El uso y la administración del Fondo Educativo volvieron a ubicarse en el centro de la discusión política y laboral local. Concejales de la oposición e integrantes de gremios docentes manifestaron su preocupación por el destino de las partidas y exigieron formalmente que el Municipio presente un informe detallado sobre la ejecución del dinero, en un contexto en el que se confirmó el ingreso de más de $ 2.500 millones a las arcas locales.

La postura busca poner el foco en la necesidad de transparentar las cuentas públicas referidas a la educación, garantizando que cada peso recibido responda a las necesidades prioritarias del sistema escolar.

Un reclamo por la transparencia y el control comunitario

Bernardo Fiore Pitrelli, presidente de la comisión de Cultura del Concejo Deliberante, remarcó la trascendencia de las sumas involucradas y el impacto que deberían generar en las aulas: “Estamos hablando de un monto muy importante que tiene como objetivo mejorar la educación, la infraestructura y las condiciones de aprendizaje. Por eso creemos fundamental que todos los actores puedan conocer cómo se están utilizando esos fondos.”

Más allá del acceso a las planillas presupuestarias, desde el bloque legislativo y los sindicatos docentes insistieron en la importancia de crear espacios de fiscalización abierta donde directivos, maestros y familias puedan hacer un seguimiento real de los recursos.

• Infraestructura prioritaria: Garantizar que el dinero se vuelque directamente a refacciones físicas y equipamiento en los establecimientos con mayores carencias.

• Mecanismos de control: Implementar instancias de participación ciudadana y comunitaria que permitan auditar las obras y compras realizadas.

“Proponemos que haya una instancia donde la comunidad educativa pueda involucrarse y tener claridad sobre el destino del dinero. No se trata solo de números, sino de decisiones que impactan directamente en las escuelas y en los estudiantes”, concluyó el edil.