológico ni a la crítica política, académica o ciudadana cuando constituyan “un ejercicio legítimo de los derechos consagrados por la Constitución Nacional”.

El Ejecutivo argumenta que la medida reglamenta el ejercicio de la libertad de expresión y cita como respaldo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que admite restricciones frente a la apología del odio y la incitación a la violencia.