Mientras el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró que el Gobierno nacional podrá avanzar en el Congreso con una reforma electoral que contemple la eliminación o suspensión de las PASO, desde la administración de Axel Kicillof exigieron mantenerlas y calificaron de “ilegal” querer avanzar con cambios a menos de un año de las elecciones.

En pleno debate sobre las intenciones de la gestión libertaria de eliminar o suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dijo que ese cambio de reglas es “un delito” y que en el fondo lo que busca es evitar que la oposición se organice para disputarle la presidencia a Milei.

“Quieren evitar que la oposición se organice para que Milei sea reelecto”, sostuvo en conferencia de prensa Bianco, quien denunció que desde el Gobierno nacional lo han dicho de “manera descarada” que quieren voltear las PASO para que la oposición no se pueda organizar.

En este contexto, destacó que una reforma concebida para facilitar el triunfo de una fuerza política no tiene justificación institucional. “Eso está mal, es ilegal, es un delito. Manipular el sistema electoral para que reelija o gane una determinada fuerza política. Si modificás el sistema electoral tiene que ver con que sea más transparente, más económico, más eficaz”, agregó. Y destacó, como una forma de mensaje interno, que hay un compromiso de gobernadores peronistas de no modificar el sistema actual.

Las PASO y la Boleta Única Papel

Bianco vinculó la iniciativa con otros cambios promovidos durante la gestión libertaria, entre ellos la implementación de la Boleta Única Papel y los proyectos sobre el funcionamiento de los partidos políticos. “No se puede modificar el sistema solo para ganar una elección”, dijo.

En ese sentido, afirmó que el sistema electoral argentino no presentaba un reclamo que exigiera una reforma de esta magnitud y defendió la experiencia de las elecciones bonaerenses del año pasado. Según sus datos, en esos comicios se emitieron más de 8,6 millones de votos y se registraron 11 infracciones a la legislación electoral.

También cuestionó el argumento económico utilizado por el oficialismo para avanzar con cambios en el mecanismo de votación. Dijo que la organización de la elección bonaerense tuvo un costo de $85.000 millones y aseguró que la proyección de una votación nacional con Boleta Única Papel duplicaría ese monto para el distrito.